Un nuevo CNE podría convertirse en el punto de partida de una eventual reconstrucción del sistema político venezolano, pero el cambio de autoridades electorales no bastaría para garantizar una transición democrática ni unas elecciones reconocidas por todos los sectores.
El debate planteado en una nueva edición de Mapas de Poder, de El Pitazo, sostiene que Venezuela necesitaría acordar reglas, instituciones, mecanismos de auditoría y garantías que permitan que el voto vuelva a determinar quién gobierna el país. La discusión abarcaría también al Tribunal Supremo de Justicia, el sistema automatizado, el Plan República, el Registro Electoral, las organizaciones políticas y posibles reformas constitucionales.
Nuevo CNE abriría la discusión sobre el árbitro, la tecnología y las garantías electorales
El debate político actual se desarrolla mientras continúa el retraso en la instalación de una mesa de negociación entre representantes del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015. Hasta ahora, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera habrían sostenido una conversación telefónica, intercambiado las listas de sus respectivas delegaciones y acordado una reunión presencial en Caracas.
Sin embargo, las partes todavía no han informado públicamente las razones que impiden iniciar el encuentro. Esa demora mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance de una eventual negociación y los puntos que podrían formar parte de la agenda.
Fuentes consultadas por El Pitazo consideran que el proceso no debería limitarse a fijar la fecha de unas elecciones. Antes de convocar a los ciudadanos, los actores tendrían que definir las condiciones institucionales que regirían la competencia política, el registro de votantes, las postulaciones, las auditorías, la observación y la proclamación de resultados.
En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral ocuparía uno de los primeros lugares de la discusión. El organismo administra el Registro Electoral, autoriza candidatos, organiza los centros de votación, acredita observadores, coordina las revisiones técnicas y anuncia los resultados oficiales.
La renovación del Poder Electoral, por lo tanto, no consistiría únicamente en sustituir a sus rectores. También obligaría a revisar el funcionamiento completo de una institución que concentra responsabilidades decisivas durante cada elección.
Durante la reportería de Mapas de Poder surgieron dos propuestas sobre el futuro del organismo. Humberto Rojas y Alberto Fernández, miembros de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, plantean crear un CNE ad hoc. Esta autoridad temporal asumiría la organización de los primeros comicios de una eventual transición y dejaría paso posteriormente a un ente permanente.
Otra fuente consultada por El Pitazo, que solicitó mantener su identidad en reserva, propone designar desde el comienzo un nuevo CNE estable. Esta alternativa conservaría parte de la estructura técnica existente, pero reemplazaría a las autoridades cuya permanencia pueda debilitar la credibilidad del organismo.
Aunque parten de fórmulas diferentes, ambas propuestas coinciden en un objetivo: construir un árbitro que reciba el reconocimiento del oficialismo, la oposición, los votantes y los observadores nacionales e internacionales.
Sin ese consenso, cualquier convocatoria electoral podría comenzar rodeada de cuestionamientos y reproducir las disputas que han marcado procesos anteriores.
La reconstrucción institucional también alcanzaría al TSJ, al Plan República y al sistema automatizado
La discusión sobre el Poder Electoral incluiría el futuro del sistema automatizado de votación y de la plataforma tecnológica que se utiliza durante las jornadas. Las partes tendrían que acordar auditorías independientes, mecanismos de verificación y condiciones que permitan revisar cada fase del proceso.
Dentro de esa infraestructura aparece Eclec, una firma argentina vinculada con operaciones tecnológicas del Estado venezolano. Investigaciones periodísticas han señalado sus relaciones con Jorge Rodríguez, mientras la empresa también participa en áreas como la cedulación y la emisión de pasaportes.
La presencia de compañías relacionadas con actores políticos puede convertirse en un punto sensible dentro de una negociación. Por esa razón, cualquier acuerdo tendría que aclarar quién controla la tecnología, cómo se audita y qué garantías tendrán los participantes para verificar su funcionamiento.
El papel del Plan República también entraría en revisión. Este despliegue militar resguarda centros, materiales y equipos electorales, pero una transición exigiría que todos los actores perciban su participación como una garantía y no como un elemento de presión.
Las delegaciones tendrían que establecer límites operativos claros, protocolos de actuación y mecanismos de supervisión para evitar interferencias durante la jornada.
El posible relevo de Elvis Amoroso también forma parte del debate. Fuentes consultadas por El Pitazo aseguran que desde enero existe una solicitud para preparar su salida de la presidencia del CNE. Sin embargo, el cambio no se habría concretado porque dependería de una reorganización institucional más amplia.
Esa transformación alcanzaría igualmente al Tribunal Supremo de Justicia. Mientras el CNE organiza los procesos, el TSJ atiende los conflictos, impugnaciones y recursos vinculados con ellos. Por esa razón, renovar el árbitro sin revisar la instancia judicial dejaría incompleto el rediseño institucional.
Una elección necesita autoridades electorales confiables, pero también tribunales capaces de resolver controversias con independencia. Si uno de estos componentes carece de legitimidad, el proceso completo queda expuesto a acusaciones, desconocimiento de resultados y nuevas crisis.
Las fuentes también plantean la posibilidad de una reforma constitucional. Entre las propuestas aparece la incorporación de una segunda vuelta presidencial, mecanismo que obligaría a un candidato a obtener una mayoría suficiente o competir nuevamente frente al aspirante con el segundo mayor respaldo.
Otra idea contempla el retorno de un Congreso bicameral integrado por un Senado y una Cámara de Diputados. Sus promotores consideran que este sistema ampliaría la representación política y establecería nuevos contrapesos dentro del Poder Legislativo.
Sin embargo, cualquier modificación constitucional requeriría un acuerdo amplio y un procedimiento legítimo. Introducir reformas sin consenso podría trasladar las disputas actuales hacia un nuevo terreno en lugar de resolverlas.
Venezuela necesitaría cerca de un año para organizar una elección con nuevas reglas
Aunque las partes alcanzaran un acuerdo político en poco tiempo, Venezuela no podría organizar inmediatamente una elección nacional con garantías completas.
Antes de convocarla, el CNE tendría que actualizar el Registro Electoral, incorporar a millones de venezolanos que viven en el exterior y definir mecanismos para que puedan inscribirse o modificar sus datos.
El desplazamiento de una parte importante de la población durante los últimos años convirtió el voto en el extranjero en uno de los retos más complejos. La falta de consulados operativos en algunos países, los requisitos administrativos y las limitaciones logísticas dificultan la participación de ciudadanos fuera del territorio nacional.
El proceso también tendría que resolver la situación jurídica de partidos políticos intervenidos, suspendidos o sometidos a disputas internas. Sin organizaciones capaces de seleccionar candidatos y participar libremente, la competencia electoral no reflejaría de manera completa la diversidad política del país.
Las inhabilitaciones constituyen otro punto obligatorio de la agenda. Las partes necesitarían definir qué candidatos podrán postularse, bajo qué criterios se revisarán las restricciones y cuáles instituciones tendrán la última palabra.
Después de resolver estos asuntos, el nuevo árbitro tendría que diseñar un cronograma, organizar auditorías independientes, acreditar observadores, capacitar al personal y preparar los centros de votación.
La observación nacional e internacional tendría especial importancia para recuperar la confianza. Los acompañantes necesitarían acceso a todas las fases, desde la actualización del registro hasta la revisión de los resultados.
También sería necesario establecer mecanismos de información pública que permitan a los electores conocer los cambios, verificar sus datos y entender las nuevas reglas.
Fuentes consultadas por El Pitazo estiman que, incluso bajo condiciones favorables, Venezuela difícilmente podría realizar una consulta nacional antes de aproximadamente un año. Ese lapso respondería a los procedimientos técnicos, administrativos y políticos necesarios para organizar una elección creíble.
La fecha, por lo tanto, no sería el punto de partida, sino el resultado final de una serie de acuerdos previos.
El reto de una eventual transición consistiría en reconstruir instituciones que permitan competir, votar, auditar, impugnar y reconocer resultados sin que cada etapa termine bajo sospecha.
Un nuevo CNE representaría una señal importante, pero no resolvería por sí solo la crisis del sistema político. Venezuela también necesitaría normas claras, tribunales con legitimidad, tecnología verificable, Fuerzas Armadas sujetas a límites precisos, partidos habilitados y un Registro Electoral adaptado a la realidad de su población.
La reconstrucción institucional comenzaría cuando los actores logren acordar esas condiciones y acepten que el poder debe depender nuevamente de la voluntad expresada por los ciudadanos. Solo entonces una convocatoria electoral tendría la capacidad de convertirse en una solución política y no en el inicio de una nueva disputa.
Con información de El Pitazo
