El Parlamento venezolano dio un nuevo paso en su estrategia de confrontación política y jurídica frente a las acciones de Estados Unidos en el mar Caribe. En una primera discusión, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley orientado a garantizar las libertades de navegación y comercio, en respuesta a lo que el oficialismo califica como un “bloqueo” contra los buques petroleros vinculados al país.
La iniciativa, promovida por el chavismo, contempla sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen o participen en actos considerados como piratería, una medida que ha generado atención tanto dentro como fuera de Venezuela por su alcance y severidad.
Una norma con respaldo unánime
La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Giuseppe Alessandrello y aprobada por unanimidad en el hemiciclo. Según explicó el parlamentario, la ley está compuesta por dos capítulos y once artículos, cuyo objetivo central es salvaguardar las libertades de navegación y comercio de mercancías amparadas por tratados internacionales ratificados por Venezuela.
Desde la tribuna, Alessandrello aseguró que la normativa busca proteger la economía nacional en un contexto de creciente presión externa, al tiempo que pretende evitar un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población. A su juicio, las recientes acciones de Estados Unidos contra embarcaciones petroleras venezolanas representan una amenaza directa al comercio y a la estabilidad económica del país.
El contexto del despliegue militar
La iniciativa surge en medio de un escenario de alta tensión regional, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe desde agosto pasado. Washington ha justificado estas operaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el gobierno venezolano sostiene que se trata de una estrategia orientada a asfixiar financieramente al país y forzar un cambio político.
Desde Caracas, los legisladores oficialistas han insistido en que las incautaciones de petroleros y las restricciones al transporte de crudo constituyen actos de depredación que vulneran el derecho internacional. En ese sentido, la nueva ley se presenta como una herramienta de defensa frente a lo que consideran una agresión sistemática.
Fundamentos jurídicos internacionales
Alessandrello defendió que el proyecto se sustenta en instrumentos jurídicos de alcance global, como la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas. Según explicó, estos marcos legales reconocen la libertad de navegación y el comercio marítimo como principios fundamentales, incluso en contextos de conflicto político.
Para el oficialismo, la invocación de estos tratados refuerza la legitimidad de la norma y permite encuadrar las acciones estadounidenses como violaciones al orden jurídico internacional. El Parlamento sostiene que la ley no solo protege a Venezuela, sino que también reivindica principios que deberían ser respetados por toda la comunidad internacional.
Penas de prisión y sanciones económicas
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el régimen de sanciones que contempla. De acuerdo con lo adelantado por el diputado Alessandrello, cualquier persona que promueva, instigue, solicite, favorezca, facilite, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales contra Venezuela podrá enfrentar penas de prisión que oscilan entre 15 y 20 años.
Además de la condena penal, la ley prevé multas económicas calculadas en bolívares, equivalentes a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio más alto establecido por el Banco Central de Venezuela. Estas disposiciones buscan, según el Parlamento, disuadir cualquier colaboración interna o externa con medidas que afecten el comercio marítimo venezolano.
Una respuesta directa a las acciones de Washington
La aprobación en primera discusión ocurre pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un bloqueo contra buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado las intercepciones de tanqueros en el Caribe, incluyendo la incautación del buque Skipper el 10 de diciembre y otras operaciones posteriores.
Washington sostiene que estas embarcaciones forman parte de una “flota fantasma” utilizada para transportar crudo sancionado. Caracas, por su parte, denuncia que estas acciones constituyen piratería y forman parte de un plan para apropiarse de sus recursos energéticos.
El contenido completo de la ley aún no ha sido divulgado, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el texto será sometido a una segunda discusión y eventual aprobación definitiva en los próximos días. De concretarse, la norma entraría en vigor en un momento de máxima confrontación diplomática y económica entre ambos países.
Un mensaje político contundente
Más allá de sus implicaciones jurídicas, la iniciativa legislativa representa un mensaje político claro del oficialismo venezolano. Con esta ley, el Parlamento busca mostrar cohesión interna y una postura firme frente a las presiones externas, al tiempo que refuerza el discurso de defensa de la soberanía.
Sin embargo, analistas advierten que la aplicación de sanciones tan severas podría profundizar la polarización y generar nuevas tensiones internas. En un contexto de conflicto prolongado, la ley se perfila como un nuevo capítulo en la disputa entre Caracas y Washington, con efectos que podrían extenderse más allá del ámbito marítimo y comercial.
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Con información de El Nacional
