Plataforma Unitaria alerta que casi mil presos políticos siguen tras las rejas en Venezuela

Aunque confirmó 166 excarcelaciones desde el anuncio oficial -incluidas tres en los últimos dos días-, la coalición opositora criticó que estas ocurren "a cuenta gotas" y que, en la mayoría de los casos, los excarcelados reciben "medidas cautelares que condicionan su libertad"

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora en Venezuela, ha denunciado que más de 946 presos políticos continúan detenidos, pese al proceso de excarcelaciones iniciado por el gobierno el pasado 8 de enero.

En un contexto marcado por la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro y la promesa oficial de avanzar en la liberación de reclusos por motivos políticos, la PUD critica el ritmo y las condiciones de las liberaciones, que —según diversos registros independientes— no reflejan un avance sustancial en la restitución de derechos de estas personas y sus familias.

La queja opositor: más promesas que hechos

La PUD hizo pública su postura a través de un comunicado publicado en la plataforma X, donde exigió “liberaciones masivas” como una señal concreta de apertura política y reconciliación nacional. Según el pronunciamiento, aunque se han producido algunas excarcelaciones —confirmando la liberación de al menos 56 a 76 detenidos verificadas por ONG dedicadas al seguimiento de estos casos— la cifra total de personas aún encarceladas por razones políticas se mantiene muy alta, con cientos de voces clamando por justicia y libertad.

La coalición denunció que las excarcelaciones se están dando a cuenta gotas, con beneficios condicionados en muchos casos, lo que limita la libertad plena de quienes han salido de prisión. Esta situación mantiene a un grupo significativo de personas en una condición precaria, con restricciones y sin la posibilidad de reincorporarse a la vida civil con plenitud de derechos.

Comparación entre liberaciones y detenciones

Organizaciones como Foro Penal y la PUD han publicado reportes sobre las excarcelaciones recientes, que durante algunos días han superado el centenar de liberaciones verificadas desde el inicio de 2026. Sin embargo, estos movimientos, aunque importantes para cada familia afectada, apenas arañan la pared de detenciones denunciadas por las mismas organizaciones de derechos humanos, que ubican a cerca de 800 personas aún privadas de libertad, sin contar aquellas con nacionalidad extranjera o doble ciudadanía también bajo custodia.

Este desfase entre las cifras oficiales de excarcelados y el recuento total de personas que consideran políticamente detenidas ha sido un punto de crítica central de la PUD, que afirma que la falta de transparencia en la publicación de listas completas hace difícil evaluar verdaderamente el impacto de los anuncios gubernamentales sobre libertad de presos.

Condiciones de las liberaciones y restricciones

Más allá del número de personas liberadas, la oposición ha destacado que muchas de estas excarcelaciones se realizan bajo condiciones restrictivas, como medidas cautelares, prohibiciones de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante autoridades o incluso restricciones de comunicación. Para los activistas, estas limitaciones equivalen a una forma de semi-libertad que no satisface las demandas de justicia ni restaura completamente los derechos de los afectados.

La PUD subraya que, incluso con estos avances parciales, más del 80% de los presos políticos siguen esperando libertad plena, lo que constituye una vulneración continua de derechos y un motivo de preocupación para la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

Reclamos y contexto político

La denuncia de la Plataforma Unitaria no se limita a cifras: también incluye una crítica a lo que considera la normalización de las detenciones por motivos políticos. La coalición opositora y otras organizaciones de derechos humanos han abogado por una revisión profunda del sistema penal y judicial que permita identificar y liberar a quienes fueron encarcelados por su actividad disidente, su apoyo a partidos opositores o su participación en protestas.

Además, familiares y activistas han iniciado vigilias y manifestaciones frente a centros penitenciarios en varios estados del país, como El Helicoide en Caracas, El Rodeo en Miranda y Tocorón en Aragua, demandando respuestas claras de las autoridades y medidas urgentes para la liberación de sus seres queridos.

Expectativas y presión internacional

La denuncia de la PUD se da en un momento en que organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han llamado a una liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, señalando que los pasos dados hasta ahora son insuficientes frente a las obligaciones de Venezuela bajo el derecho internacional.

Mientras las autoridades venezolanas aseguran que el proceso de excarcelaciones es parte de un esfuerzo por avanzar en la convivencia pacífica y la reconciliación nacional, los grupos opositores consideran que la lentitud, las condiciones restrictivas y la falta de información clara reflejan una estrategia que no responde a las exigencias de quienes han sufrido detenciones arbitrarias.

Una transición incompleta

A pesar de las liberaciones verificadas y de las promesas de la administración encargada, la denuncia de la Plataforma Unitaria Democrática subraya que la mayoría de los presos políticos aún permanecen en detención, muchos sin acceso pleno a sus derechos.

Esta situación, lejos de remitirse con unas pocas excarcelaciones, continúa siendo un tema central en el debate sobre la transición política y la defensa de derechos humanos en Venezuela, obligando a la comunidad nacional e internacional a mantener la mirada puesta en las condiciones de libertad y justicia en el país.

 Con información de El Nacional

 

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