El 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, había iniciado la excarcelación de un “número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros como un “gesto de paz” en medio de presiones nacionales e internacionales. Sin embargo, desde ese anuncio oficial la realidad concreta de los liberados ha estado lejos de lo que se había difundido públicamente, provocando incertidumbre entre ONG, familiares de detenidos y observadores políticos.
A pesar de que el Ministerio de Servicios Penitenciarios declaró luego que se habían liberado más de 100 personas en distintos procesos, grupos de derechos humanos locales sostienen que solo alrededor de 40 han salido realmente de prisión, dejando cientos aún en detención y generando dudas sobre el alcance y la transparencia del proceso.
El anuncio de Jorge Rodríguez y la expectativa internacional
El anuncio de excarcelaciones fue una de las primeras decisiones comunicadas por el nuevo gobierno interino de Venezuela, en un contexto de crisis política tras la captura del expresidente Maduro y con voceros oficiales buscando legitimar una transición ante gobiernos extranjeros. Jorge Rodríguez aseguró en cadena nacional que se liberaría a un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, tanto nacionales como extranjeras, sin precisar cifras ni plazos.
Varios países, como España e Italia, confirmaron la salida de sus ciudadanos de cárceles venezolanas, lo que fue celebrado con declaraciones públicas de sus autoridades diplomáticas. Esto alimentó expectativas de que el Gobierno de Delcy Rodríguez estaba dispuesto a dar pasos concretos hacia la pacificación y la reducción de la represión heredada de la era de Maduro.
La brecha entre cifras oficiales y la realidad en cárceles
Pese a los anuncios grandilocuentes, organizaciones como Foro Penal han sostenido que el número real de liberados es mucho más bajo que el sugerido por las autoridades. Según datos verificados por esa ONG, la cifra de excarcelaciones confirmadas asciende a al menos 41 detenidos, incluidos 24 que salieron de centros penitenciarios como La Crisálida o El Rodeo I, y otras personas que han sido verificadas por grupos de defensa de derechos humanos.
Esto contrasta con la cifra de 116 presos que el propio Ministerio de Servicios Penitenciarios afirmó que había liberado, una estadística que no ha sido debidamente desglosada ni acompañada de listados públicos o información detallada sobre nombres, cargos o condiciones de liberación.
Además, fuentes locales han señalado que la mayoría de las personas excarceladas han sido extranjeros o opositores con perfil mediático, mientras que centenares de venezolanos detenidos por protestas, activismo o expresiones críticas permanecen tras las rejas.
El reclamo por transparencia y el “efecto puerta giratoria”
Grupos civiles y activistas han advertido sobre un fenómeno descrito como “efecto puerta giratoria”, en el cual por cada persona liberada se producen nuevos arrestos por motivos políticos, lo que mantiene la cifra de presos casi constante y debilita la percepción de un avance real en derechos humanos. Este término —usado por defensores como el director de Foro Penal, Alfredo Romero— subraya que sin transparencia sobre quiénes están siendo excarcelados y por qué, las liberaciones pueden tener un impacto limitado en la situación general de la represión.
Familiares que se reúnen a las puertas de centros como El Helicoide continúan esperando listas oficiales completas, mientras que organizaciones internacionales piden claridad y supervisión externa sobre el proceso para garantizar que no se trata únicamente de liberaciones selectivas o de escasos beneficiarios para ganar legitimidad internacional.
La muerte de un preso reciente y las dudas sobre condiciones carcelarias
En medio de este contexto, se registró la muerte de un preso político que no había sido liberado poco después de las promesas oficiales. Edison José Torres Fernández, un policía venezolano detenido en diciembre de 2025 por criticar al gobierno en redes sociales, falleció el 10 de enero de 2026, mientras aún estaba bajo custodia en un centro de detención estatal. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron que su deceso se produjo en condiciones de encierro que no garantizan la salud ni el bienestar de los detenidos.
Este hecho ha reforzado la crítica de sectores opositores y de derechos humanos que sostienen que, pese a los anuncios oficiales de excarcelaciones, la situación general en las cárceles venezolanas sigue siendo crítica, con condiciones que ponen en peligro la vida de los detenidos y con pocos avances en políticas de respeto a derechos fundamentales.
¿Existen boicots internos o sabotajes a las liberaciones?
Una parte de la oposición y algunos analistas han sugerido que figuras del chavismo como Diosdado Cabello podrían estar influyendo en el ritmo y la transparencia del proceso de liberaciones, actuando como fuerzas internas que buscan controlar quiénes salen y quiénes no del sistema penitenciario.
Aunque no hay pruebas públicas contundentes de un “sabotaje” formal, el hecho de que las cifras y criterios no hayan sido divulgados de manera clara ha alimentado estas sospechas. La falta de participación de organismos independientes y el control del Estado sobre el sistema judicial complican aún más el panorama.
A la fecha, no existe evidencia oficial que confirme decisiones deliberadas de sabotaje abierto por parte de Cabello u otros altos cargos, pero la percepción de injerencia política en procesos judiciales y liberaciones sigue siendo una acusación común por parte de sectores críticos.
Avances tímidos en medio de grandes desafíos
La excarcelación de presos políticos en Venezuela, anunciada como un gesto de paz y de apertura tras la caída de Nicolás Maduro, ha resultado más limitada de lo prometido y con resultados todavía ambiguos. Aunque varias personas —incluidos ciudadanos extranjeros— han recuperado su libertad y regresado a sus países de origen, cientos de detenidos permanecen bajo custodia, y organizaciones defensoras de derechos humanos claman por transparencia, listados completos y garantías de que las liberaciones no sean solo un acto simbólico.
La muerte reciente de un preso político bajo custodia y las dudas sobre el alcance real de las promesas oficiales subrayan que, más allá de los anuncios, el rumbo de los derechos civiles en la Venezuela post-Maduro sigue siendo una historia en construcción.
EL VENEZOLANO COLOMBIA
