La madrugada de este martes, la Administración Trump bloqueó el acceso al sistema en línea del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, pese a que una orden judicial vigente garantizaba su continuidad. La decisión afecta a más de 250.000 personas que debían reinscribirse antes de la fecha límite y ha desatado denuncias de violación a los derechos humanos y de un posible desacato al mandato federal.
La disputa legal que reaviva la crisis
El conflicto se originó tras el fallo del juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, quien declaró ilegal la revocación del TPS promovida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El magistrado sostuvo que la medida fue arbitraria y carecía de los procedimientos legales necesarios, restableciendo así la protección migratoria para más de un millón de personas provenientes de Venezuela y Haití, al menos hasta octubre de 2026.
Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bloqueó la reinscripción en línea un día antes del plazo oficial, dejando sin posibilidad de renovar sus permisos de trabajo y su estatus legal a miles de venezolanos. Esta decisión ha generado incertidumbre, al tiempo que organizaciones y líderes comunitarios denuncian que se trata de un incumplimiento directo de la orden judicial.
Impacto en la comunidad venezolana
De acuerdo con la Alianza Nacional de Beneficiarios del TPS, el cierre abrupto del sistema está provocando que miles de migrantes pierdan empleos, seguros médicos y licencias de conducir.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que “muchos empleadores ya están despidiendo a beneficiarios del TPS” debido a que desconocen cuál será el desenlace legal del caso. La dirigente calificó la situación como “desesperada” y exigió a la Administración Trump respetar las decisiones judiciales para garantizar la estabilidad de las familias afectadas.
Acciones legales y audiencia de emergencia
La abogada Jessica Bansal, representante de la Alianza, informó que presentaron una moción de emergencia para que el tribunal ordene reabrir el sistema de reinscripción durante al menos 24 horas adicionales.
Asimismo, anunció que este jueves se celebrará una audiencia clave para restituir los derechos de los migrantes venezolanos y asegurar que puedan mantener su estatus migratorio. La jurista advirtió que el caso trasciende la problemática del TPS, ya que “pone a prueba la capacidad del sistema judicial estadounidense de hacer respetar sus propias órdenes”.
Protestas y llamado a la movilización
En paralelo, Pablo Alvarado, representante de la Red Nacional de Jornaleros, convocó a una movilización nacional para la próxima semana, con el objetivo de denunciar que el sistema judicial “ha dejado de ser una rama imparcial del poder”.
Alvarado insistió en que los inmigrantes deben seguir luchando por sus derechos mediante vías legales y aseguró que la comunidad “no se rendirá” ante decisiones ideologizadas y discriminatorias.
La audiencia de emergencia podría marcar un punto de inflexión en la disputa entre la Administración Trump, las organizaciones proinmigrantes y los tribunales federales, mientras miles de familias venezolanas enfrentan un escenario de incertidumbre y riesgo laboral.
Con información de El País
