El presidente Gustavo Petro ordenó una operación militar de gran escala en el departamento del Guaviare, dirigida a neutralizar las estructuras armadas bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.
La acción, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se desarrolla desde la madrugada de este lunes en zonas rurales del sur del país y busca recuperar el control territorial en áreas dominadas por grupos vinculados al narcotráfico y la extorsión.
El propio mandatario confirmó la orden a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”.
Una operación conjunta para recuperar la seguridad
Fuentes oficiales informaron que el operativo forma parte de una estrategia conjunta entre las instituciones de seguridad del Estado, diseñada para golpear las redes armadas y económicas del grupo insurgente.
El ministro de Defensa explicó que el objetivo principal es neutralizar los campamentos y desarticular las estructuras del denominado “cartel de alias Mordisco”, señalado de ejercer control coercitivo sobre comunidades rurales y de mantener actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
De acuerdo con reportes preliminares conocidos por el diario El Tiempo, los enfrentamientos en la zona habrían dejado al menos diez miembros del grupo neutralizados, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente el número de bajas.
Combates intensos y despliegue táctico en el terreno
Las tropas del Ejército Nacional avanzan en las labores de verificación de puntos estratégicos, previamente identificados mediante operaciones de inteligencia militar.
El operativo incluye reconocimientos aéreos y terrestres en zonas selváticas, con el propósito de desmantelar la infraestructura logística y financiera de las disidencias que operan en ese territorio.
Los bombardeos autorizados por el presidente Petro marcan un cambio significativo en la estrategia de seguridad del Gobierno, que en meses recientes había privilegiado el diálogo y la búsqueda de sometimiento de grupos armados. Sin embargo, la persistencia de ataques, extorsiones y control ilegal sobre la población civil llevó al Ejecutivo a retomar las operaciones ofensivas.
Contexto: la amenaza de las disidencias en el sur del país
Alias ‘Iván Mordisco’, considerado uno de los disidentes más poderosos tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, lidera un frente armado con amplia presencia en la Amazonía colombiana, especialmente en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta.
Bajo su mando, estas estructuras han mantenido una actividad constante en el tráfico de drogas, la minería ilegal y el reclutamiento forzado, consolidando su influencia en zonas de difícil acceso.
Las autoridades colombianas han identificado a este grupo como uno de los principales obstáculos para la pacificación total del país, dado su rechazo al proceso de paz y su expansión hacia corredores estratégicos de movilidad y producción ilícita.
Reacciones y expectativas tras la orden presidencial
La decisión del presidente Petro ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores políticos la interpretan como una respuesta firme ante la violencia persistente, mientras que otros cuestionan el uso del bombardeo aéreo por el posible riesgo para la población civil.
No obstante, fuentes castrenses afirmaron que la operación fue planificada con precisión, respetando los protocolos internacionales de derecho humanitario, y que los ataques se dirigieron exclusivamente contra campamentos armados.
Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre la magnitud de los daños ni sobre la situación de los combatientes sobrevivientes. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares ofrezcan un balance detallado de los resultados de la ofensiva.
Una ofensiva que marca un nuevo rumbo en la política de seguridad
El bombardeo ordenado por Gustavo Petro representa un punto de inflexión en la política de seguridad nacional, pues evidencia un retorno a acciones militares contundentes tras meses de intentos de diálogo con grupos armados.
Mientras las autoridades mantienen el operativo activo, la nación observa con atención el desenlace de una ofensiva que busca debilitar a las disidencias y reafirmar la presencia del Estado en regiones históricamente afectadas por la violencia.
La situación en el Guaviare confirma que la paz total que propone el Gobierno enfrenta enormes desafíos, en un país donde la seguridad, el control territorial y la protección de la población civil continúan siendo prioridades urgentes.
Con información de El Tiempo
