El reciente pronunciamiento de Nicolás Maduro, quien planteó la posibilidad de revocar la nacionalidad a venezolanos que soliciten una intervención extranjera, ha reavivado un debate jurídico y político de profundas implicaciones.
La propuesta, presentada en tono de advertencia contra figuras de la oposición, se enmarca en un contexto de polarización extrema y de creciente persecución política.
Pero ¿es legalmente posible despojar a un ciudadano venezolano de su nacionalidad por razones políticas o de opinión? Los especialistas en derecho constitucional y derechos humanos coinciden: la medida sería inconstitucional y contraria a los tratados internacionales.
El contexto político detrás de la amenaza
La declaración del mandatario chavista surge en medio de una nueva ola de detenciones y denuncias de persecución, especialmente hacia opositores en el exilio que han pedido sanciones internacionales o acciones militares contra el régimen.
Maduro calificó tales llamados como “actos de traición a la patria”, una figura penal que históricamente se ha utilizado para criminalizar la disidencia política.
Durante una alocución televisada, el gobernante expresó que “aquellos que claman por invasiones extranjeras no merecen ser venezolanos”, en clara alusión a líderes opositores que han solicitado la intervención de organismos internacionales o la presión de gobiernos extranjeros frente a las violaciones de derechos humanos en el país.
Sin embargo, los expertos sostienen que el discurso político no puede ser castigado con la pérdida de nacionalidad, ya que esta constituye un derecho inherente e irrenunciable reconocido por la Constitución de 1999.
Qué dice la Constitución venezolana
El artículo 34 de la Constitución es claro: “La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad”.
Por su parte, el artículo 42 establece que los derechos políticos solo pueden suspenderse mediante una sentencia judicial firme, pero en ningún caso puede revocarse la nacionalidad por motivos políticos o ideológicos.
La abogada constitucionalista Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, explica que el planteamiento de Maduro carece de sustento jurídico:
“La nacionalidad no puede ser retirada por un acto administrativo o político. Solo la justicia puede determinar sanciones penales, y ni siquiera esas incluyen la pérdida de la ciudadanía. Hacerlo sería violar el principio de irrenunciabilidad de los derechos humanos”.
Además, Venezuela es signataria de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe expresamente la privación arbitraria de nacionalidad.
Por tanto, cualquier intento de aplicar una medida de este tipo podría ser denunciado ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La estrategia de la desnaturalización como herramienta política
Aunque la Constitución lo prohíbe, el chavismo ha recurrido en el pasado a acciones similares para intimidar o castigar disidencias.
Uno de los casos más recordados fue el del periodista y político Leopoldo Castillo, a quien se le amenazó con retirar su nacionalidad por criticar al gobierno desde el extranjero.
También, durante el mandato de Hugo Chávez, se abrieron expedientes de “revisión de nacionalidad” a empresarios y activistas considerados enemigos del proceso bolivariano.
El uso del término “traición a la patria” ha servido como arma retórica para justificar detenciones arbitrarias y censura, y ahora parece proyectarse hacia una nueva fase de desnaturalización política, donde la identidad misma del ciudadano se usa como instrumento de castigo.
De aplicarse, esta medida colocaría a Venezuela en el grupo de países que violan el derecho internacional humanitario, junto con regímenes autoritarios donde la disidencia se castiga con el exilio forzoso o la apatridia.
Un análisis desde el derecho internacional
Desde la perspectiva internacional, la revocatoria de nacionalidad por motivos políticos o ideológicos constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978.
El abogado Carlos Lusverti, especialista en derechos humanos, advierte que el derecho a la nacionalidad es un componente esencial de la personalidad jurídica y su pérdida arbitraria equivaldría a una forma de persecución estatal.
“Privar a alguien de su nacionalidad por expresar opiniones contrarias al gobierno es un acto de represión que puede configurar incluso un crimen de lesa humanidad”, señaló Lusverti.
El experto recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla la persecución por motivos políticos como una violación grave del derecho internacional.
Por tanto, cualquier intento del régimen venezolano de aplicar esta amenaza podría agravar su situación ante la comunidad internacional, especialmente en el contexto de las investigaciones abiertas por la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
Un discurso político con tintes autoritarios
El anuncio de Nicolás Maduro no solo carece de sustento legal, sino que refleja la radicalización del discurso oficial frente a una oposición debilitada pero persistente.
La idea de revocar la nacionalidad a los disidentes no busca aplicar la ley, sino fortalecer el control político y el miedo en una sociedad que vive entre la represión y la censura.
En la práctica, la medida sería inviable constitucionalmente y condenable desde el punto de vista internacional, pero su enunciación ya cumple un objetivo: intimidar, dividir y criminalizar la crítica.
En un país donde la nacionalidad se convierte en moneda política, el derecho a ser venezolano se transforma en una trinchera más en la larga lucha por la democracia y la libertad.
