En Venezolano News Paper continuamos informando con profundidad sobre los hechos que han marcado la historia reciente de Venezuela. Hoy republicamos un análisis detallado elaborado por InSight Crime, la organización líder en investigación periodística sobre crimen organizado en las Américas.
Este texto, originalmente publicado en insightcrime.org, examina el perfil criminal del expresidente Nicolás Maduro y el proceso mediante el cual, durante su gestión, se consolidó en Venezuela un Estado híbrido: un modelo en el que la gobernanza y las estructuras criminales se fusionaron de manera profunda, convirtiendo al país en un epicentro regional del crimen organizado.
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El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supervisó la consolidación de un Estado híbrido en el cual la gobernanza y la criminalidad se entrelazaron profundamente, transformando al país en un centro regional para el crimen organizado.
Después de asumir el poder tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro amplió las relaciones con grupos armados y redes ilícitas para reprimir la oposición política y asegurar flujos de ingresos ilícitos, incrustando la corrupción en el aparato estatal.
El 3 de enero de 2026, fue capturado en Caracas por fuerzas de Estados Unidos durante una operación militar y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas y de armas.
¿Cuál es el historial criminal de Nicolás Maduro?
Maduro nació en Caracas en 1962 en una familia de izquierda; su padre fue líder sindical. Desde su juventud se involucró con partidos políticos de izquierda. Primero, como miembro de la Liga Socialista y luego en diversas organizaciones que apoyaron el ascenso de Hugo Chávez al poder. Su trabajo en estos ámbitos lo condujo hasta Cuba para profundizar sus estudios, donde reforzó sus compromisos ideológicos.
A finales de la década de 1980, trabajaba como conductor de autobús en Caracas, donde rápidamente se convirtió en líder sindical y ascendió en las filas del movimiento político que, en 1998, ayudó a Chávez a ganar la presidencia.
En 1999, Maduro fue elegido para la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva constitución de Venezuela. En 2000, se convirtió en representante en la Asamblea Nacional y, en 2005, fue nombrado presidente de esa cámara, donde fue un operador legislativo clave para Chávez.
Luego, Maduro dejó la Asamblea Nacional para convertirse en ministro de Relaciones Exteriores en 2006, cargo que ocupó durante siete años hasta que fue nombrado vicepresidente por Chávez en 2012.
Durante la década de 2000, con Maduro como figura clave en su gobierno, Chávez comenzó a sentar las bases del Estado híbrido. Abrió las puertas de Venezuela a grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Chávez también toleró la corrupción oficial y presidió el crecimiento de grupos armados progobierno conocidos como “colectivos”, a los que les otorgó recursos, armas y autoridad informal a cambio de lealtad.
Cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, heredó este sistema híbrido y lo utilizó para aferrarse al poder a pesar del colapso económico y el descontento social prolongado.
Los precios globales del petróleo cayeron a partir de 2014 cuando la producción en EE. UU. inundó el mercado, reduciendo drásticamente los ingresos del sector económico más importante de Venezuela.
La creciente inflación, la escasez de alimentos y el aumento de la inseguridad provocaron protestas masivas que fueron respondidas con represión. Maduro reaccionó fortaleciendo relaciones con grupos armados como los colectivos, quienes ayudaron a las fuerzas armadas a sofocar las manifestaciones. Además, supervisó la profundización de relaciones entre su gobierno y los grupos guerrilleros colombianos, lo que proporcionó acceso a flujos de ingresos ilícitos además de apoyo político y un elemento disuasivo contra una incursión militar desde la vecina Colombia.
Para controlar la creciente violencia en las cárceles, su gobierno entregó funciones administrativas a las bandas que operaban dentro de ellas, conocidas como pranatos. Estos grupos operaban libremente, tanto dentro como fuera de las paredes de la prisión, a cambio de reducir los homicidios tras las rejas.
Para enfrentar la inseguridad en las calles, la administración de Maduro lanzó un plan para desarmar a las bandas criminales con el fin de frenar los homicidios. En la práctica, la política impedía que las fuerzas de seguridad ingresaran a las zonas controladas por las bandas, que se conocieron como “zonas de paz”. Sin embargo, en lugar de desarmarse, los grupos criminales se fortalecieron, convirtiéndose en autoridades paralelas en esas áreas.
Con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, una región rica en oro, diamantes y otros minerales, Maduro formalizó una nueva fuente de ingresos criminales para financiar el país y enriquecer a los funcionarios corruptos. La zona, que había sido explotada de manera irregular durante años, ya albergaba a grupos mineros ilegales conocidos como “sindicatos”, que mantenían alianzas con elementos del Estado.
En la segunda mitad de la década de 2010, la situación empeoró a medida que la corrupción y la mala gestión económica se acumularon. La represión y la criminalidad dentro del régimen también aumentaron, y Estados Unidos adoptó una postura cada vez más agresiva hacia Maduro y su régimen.
Estados Unidos sancionó a varios funcionarios del gobierno a partir de 2015. Luego, en 2017, se dirigió a la industria petrolera de Venezuela, seguida de un conjunto de sanciones a la industria del oro en 2019. La implosión económica que había impulsado una emigración masiva, junto con la pandemia de Covid-19 a partir de 2020, agravó la crisis. Maduro también perdió legitimidad democrática debido a las acusaciones de fraude en las elecciones de 2018 que lo mantuvieron en el poder.
En 2020, Estados Unidos acusó penalmente a Maduro y a varios altos funcionarios venezolanos de apoyar el terrorismo y traficar drogas, señalando que Maduro encabezaba el llamado “Cartel de los Soles”, un término genérico para describir la corrupción generalizada en el ejército venezolano que fue descripto de forma inexacta como un grupo criminal jerárquico.
En los años siguientes, el gobierno de Maduro se vio obligado a regular el amplio panorama criminal que había permitido florecer durante años. Persiguió a varias bandas que desafiaron su autoridad, revocó el permiso de los pranatos para controlar las cárceles y desmanteló redes criminales y de tráfico de drogas que no cumplían con sus directrices.
En 2024, Maduro nuevamente declaró su victoria en unas elecciones empañadas por el fraude. Con la presidencia de facto, el gobierno de Maduro aumentó la represión y profundizó su dependencia de grupos criminales aliados.
La presión de EE. UU. sobre Maduro aumentó considerablemente en 2025 después de que el presidente Donald Trump, asumiera su segundo mandato. El gobierno de Trump etiquetó al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y aumentó la recompensa de Maduro a US$50 millones. Además, Estados Unidos comenzó una campaña de ataques militares letales a los barcos sospechosos de tráfico de drogas que salían de las costas venezolanas.
La campaña de presión culminó con una operación militar de EE. UU. en las primeras horas del 3 de enero de 2026, que arrestó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los llevó a ser procesados en Estados Unidos.
¿En qué crímenes estuvo involucrado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro permitió y participó en una amplia gama de actividades criminales diseñadas para mantener su control sobre el poder.
El tráfico de drogas fue una de las economías criminales clave. Maduro permitió que funcionarios y fuerzas de seguridad recibieran sobornos de los traficantes y facilitara directamente los envíos ilícitos, proporcionándoles ingresos adicionales para complementar los salarios insostenibles del gobierno. Un ejemplo de la protección que Maduro ofreció a los narcotraficantes es el caso del exjefe antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol. Cuando Estados Unidos acusó a Reverol de delitos relacionados con las drogas en 2016, Maduro respondió promoviendo a Reverol al cargo de ministro del Interior al día siguiente.
La minería ilegal también generó ingresos significativos para el régimen. El gobierno de Maduro se asoció con bandas conocidas como sindicatos, ayudándoles a controlar y explotar depósitos de oro a cambio de una parte de las ganancias, así como de su respaldo al controvertido reclamo de Venezuela sobre la región de Guyana llamada Esequibo.
El gobierno de Maduro delegó el control del sistema penitenciario a los pranes (jefes de prisión), quienes fueron autorizados a gobernar la vida carcelaria y gestionar las ramas criminales externas de esas organizaciones a cambio de mantener la paz y compartir las ganancias con el Estado.
Bajo Maduro, las arcas del Estado fueron saqueadas a gran escala a través de la malversación de fondos, manipulación de la moneda y el control de contratos gubernamentales, como la provisión de alimentos subsidiados, según investigaciones de InSight Crime.
Otras investigaciones periodísticas vincularon a Maduro y a miembros de su gobierno con esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones.
¿Dónde operó Nicolás Maduro?
Bajo las órdenes de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano permitió que los grupos de crimen organizado y las redes criminales operaran con impunidad en áreas clave del país.
Zonas estratégicas en los estados costeros de Venezuela se convirtieron en puntos de partida para los envíos de drogas con destino al Caribe y mercados internacionales, traficadas por redes de narcotraficantes con vínculos con actores estatales.
De manera similar, la porosa frontera con Colombia se convirtió, con el visto bueno de Maduro, en un refugio y área de operaciones para las fuerzas guerrilleras, especialmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el estado de Zulia, que limita con la estratégica región cocalera de Catatumbo en Colombia, la guerrilla colombiana-venezolana controla las rutas de tráfico de drogas. En Táchira, adyacente al departamento colombiano de Norte de Santander, el ELN ha mantenido el control sobre los flujos ilícitos transfronterizos con la ayuda de las autoridades locales, como también lo ha hecho en Apure, otra zona clave para el tráfico de drogas.
En el sur, Amazonas abarca parques naturales protegidos que son explotados ilegalmente por múltiples actores, incluyendo las fuerzas de seguridad encargadas de proteger el territorio. El estado, que limita con los departamentos colombianos de Vichada y Guainía al oeste, tiene presencia de guerrilleros del ELN y antiguos guerrilleros de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. A lo largo de la frontera sur con Brasil, operan mineros ilegales brasileños conocidos como garimpeiros. La triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela es un importante punto de tránsito de drogas, oro, minerales raros y otros productos ilícitos.
Las áreas urbanas de algunas de las principales ciudades de Venezuela —como la capital, Caracas, y Maracay en Aragua— han sido cedidas en ocasiones a grupos criminales que, en alianza con funcionarios corruptos del gobierno y la seguridad, se han establecido como autoridades paralelas, manteniendo el control social en favor del régimen y coaccionando a los ciudadanos a votar por candidatos progubernamentales, incluido el propio Maduro.
En Bolívar, al suroeste, el Arco Minero del Orinoco creado por Maduro opera bajo un sistema criminal híbrido en el cual funcionarios del Estado se alían con grupos criminales. El oro extraído en la zona termina en manos de funcionarios del gobierno, pero no llega a las arcas nacionales; en su lugar, se contrabandea en negocios oscuros que enriquecen a figuras vinculadas al régimen.
Adyacente a Bolívar se encuentra la región de Esequibo, un vasto territorio escasamente poblado y rico en minerales, que Venezuela y Guyana han disputado durante años. En 2023, Maduro reavivó la disputa sobre el Esequibo con poco éxito. Sin embargo, desde entonces, las fuerzas armadas guyanesas que custodian la región han sido atacadas varias veces por hombres armados provenientes del lado venezolano. Investigaciones de InSight Crime descubrieron que los sindicatos de Bolívar ampliaron sus operaciones mineras hacia Esequibo a principios de la década de 2020.
¿Quiénes fueron los aliados y enemigos de Nicolás Maduro?
El sistema criminal híbrido de Nicolás Maduro permitió que elementos del Estado venezolano formaran alianzas con una amplia gama de actores y redes criminales.
Las conexiones clave dentro de este sistema ocurrieron en las fuerzas de seguridad. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue un aliado crucial de Maduro en el control de las fuerzas armadas e incrustando la influencia criminal dentro de ellas. Otro militar, el ministro del Interior Diosdado Cabello, tuvo rivalidades ocasionales con Maduro, pero fue fundamental en el control de las fuerzas de seguridad y en la gestión y regulación de las fuentes de ingresos criminales, especialmente en el tráfico de drogas.
Delcy Rodríguez, quien asumió como vicepresidenta de Maduro en 2018, fue una figura política y económica clave durante años, facilitando la evasión de sanciones financieras internacionales y ayudando al saqueo de la empresa estatal petrolera PDVSA.
Los políticos que se opusieron a los intereses de Maduro o que excedieron sus límites —como el exministro de Petróleo y vicepresidente Tareck El Aissami— fueron marginados o su corrupción fue utilizada en procesos selectivos de persecución.
Maduro también desarrolló vínculos estrechos con operadores financieros como el empresario Álex Saab, quien fue implicado en negocios oscuros relacionados con el petróleo y la minería, así como en la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Saab enfrentó cargos de lavado de dinero en EE. UU. y fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos antes de ser devuelto a Venezuela en un canje de prisioneros en 2023.
En el lado criminal del sistema, Maduro mantuvo profundas alianzas con las guerrillas del ELN de Colombia y facciones disidentes de las FARC. Estos grupos han sido acusados de colaborar con los niveles más altos de su gobierno y partes de las fuerzas armadas, recibiendo supuestamente apoyo logístico y armas.
La llegada de Maduro inclinó el equilibrio de poder a favor del ELN, desplazando a las disidencias de las FARC. Esto permitió que el grupo guerrillero se expandiera a lo largo de la frontera colombo-venezolana, donde colaboran con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta relación se volvió críticamente importante para el régimen porque la disciplina y las capacidades militares del ELN consolidaron su potencial como una fuerza paramilitar, lo que podría ayudar al régimen a controlar territorios y poblaciones estratégicas, regular ciertas economías criminales y combatir a grupos criminales no deseados.
Tras la desmovilización de las FARC en 2016, las facciones disidentes continuaron operando desde antiguos bastiones dentro de Venezuela. Una facción, conocida como la Segunda Marquetalia, mantuvo vínculos con el gobierno de Maduro, cuyos líderes los recibieron públicamente después de que abandonaron el proceso de paz colombiano. Sin embargo, en los años siguientes, la influencia del grupo disminuyó tras la muerte de algunos de sus líderes.
En Apure, el gobierno de Maduro etiquetó a otra facción disidente de las FARC, el Frente 10, como terroristas en 2020 y lanzó ataques directos a su principal base de operaciones.
Estados Unidos ha alegado que el gobierno de Maduro trabajó con importantes grupos de narcotráfico, incluyendo las FARC, el ELN y organizaciones de tráfico de drogas mexicanas como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas.
Inicialmente, el Tren de Aragua recibió del régimen de Maduro su propia sede criminal en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, donde nació el grupo. Pero la banda comenzó a expandirse hacia otros países de la región, lo que generó presión internacional sobre Maduro para que tomara medidas enérgicas. En 2023, Maduro se volvió contra la organización y declaró que había sido desmantelada. Aunque algunos elementos del grupo mantienen vínculos con el Estado, la ruptura de esa alianza debilitó a la banda.
De manera similar, Maduro eventualmente perdió el control sobre las “megabandas” del país, muchas de las cuales inicialmente habían recibido sus feudos por parte de su gobierno en zonas de paz. El impulso de Maduro para reafirmar la autoridad lo llevó a atacar a los líderes de esas bandas y a desmantelar su poder en todo el país. Solo queda la banda del Tren de Llano, aunque ha sido en gran parte debilitada.
¿Cuál es el futuro de Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro sigue bajo custodia de EE. UU. a la espera del juicio. Su carrera como figura criminal está efectivamente terminada, ya que es probable que pase gran parte del resto de su vida tras las rejas en Estados Unidos.
