Cuatro ciudadanos venezolanos que mantenían una huelga de hambre en La Haya, Países Bajos, decidieron poner fin a su protesta el 12 de septiembre. La decisión se produjo tras un encuentro con funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), quienes les transmitieron que las indagaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan su curso. La reunión abrió además un canal permanente de comunicación entre la sociedad civil y el tribunal internacional.
Reunión clave y promesa de investigación
Los representantes de la Fiscalía de la CPI, sin revelar datos por motivos de confidencialidad, reiteraron que el expediente conocido como “Caso Venezuela I” avanza. Laura Angélica García, una de las manifestantes, señaló que se reconoció la legitimidad de su reclamo y que las víctimas serán incorporadas a mecanismos ya establecidos para garantizar que sus testimonios sean escuchados. Este gesto fue determinante para que los activistas depusieran la medida de presión.
Los venezolanos Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Víctor Guerrero habían iniciado la huelga para exigir celeridad en el proceso contra el gobierno de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. Durante varios días permanecieron frente a la sede de la CPI, desafiando el mal clima y el desgaste físico, en demanda de justicia para los presos políticos en su país.
Llamados de apoyo y preocupación internacional
La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza alertó el 11 de septiembre sobre el riesgo para la salud de los manifestantes, solicitando la intervención de la Cruz Roja y la propia Corte. En redes sociales, la ONG criticó la demora en atender la situación, mientras simpatizantes dentro y fuera de Venezuela pidieron solidaridad.
Incluso se solicitó un pronunciamiento de la Iglesia católica, al considerar que su respaldo moral sería un impulso a la causa de los detenidos.
Canal de diálogo y próximos pasos
Con la conclusión de la huelga, los activistas celebraron la apertura de un vínculo directo entre la sociedad civil y el tribunal internacional. Este espacio busca fortalecer la comunicación y asegurar que las denuncias de violaciones a los derechos humanos continúen siendo evaluadas por la Fiscalía. La expectativa ahora se centra en que la CPI acelere los procedimientos y mantenga a las víctimas informadas sobre el desarrollo de las pesquisas.
La culminación de esta protesta pacífica representa un avance simbólico en la búsqueda de justicia para las víctimas de represión en Venezuela. El compromiso expresado por la Corte Penal Internacional ofrece una esperanza renovada a quienes reclaman que se esclarezcan los presuntos crímenes de lesa humanidad y se garantice el respeto a los derechos fundamentales.
Con información de El Comercio
