El alivio económico que muchos venezolanos esperaban tras la salida de Nicolás Maduro del poder aún no se refleja en la vida cotidiana. Cinco meses después de la operación militar estadounidense del 3 de enero, el país sigue marcado por la devaluación, la inflación, los bajos ingresos y una creciente incertidumbre política bajo la conducción de Delcy Rodríguez.
Aunque Washington flexibilizó sanciones y el Gobierno de transición anunció acuerdos en áreas como petróleo, minería y deuda externa, testimonios recogidos por EFE muestran que esos movimientos todavía no se traducen en mayor bienestar para trabajadores, pensionados y familias.
Alivio económico sigue ausente en los hogares venezolanos
La economía venezolana atraviesa una etapa de contrastes. Por un lado, el Gobierno de Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de apertura, regreso a organismos multilaterales y oportunidades para inversionistas. Por otro, en las calles de Caracas y otras ciudades, los ciudadanos describen una realidad marcada por precios que suben con rapidez y salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
La brecha entre los anuncios oficiales y el bolsillo de la gente aparece como el principal punto de tensión. Según el texto base, la canasta alimentaria supera los 700 dólares mensuales, mientras pensionados y trabajadores activos reciben bonificaciones de 70 y 240 dólares, respectivamente, de acuerdo con el anuncio realizado por Rodríguez a finales de abril. Esa diferencia explica por qué las protestas salariales se repiten cada semana y por qué sectores populares sienten que la transición política no ha cambiado sus condiciones materiales.
La devaluación también golpea la percepción ciudadana. En los primeros cinco meses del año, la moneda nacional perdió 45 % de su valor, una cifra que supera con amplitud la depreciación de 8 % registrada durante todo 2025, según los datos citados por EFE. Hasta abril, el país acumulaba una inflación de 90 %, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo y obliga a muchas familias a reorganizar sus gastos casi a diario.
El jubilado Luis Laguado, de 79 años, resume el malestar de quienes esperaban un cambio más tangible. Durante una protesta por pensiones dignas, afirmó que el pueblo todavía no ha alcanzado plenamente ni su libertad ni su democracia. Su testimonio refleja una sensación extendida: la salida de Maduro alteró la conducción política, pero no resolvió la precariedad salarial ni la crisis de servicios.
El vendedor de café Ronny Oropeza expresó una lectura similar. A su juicio, la situación económica ha empeorado porque el dólar continúa en alza. También cuestionó las declaraciones optimistas del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que la operación trajo alegría a los venezolanos. Para Oropeza, esa apreciación no coincide con la realidad de quienes trabajan en la calle y enfrentan aumentos constantes en alimentos, transporte y servicios básicos.
Gobierno de transición enfrenta reclamos sociales y límites políticos
La administración de Delcy Rodríguez intenta sostener una narrativa de estabilización, pero el descontento social marca el ritmo político del país. La flexibilización de sanciones permitió abrir negociaciones petroleras y mineras, además de avanzar en el retorno de Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esos movimientos avanzan en un plano institucional que todavía parece distante de la vida diaria de la población.
El problema no solo pasa por la economía. También crece la pregunta sobre las libertades, la democracia y el futuro del sistema político. Para varios ciudadanos consultados por EFE, el Gobierno de transición favorece intereses externos y aún no garantiza una apertura real. Esa percepción puede erosionar la legitimidad de Rodríguez si las medidas económicas no logran resultados rápidos o si el debate electoral sigue bloqueado.
La oposición y distintos sectores sociales insisten en que el país necesita elecciones. El reclamo se apoya en la discusión constitucional sobre la ausencia presidencial. El artículo 234 de la Constitución venezolana establece que las faltas temporales del Presidente pueden ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por otro período similar; si la falta temporal supera los 90 días consecutivos, el Parlamento debe decidir si corresponde considerarla falta absoluta.
Ese punto alimenta la presión sobre el Legislativo, controlado por el chavismo. Según el texto base, la Asamblea Nacional no ha dado una respuesta clara, mientras el Tribunal Supremo de Justicia avaló la continuidad de Rodríguez y evitó fijar plazos electorales. Esa falta de definición mantiene al país en una zona institucional incierta, en la que el Gobierno administra el poder, pero la ciudadanía sigue sin conocer cuándo podrá votar.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia plantearon una negociación política con el Gobierno de Rodríguez, bajo acompañamiento de Estados Unidos, para avanzar hacia elecciones. La propuesta intenta convertir el vacío político en una ruta pactada, aunque muchos venezolanos miran con cautela cualquier nuevo diálogo. Oropeza recordó experiencias anteriores de negociación y advirtió que la gente no quiere repetir procesos que terminen sin resultados concretos.
Elecciones, memoria chavista y expectativas de cambio
Cinco meses después de la captura de Maduro, su figura parece perder presencia en la agenda oficial, aunque no desaparece del imaginario chavista. En sectores de base todavía circulan afiches, conversaciones y mensajes que lo reivindican como presidente. Alexander Harrington, trabajador de la Alcaldía de Caracas, afirmó que algunas personas se preguntan por qué permitieron que se lo llevaran. Su comentario revela que el chavismo conserva una memoria política activa, incluso cuando el Gobierno actual intenta concentrarse en acuerdos económicos y relaciones exteriores.
Harrington también reconoce que la situación económica resulta compleja. Habla de un supuesto auge de negocios, pero admite que ese movimiento no coincide con el bolsillo de la mayoría. Esa contradicción atraviesa buena parte del momento venezolano: algunos indicadores pueden mostrar apertura o dinamismo, pero los ingresos familiares siguen lejos del costo real de vida.
El papel de Estados Unidos añade otra capa de incertidumbre. Para algunos ciudadanos, Washington ayudó a sacar a Maduro del poder, pero no garantiza prosperidad. Harrington lo expresó con claridad al señalar que resulta equivocado pensar que el Gobierno norteamericano traerá bienestar automático a Venezuela. Esa frase resume una preocupación transversal: la transición puede abrir puertas externas, pero el cambio real dependerá de instituciones, salarios, servicios y participación ciudadana.
La presión social continuará mientras el Gobierno no responda a tres preguntas centrales. La primera apunta al ingreso: cómo mejorar salarios, pensiones y bonificaciones en un país donde los precios se mueven mucho más rápido que los anuncios oficiales. La segunda se relaciona con la política: cuándo y bajo qué condiciones habrá elecciones. La tercera toca la legitimidad: si Delcy Rodríguez gobernará como figura temporal o si el chavismo intentará prolongar el control del poder mediante interpretaciones judiciales y silencio parlamentario.
La situación venezolana entra así en una etapa decisiva. La salida de Maduro produjo un quiebre histórico, pero no generó automáticamente alivio económico, apertura democrática ni certezas institucionales. En la calle, la expectativa inicial convive con frustración, temor y cansancio. Para muchos ciudadanos, la transición solo tendrá sentido si mejora el costo de vida, garantiza libertades y conduce a elecciones capaces de devolverle al país una ruta política clara.
Con información de EFE
