En un intento por frenar el deterioro de las relaciones con Washington, el gobierno de Nicolás Maduro habría ofrecido a la administración de Donald Trump amplias concesiones económicas, incluyendo participación preferencial en los sectores petrolero y minero de Venezuela. Las conversaciones, mantenidas en secreto durante varios meses, buscaban evitar un conflicto armado y reducir la presión militar estadounidense en el Caribe, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones.
Una propuesta de alto riesgo diplomático
De acuerdo con las filtraciones, funcionarios venezolanos autorizados por Maduro plantearon abrir todos los proyectos energéticos y auríferos —actuales y futuros— a compañías estadounidenses. La oferta incluía trasladar las exportaciones de crudo venezolano de Asia a Estados Unidos y disminuir de manera drástica la colaboración con aliados tradicionales como China, Irán y Rusia.
El planteamiento llegó en un momento de máxima tensión, cuando el gobierno de Trump calificaba al de Maduro como “cártel narcoterrorista” y desplegaba buques de guerra cerca de las costas venezolanas. Pese a lo ambicioso del acuerdo, Washington lo rechazó finalmente, suspendiendo los contactos formales con Caracas.
Las conversaciones en la sombra
Las negociaciones fueron encabezadas por Richard Grenell, entonces enviado especial estadounidense, quien mantuvo múltiples encuentros con altos funcionarios venezolanos. Las conversaciones, aunque avanzadas en temas económicos, naufragaron en el terreno político: Maduro se negó a discutir su posible salida del poder.
Mientras tanto, Marco Rubio, secretario de Estado y figura clave dentro del gabinete de Trump, presionaba para mantener una línea dura contra el mandatario venezolano, calificándolo de “líder ilegítimo” y “prófugo de la justicia”. Su influencia terminó bloqueando cualquier acercamiento real.
Fuentes consultadas por medios internacionales afirmaron que, pese a las diferencias internas, el diálogo representó uno de los intentos más audaces de la diplomacia de recursos durante el mandato de Trump.
El petróleo como puente y como trampa
El corazón de la propuesta giraba en torno al petróleo, recurso emblemático de la economía venezolana. Maduro estaba dispuesto a entregar a empresas estadounidenses contratos preferenciales, modificar las rutas de exportación e incluso otorgar control operativo en proyectos conjuntos a corporaciones como Chevron y ConocoPhillips.
Venezuela produce actualmente cerca de un millón de barriles diarios, cifra muy inferior a los tres millones registrados durante la era de Hugo Chávez. Analistas sostienen que con inversión extranjera la producción podría reactivarse rápidamente, pero advierten que el entorno político y las sanciones internacionales siguen siendo un obstáculo.
En paralelo, la líder opositora María Corina Machado defendió en Washington su propia propuesta económica. Argumentó que bajo un gobierno democrático, las ganancias para las empresas estadounidenses podrían ascender a 1,7 billones de dólares en 15 años, superando con creces cualquier oferta del chavismo.
Los intereses de Trump: economía y poder
Las conversaciones reflejan la visión mercantilista que caracterizó la política exterior de Trump. El expresidente, en distintas ocasiones, vinculó la cooperación internacional con el acceso a recursos naturales, como lo hizo en Siria o Ucrania. En el caso venezolano, el petróleo, el gas, el oro y el coltán fueron el eje de un potencial entendimiento económico que nunca se concretó.
El propio Grenell habría intermediado un gesto humanitario para favorecer las relaciones: la repatriación de una niña venezolana varada en Estados Unidos. Poco después, Caracas liberó a un veterano estadounidense detenido, como muestra de buena voluntad. Sin embargo, la desconfianza mutua y la presión política interna en Washington frustraron la posibilidad de un acuerdo estable.
Chevron, Shell y la diplomacia energética
Aunque el pacto global fracasó, algunas empresas extranjeras lograron pequeños avances. Chevron recuperó su licencia del Departamento del Tesoro para operar en Venezuela, mientras que Shell obtuvo autorización para explotar gas en el yacimiento Dragón, ubicado en aguas compartidas con Trinidad y Tobago. Este último proyecto generó debate en el Congreso estadounidense, donde Rubio advirtió que “no debe reportar beneficios significativos al régimen de Maduro”.
Como parte de la negociación, Shell se comprometió a destinar parte de sus ingresos a proyectos sociales, buscando demostrar que Venezuela sigue abierta al capital extranjero pese a su aislamiento internacional.
Una paz comprada con crudo
Para Caracas, la apertura económica representaba una estrategia de supervivencia ante la amenaza de intervención militar. Para Washington, era una oportunidad de acceso a los mayores yacimientos petroleros del planeta sin renunciar a la presión política. Sin embargo, las divergencias sobre la permanencia de Maduro sellaron el fracaso de las conversaciones.
Hoy, el episodio se recuerda como uno de los capítulos más complejos del ajedrez diplomático entre ambos países: un intento de evitar la guerra mediante el petróleo, donde el pragmatismo económico no logró superar la desconfianza ideológica.
Con información de New York Times
