Venezuela asiste a un regreso que no es nostalgia, sino urgencia. A poco más de un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el movimiento estudiantil reaparece en el centro del debate público con una consigna que busca romper el hielo de la resignación: defender la democracia no admite pausa. El temor no ha desaparecido —la estructura represiva sigue allí, con su sombra larga—, pero los universitarios afirman que el país entró en una fase donde callar pesa más que hablar.
En este nuevo tablero, jóvenes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad de Los Andes (ULA) retoman la movilización, acompañan a familiares de detenidos y exigen garantías para que la transición sea real, no una promesa sin cumplimiento. Su discurso combina memoria, presión y pragmatismo: si hay espacio, se ocupa; si hay pausa en la represión, se convierte en oportunidad; si hay diálogo, debe incluir a la juventud como actor y no como decorado.
La primera exigencia: libertad y Estado de derecho
En el centro de la agenda estudiantil aparece un punto innegociable: la excarcelación de los presos políticos. Líderes universitarios insisten en que hablar de reinstitucionalización, democratización o reconciliación resulta incoherente mientras haya ciudadanos tras las rejas por expresar ideas, protestar o militar. Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, ha defendido que la recuperación del espacio público debe ir acompañada de medidas verificables, entre ellas la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Desde la ULA, Mario López subraya que el estudiantado no solo protesta por reivindicaciones gremiales, sino por derechos del país entero. En su lectura, el movimiento vuelve a levantar la voz “por quienes siguen diferentes por pensar diferente”, un guiño directo a la criminalización de la disidencia que marcó los últimos años. La libertad, repiten, no puede administrarse como favor político: es condición de legitimidad.
Memoria de la represión: el costo que aún duele
La reaparición estudiantil no ocurre en terreno neutral: carga cicatrices. Las protestas de 2014 y 2017 dejaron un saldo devastador de muertos, heridos, detenidos y familias fracturadas. La represión estatal y el accionar de colectivos armados convirtieron la protesta en un escenario de alto riesgo. Tras esos episodios, la reorganización juvenil se volvió cuesta arriba: persecución, agotamiento y exilio redujeron estructuras y vocerías.
Por eso, cuando López admite que “nos habían robado la esperanza”, no describe un estado emocional pasajero, sino un diagnóstico social. La idea de país “congelado” —sin margen para cambios— se instaló como rutina. Lo ocurrido desde enero, afirman, quebró esa percepción y abrió la posibilidad de que “pasen cosas” en poco tiempo. En esa grieta, el movimiento se reacomoda.
Una pausa táctica y una lectura estratégica
Wilmary Venal, presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB, plantea una interpretación clave: lo que se percibe como menor intensidad represiva no es concesión, sino ventana. Según su visión, desde el anuncio de excarcelaciones el 8 de enero no se han registrado detenciones arbitrarias masivas, y esa circunstancia —sin convertirla en confianza— crea un margen operativo para elevar presión y convertir la tregua en ruta de transición.
Venal lo dice con una frase que sintetiza el ánimo: no es un regalo, es una señal. Su planteamiento suma un requisito: sin garantías plenas y liberación inmediata de presos políticos, cualquier proceso pierde credibilidad. Para la dirigencia estudiantil, el punto de partida es moral y político a la vez.
Vigilias, campamentos y la solidaridad como método
El retorno juvenil no se expresa solo en consignas. Los universitarios acompañaron desde temprano a familiares de detenidos que instalaron campamentos en las cercanías de centros de reclusión, especialmente en El Rodeo I y Zona 7. Allí, explican, el activismo se volvió cotidiano: apoyo logístico, presencia constante, acompañamiento emocional. Suárez describe el cansancio de las madres como una escena que pesa en la mente, un recordatorio de que detrás de cada número hay rostro y familia.
Venal refuerza esa idea: si esas mujeres sostienen día y noche una vigilia por justicia, la juventud no puede mirar hacia otro lado. El movimiento se presenta así como una red de respaldo, no como un bloque aislado. La protesta se vuelve también cuidado, acompañamiento y testimonio.
Enfrentar al poder: la protesta vuelve a tener nombre y rostro
La reactivación estudiantil alcanzó un punto de quiebre cuando Suárez confrontó públicamente a Delcy Rodríguez en la UCV para exigir la liberación de presos políticos. La escena, en un país acostumbrado al silenciamiento, tuvo un peso simbólico: un universitario interpelando a una figura de alto nivel tras años de intimidación y ausencia de respuestas.
Suárez admite la tensión y el temor posterior por sus compañeros, pero reivindica la acción como coherencia: resultaba inaceptable, sostiene, que una autoridad recorriera espacios universitarios mientras los servicios estudiantiles colapsaban y aún había ucevistas detenidos. La protesta, en esta etapa, busca recuperar la capacidad de decir “de tú a tú” lo que durante años se dijo en susurros.
Ni culto político ni transición de fachada
En su reaparición, el estudiantado también fija límites hacia adentro. Venal rechaza el sectarismo y la idolatría: Venezuela, advierte, necesita instituciones, no cultos a la personalidad. Suárez coincide en que no participarán en procesos que dilaten garantías constitucionales. Para ellos, el aprendizaje de años recientes es claro: una transición no puede reducirse a maquillaje ni a cambio de caras que conserve lógicas autoritarias.
López añade una advertencia: no se debe pactar impunidad sin verdad ni reconocimiento a las víctimas. El movimiento insiste en controles reales, justicia y apertura política efectiva. Suárez incluso alerta sobre el riesgo de que la población normalice el sistema y desarrolle una especie de “síndrome de Estocolmo” con figuras que representan el mismo entramado de poder. No se trata, dice, de excluir por excluir, sino de garantizar competencia democrática sin criminalización de partidos.
Un país que se mide en decisiones
La convocatoria del 12 de febrero, Día de la Juventud, aparece como un hito para expresar demandas y recordarle al país que la democracia tiene costo compartido. Los dirigentes estudiantiles piden a gremios, medios y actores políticos un esfuerzo mayor: no todos deben marchar, pero sí hablar, documentar, acompañar y sostener la exigencia de libertad.
La idea final que atraviesa el discurso es sencilla y severa: el capital más rentable del autoritarismo es el miedo. Y, sin embargo, los estudiantes aseguran que ese temor ya no basta para inmovilizar. No se presentan como héroes, sino como jóvenes que estudian, trabajan, hacen colas y se niegan a normalizar lo inaceptable. Cuando el país mire atrás —dice López— cada quien tendrá que responder qué hizo mientras todo esto ocurría. En esa pregunta, la juventud ha decidido, al menos por ahora, no esconderse.
AHORA: Multitudinaria concentración en la UCV este Día de la Juventud #12Feb exigiendo la liberación de todos los presos políticos y una verdadera transciión a la democracia. pic.twitter.com/LHOtg4yB7A
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 12, 2026
Con información de El Nacional
