La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció la desaparición de 16 militares venezolanos que permanecían recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, en el estado Miranda. Los uniformados, procesados por “traición a la patria”, habrían cumplido su condena el pasado 9 de septiembre y estaban a punto de ser liberados. Sin embargo, nunca llegaron a los tribunales y desde entonces su paradero es desconocido.
Un traslado que nunca ocurrió
De acuerdo con la denuncia publicada por Suju en redes sociales, los funcionarios penitenciarios habrían ordenado a los militares preparar sus pertenencias bajo el argumento de que serían presentados ante un tribunal para completar su proceso de excarcelación. Horas después, se perdió todo rastro de ellos.
“No llegaron a los tribunales, no fueron liberados y se desconoce dónde están”, expresó Suju. La defensora alertó que este tipo de hechos no son aislados y que responden a un patrón de desapariciones forzadas en el sistema carcelario venezolano.
La abogada exigió a las autoridades del Ministerio de Defensa y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) informar sobre el paradero de los detenidos, quienes, según afirmó, “ya habían pagado su pena y debían estar en libertad”.
Familiares entre la incertidumbre y el miedo
Ana Raquel Velásquez, esposa del teniente Víctor Soto Méndez —uno de los desaparecidos—, confirmó que los militares cumplieron su condena en septiembre y que los abogados fueron notificados de un traslado el día anterior a su desaparición. “Nunca llegaron a los tribunales. Desde que salieron de Ramo Verde no sabemos nada de ellos”, relató.
Los familiares aseguran no haber recibido ninguna información oficial. Tampoco se les ha permitido ingresar al penal para verificar si los oficiales permanecen allí o si fueron llevados a otro centro de detención. La angustia aumenta con el paso de los días, ante el silencio de las autoridades militares y judiciales.
Silencio institucional y denuncias internacionales
Diversas organizaciones no gubernamentales han condenado el hermetismo del Estado venezolano. Amnistía Internacional, en un informe divulgado en julio, señaló que las autoridades del país “cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
El documento también destaca que las detenciones arbitrarias y la falta de información sobre el paradero de las víctimas son prácticas recurrentes, especialmente contra militares acusados de conspirar o disentir del gobierno de Nicolás Maduro.
Defensores de derechos humanos han calificado estas acciones como una forma de castigo y control político, dirigida a sembrar temor dentro de las Fuerzas Armadas y desalentar cualquier intento de disidencia.
Un patrón de represión sostenido
El caso de los 16 militares desaparecidos se suma a una larga lista de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario venezolano. Oenegés nacionales e internacionales han advertido que la opacidad judicial, la falta de acceso a la defensa y los traslados sin notificación constituyen prácticas institucionalizadas.
Analistas consideran que la desaparición de militares condenados por “traición” refleja el clima de desconfianza dentro de la estructura castrense y la creciente persecución a quienes en algún momento fueron señalados de conspirar.
“Estamos frente a un patrón que evidencia el uso de las cárceles como herramientas de intimidación política”, sostuvo un portavoz del Foro Penal, organización venezolana que monitorea los casos de presos políticos.
Llamado a la comunidad internacional
Mientras las familias de los desaparecidos imploran respuestas, la comunidad internacional observa con preocupación la falta de transparencia del gobierno venezolano. Diversos sectores de la sociedad civil han pedido a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervengan y exijan una investigación imparcial.
“Cada hora que pasa sin noticias aumenta el riesgo de que estas personas sean víctimas de tortura o tratos crueles”, advirtió Tamara Suju, quien reiteró que el silencio del Estado podría implicar una violación grave del derecho internacional.
Por ahora, la desaparición de los 16 militares de Ramo Verde no solo deja al descubierto las fracturas dentro del sistema judicial venezolano, sino que también reaviva el debate sobre la impunidad, la opresión y la erosión del Estado de derecho en el país.
Con información de NTN24
