
Desde agosto pasado, el Caribe se ha convertido en un escenario de alta tensión donde confluyen intereses políticos, económicos y criminales. Estados Unidos ha intensificado su presencia militar bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, destruyendo embarcaciones presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y al llamado Cártel de los Soles.
Sin embargo, para Jeremy McDermott, periodista británico y codirector de InSight Crime, detrás de esta ofensiva se esconde algo más que un esfuerzo antidrogas: un intento por debilitar el poder de Nicolás Maduro y su estructura de control territorial.
La militarización del Caribe y sus verdaderos fines
McDermott considera que el despliegue de la Fuerza Naval estadounidense marca una ruptura con las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico. “No se trata de interceptar cargamentos ni arrestar tripulaciones; ahora se hunden barcos y se elimina a sus ocupantes”, explica el investigador. A su juicio, este tipo de acciones busca más un efecto político que operativo: atemorizar al régimen venezolano y desviar las rutas de tráfico hacia el sur del continente, sin afectar la producción ni el flujo de cocaína.
El especialista sostiene que el uso de recursos tan costosos y de alto perfil revela un objetivo más amplio, posiblemente vinculado a la presión geoestratégica de Washington. Según él, la misión ha evolucionado y ya no responde únicamente a intereses antinarcóticos. “El verdadero alcance solo lo conoce el gobierno estadounidense”, añade.
Un Estado sostenido por economías ilícitas
Uno de los aportes más reveladores de McDermott es su definición del régimen de Maduro como un “gobierno criminal híbrido”. En este modelo, el Estado no combate las economías ilícitas, sino que las regula y las utiliza para su supervivencia. La crisis económica, las sanciones internacionales y la pérdida de ingresos petroleros han obligado al chavismo a financiar su estructura de poder mediante actividades ilegales como el contrabando, la minería de oro y el tráfico de drogas.
El investigador detalla que los altos mandos militares y políticos reciben acceso a estas rentas para asegurar su lealtad. De esta forma, el Cártel de los Soles no es una organización vertical dedicada al narcotráfico, sino una red de funcionarios que intervienen directamente en negocios criminales para sostener el aparato estatal.
El Tren de Aragua: un imperio en declive
Respecto al Tren de Aragua, McDermott indica que su poder se ha fragmentado desde la toma de la cárcel de Tocorón en 2023. Su líder, conocido como Niño Guerrero, sigue prófugo, pero el grupo ha perdido su base operativa y se ha transformado en una franquicia del crimen, donde distintos delincuentes utilizan su nombre sin vínculos jerárquicos reales. La influencia del Tren se mantiene en zonas mineras del estado Bolívar, aunque sus operaciones son hoy autónomas y dispersas.
Por otro lado, el Cártel de los Soles ha ampliado su campo de acción más allá del narcotráfico, incursionando en la venta ilegal de oro, petróleo y otros recursos estratégicos. Estas actividades no solo benefician a los jerarcas chavistas, sino que también alimentan redes transnacionales de corrupción que incluyen actores privados y estatales.
La simbiosis entre política y crimen
McDermott asegura que el Estado venezolano ha tolerado e incluso fomentado la criminalidad como un instrumento político. Menciona al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como un aliado del régimen en el control territorial y en la represión de disidencias. Esta alianza refuerza la estabilidad del chavismo al tiempo que erosiona las instituciones civiles.
La supervivencia de Maduro, afirma el analista, se debe a una combinación de represión interna, control militar y rentas ilícitas. Para mantener la cohesión del poder, el mandatario se apoya en los servicios de inteligencia cubanos y en un sistema de vigilancia que mantiene sometidos a los oficiales. “Si Maduro cae, caen todos”, explica McDermott, refiriéndose a la percepción de los altos mandos chavistas que enfrentan sanciones internacionales y procesos judiciales.
Un futuro incierto y una amenaza regional
En caso de una transición abrupta, el experto advierte que las estructuras criminales no desaparecerán: podrían fragmentarse y desencadenar un conflicto civil. Las redes ilícitas, al perder su fuente de protección política, buscarían nuevos espacios de poder o alianzas, lo que podría desestabilizar no solo a Venezuela, sino también a Colombia, Brasil y el Caribe.
El análisis de McDermott invita a comprender que el crimen organizado en Venezuela no es una amenaza aislada, sino una columna vertebral del sistema político actual. En este contexto, las maniobras militares extranjeras, lejos de desarticularlo, podrían reforzar la narrativa de resistencia del chavismo y prolongar su permanencia en el poder.
Con información de El Nacional



