Los fallecidos por los terremotos en Venezuela ascendieron a 6.125, después de que las autoridades incorporaran 579 nuevas muertes al balance difundido este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra representa la primera actualización desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el 24 de junio.
El nuevo informe también indica que 60.992 personas recibieron atención hospitalaria, aunque modifica el formato utilizado anteriormente y deja fuera datos sobre heridos, damnificados, desaparecidos y edificios colapsados. En su lugar, concentra la información en la etapa de reconstrucción, con cifras sobre viviendas evaluadas, inmuebles entregados y toneladas de escombros retiradas.
Fallecidos por los terremotos en Venezuela aumentan tras más de una semana sin actualización
El nuevo balance oficial elevó el número de víctimas mortales de 5.546 a 6.125, lo que supone un incremento de 579 fallecidos frente al reporte anterior.
Las autoridades no divulgaban una nueva cifra desde el 24 de julio. Durante ese período, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles y comunidades afectadas reclamaron mayor claridad sobre la evolución de las labores de rescate, identificación y recuperación de cuerpos.
Jorge Rodríguez publicó el informe bajo el formato de “boletín informativo semanal” correspondiente a la etapa de reconstrucción. El documento presenta una estructura diferente a los balances divulgados durante las primeras semanas posteriores al desastre.
La información mantiene el número de fallecidos como uno de los datos principales y señala que 60.992 personas han recibido atención en hospitales. Sin embargo, no precisa cuántas continúan internadas, cuántas sufrieron lesiones graves ni cuántas requieren tratamientos prolongados.
Tampoco incluye una cifra actualizada de heridos, a pesar de que los terremotos dejaron miles de personas con fracturas, traumatismos, lesiones por aplastamiento y complicaciones renales.
El cambio en la presentación del boletín marca una transición en el discurso oficial. Mientras los primeros reportes estaban enfocados en la emergencia, el número de víctimas y la atención inmediata, el nuevo documento prioriza la reconstrucción física de las zonas afectadas.
La actualización ocurre en medio de una situación todavía compleja en La Guaira y otras áreas del centro-norte del país. Equipos de rescate, familiares y voluntarios continúan removiendo escombros en sectores donde colapsaron edificios residenciales, hoteles, comercios y estructuras públicas.
El número de fallecidos podría seguir aumentando a medida que avancen las labores de recuperación e identificación de restos humanos. La magnitud de los derrumbes y las dificultades para acceder a algunas zonas han retrasado el trabajo de los equipos.
El balance oficial tampoco explica cuántas de las nuevas víctimas fueron identificadas ni cuántos cuerpos permanecen bajo custodia de los organismos forenses.
Esta ausencia de detalles mantiene la preocupación de las familias que todavía buscan a sus allegados y necesitan confirmar si aparecen en hospitales, morgues, refugios o registros de personas fallecidas.
El nuevo boletín concentra sus datos en viviendas, escombros y recuperación de espacios
El informe difundido por Rodríguez incorpora varias cifras relacionadas con la reconstrucción de las zonas dañadas.
Según el documento, las autoridades han evaluado 43.679 viviendas. De un universo de 41.624 inmuebles clasificados, 9.866 presentan restricciones y 6.433 se encuentran en alto riesgo.
El reporte también señala que 25.325 viviendas permanecen habitables. Esta clasificación permite a las autoridades determinar cuáles familias pueden regresar a sus hogares y cuáles deberán permanecer en refugios o espacios temporales.
Sin embargo, el boletín no detalla los criterios utilizados para definir cada categoría ni informa cuántas inspecciones todavía faltan por realizar.
Las viviendas restringidas pueden presentar daños que impiden su ocupación inmediata, aunque algunas podrían recuperarse mediante reparaciones. En cambio, los inmuebles considerados de alto riesgo representan una amenaza para sus habitantes y estructuras cercanas.
El Gobierno también informó que entregó 287 viviendas. No obstante, el documento no especifica en qué regiones se encuentran, cuáles familias las recibieron ni si corresponden a soluciones definitivas o temporales.
La cifra resulta reducida frente al número de hogares afectados y deja abierta la pregunta sobre el tiempo que requerirá la reubicación de las familias que perdieron completamente sus residencias.
Otro dato incluido en el balance corresponde a la remoción de 346.755 toneladas de escombros. Estas labores permiten abrir calles, despejar zonas de rescate y reducir riesgos en sectores donde permanecen estructuras inestables.
La retirada de materiales también resulta necesaria para iniciar nuevas construcciones, evaluar terrenos y recuperar servicios públicos.
Sin embargo, la eliminación de escombros plantea desafíos adicionales. Las autoridades deben coordinar el traslado de concreto, metales, vidrios y otros materiales sin destruir posibles evidencias ni restos humanos que aún puedan permanecer bajo las ruinas.
En algunas comunidades, los propietarios también han expresado preocupación por la posibilidad de perder documentos, pertenencias y objetos personales durante las demoliciones y trabajos de limpieza.
El nuevo enfoque institucional muestra que el Gobierno intenta avanzar desde la fase de emergencia hacia la recuperación. Aun así, las cifras revelan que una parte importante de las viviendas evaluadas no ofrece condiciones seguras para sus habitantes.
La reconstrucción necesitará recursos económicos, materiales, personal especializado y coordinación entre distintos organismos. También requerirá transparencia para que las familias conozcan los plazos, las prioridades y los mecanismos de asignación de nuevas viviendas.
Organizaciones civiles reclaman información pública sobre miles de desaparecidos
El aumento de la cifra de fallecidos ocurre mientras el número oficial de desaparecidos permanece sin cambios desde el 25 de junio.
Ese día, las autoridades informaron que 157 personas estaban en paradero desconocido. Desde entonces, el Gobierno no ha publicado una nueva actualización sobre quienes siguen sin ser localizados.
La organización no gubernamental Provea exigió este lunes que el Ejecutivo actualice tanto el número de fallecidos como el de desaparecidos. Aunque el primer dato finalmente aumentó, el segundo continúa congelado.
La ausencia de un registro público alimenta la incertidumbre. Iniciativas ciudadanas como Desaparecidos Terremoto Venezuela aseguran haber recibido más de 29.000 reportes de personas cuyo paradero se desconoce.
Provea advierte que no existe una base oficial abierta que permita comparar, depurar o confirmar esa cantidad.
Los reportes ciudadanos pueden contener duplicaciones, casos resueltos o información incompleta. Sin embargo, también reflejan la magnitud de una búsqueda que continúa activa en numerosas comunidades.
Familias enteras recorren hospitales, refugios, morgues y cementerios en busca de información. Algunas publican fotografías en redes sociales y otras acuden a organizaciones civiles para registrar los datos de sus parientes.
La falta de una plataforma centralizada dificulta el cruce de información entre organismos. Una misma persona puede aparecer en registros distintos sin que las instituciones identifiquen la coincidencia.
También existe la posibilidad de que sobrevivientes trasladados a otras regiones no hayan logrado comunicarse con sus familiares, especialmente durante los primeros días posteriores a los terremotos.
Para resolver esta situación, el Estado tendría que integrar las listas de personas atendidas en hospitales, fallecidos identificados, cuerpos sin nombre, ciudadanos alojados en refugios y denuncias de desaparición.
Cada actualización del balance oficial debería explicar cuántos casos siguen abiertos, cuántas personas aparecieron con vida y cuántas fueron incorporadas al registro de fallecidos.
El nuevo reporte confirma que la tragedia continúa creciendo en términos humanos. La incorporación de 579 muertes demuestra que las labores de identificación y recuperación todavía no han terminado.
Sin embargo, la información oficial resulta insuficiente para comprender completamente la dimensión del desastre.
El Gobierno informa sobre viviendas, escombros y espacios rehabilitados, pero mantiene vacíos relevantes sobre heridos, damnificados y desaparecidos. Esa diferencia entre los datos disponibles y las preguntas sin respuesta debilita la confianza de las comunidades.
La reconstrucción no depende únicamente de retirar ruinas y entregar inmuebles. También exige identificar a cada víctima, informar a sus familiares y ofrecer un registro verificable de quienes permanecen sin localizar.
Con 6.125 muertes confirmadas, los terremotos del 24 de junio representan una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de Venezuela. El aumento del balance obliga a mantener abiertas las labores de búsqueda, fortalecer los procesos forenses y publicar información clara.
Mientras no exista una actualización completa de los desaparecidos, miles de familias continuarán atrapadas entre la esperanza de encontrar a sus seres queridos y el temor de que formen parte de una cifra que todavía puede seguir aumentando.
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— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 3, 2026
Con información de EFE
