La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una petición formal para realizar una visita a Venezuela, con el fin de evaluar la situación de los derechos humanos y constatar las denuncias de abusos en centros de detención, en especial en El Helicoide, conocido por ser uno de los lugares más temidos y cuestionados del aparato represivo del Estado venezolano.
Esta solicitud representa el intento más reciente del organismo por ingresar al país, luego de más de dos décadas sin acceso. La última visita oficial de la CIDH se remonta a 2002, y desde entonces el gobierno venezolano ha negado repetidamente el ingreso de sus representantes.
Una solicitud largamente postergada
Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, subrayó la urgencia de realizar una visita “in loco” que permita evaluar directamente las condiciones de detención y el trato a los presos políticos.
“La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada”, recordó De Mees.
La funcionaria aseguró que la Comisión ha recibido informes preocupantes sobre la situación en El Helicoide, instalación administrada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se denuncian torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso.
Según De Mees, la CIDH ha documentado patrones de represión selectiva y de persecución política que se han intensificado en los últimos años, afectando no solo a dirigentes opositores, sino también a periodistas, activistas y ciudadanos comunes que expresan disenso.
El respaldo de la OEA y la presión internacional
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la solicitud de la CIDH y destacó que permitir una inspección directa sería un paso “significativo y concreto” hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
“Una visita ‘in loco’ representaría un gesto claro de apertura y compromiso con la dignidad humana”, manifestó Ramdin a través de sus redes sociales.
Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también expresaron su apoyo a la iniciativa, argumentando que la opacidad del sistema carcelario venezolano impide conocer la magnitud real de los abusos.
En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición, aunque en ocasiones anteriores ha acusado a la CIDH de actuar bajo “intereses políticos” y de carecer de legitimidad para intervenir en asuntos internos del país.
Represión y denuncias tras las elecciones de 2024
La solicitud de la Comisión se produce en un contexto político especialmente tenso. En su más reciente informe, Gloria de Mees advirtió un aumento de la represión tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador pese a denuncias de fraude y a la presentación de actas que, según la oposición, otorgaban la victoria a Edmundo González Urrutia.
El documento señala un incremento de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y violaciones al derecho de protesta, principalmente contra seguidores de la oposición y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la CIDH, estos hechos agravan un clima de miedo y persecución que refleja el deterioro progresivo de las libertades fundamentales en Venezuela.
Un país desvinculado del Sistema Interamericano
Venezuela abandonó formalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013, tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por parte del entonces presidente Hugo Chávez.
La desvinculación significó que el país dejó de reconocer las obligaciones del tratado y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la CIDH sostiene que esa denuncia carece de validez jurídica, y por tanto mantiene su competencia para supervisar la situación venezolana, dado que los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos unilateralmente por un Estado.
A pesar de la salida del sistema, la Comisión continúa recibiendo y analizando denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones, muchas de ellas ocurridas en centros como El Helicoide, La Tumba y Ramo Verde, todos señalados por organismos internacionales como espacios de represión política.
Una visita que pondría a prueba al régimen
La solicitud de la CIDH ante la OEA se interpreta como un intento renovado de presión diplomática para abrir las puertas de un país que ha cerrado sistemáticamente el acceso a observadores internacionales.
Si el gobierno venezolano autoriza la visita, sería la primera en más de dos décadas y marcaría un cambio importante en su política de aislamiento. Pero si vuelve a rechazarla, confirmaría, según expertos, su falta de voluntad de transparencia frente a la comunidad internacional.
Mientras tanto, los testimonios de víctimas y familiares continúan acumulándose, y El Helicoide sigue siendo símbolo de miedo, silencio y represión, un eco constante del deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
⚠️ OEA RESPALDA VISITA DE CIDH A VENEZUELA
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, expresó su pleno apoyo a la solicitud de la CIDH para realizar una visita in situ a Venezuela en el 2025. pic.twitter.com/Cmlciw27az
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) October 8, 2025
Con información de El Nacional
