El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido con firmeza la operación militar estadounidense en Venezuela realizada a inicios de 2026, minimizando las críticas recibidas desde diversos países y organismos internacionales.
En una rueda de prensa conjunta reciente, Rubio declaró: «A muchos países no les gustó lo que hicimos en Venezuela. No pasa nada. Era por el interés nacional».
Esta afirmación, según reportó AlbertoNews, resume la posición de la administración Trump respecto a la acción del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Washington ha clasificado la operación como una «acción de aplicación de la ley» contra un presunto «narcoterrorista», y no como una invasión militar convencional.
La intervención se produjo tras la designación del Cartel de los Soles —que según EE.UU. era liderado por Maduro— como organización terrorista extranjera, junto con acusaciones de narcotráfico, vínculos con grupos armados y riesgos para la seguridad regional.
La detención fue ejecutada de forma rápida, sin ocupación permanente de tropas en territorio venezolano, tal como ha reiterado Rubio en audiencias ante el Congreso. Tras la captura, se instaló un gobierno interino liderado por figuras como Delcy Rodríguez, con quien la administración estadounidense ha mantenido contactos para impulsar una «transición» que incluya estabilidad, un levantamiento gradual de sanciones al sector petrolero y, eventualmente, elecciones.
VENEZUELA ESTÁ MUCHO MEJOR
Rubio ha insistido en que la operación eliminó una amenaza directa para Estados Unidos y la región, afirmando que Venezuela se encuentra ahora «mucho mejor» y cuenta con «una oportunidad y un futuro que antes no existía».
A nivel internacional, la declaración de Rubio evidencia una doctrina que prioriza los intereses nacionales estadounidenses por encima del consenso multilateral. Varios gobiernos de América Latina, junto con aliados tradicionales, han rechazado la medida por considerarla una violación del derecho internacional y una injerencia en asuntos soberanos.
La ONU y expertos en derecho han cuestionado su legalidad, mientras que potencias como Rusia y China han condenado la acción unilateral, aunque sin mayores consecuencias inmediatas. En comparecencias ante el Senado de EE.UU., Rubio ha enfatizado que no se trató de una guerra ni de una ocupación prolongada, descartando por ahora nuevas acciones militares, aunque ha advertido que podrían considerarse si el gobierno interino no coopera plenamente.
UN DICTADOR POR OTRO
Voces críticas, principalmente demócratas, han advertido que la intervención podría haber sustituido «un dictador por otro», preservando estructuras del antiguo régimen y sin abordar de fondo la crisis económica y humanitaria venezolana.
La frase de Rubio —«No pasa nada. Era por el interés nacional»— encapsula el enfoque actual de Washington: actuar de forma unilateral ante amenazas percibidas como el narcotráfico, la migración masiva o alianzas con actores adversarios.
Para sus partidarios, representa pragmatismo y decisión; para sus opositores, un regreso al intervencionismo que podría dañar la credibilidad estadounidense en el hemisferio.
Solo el tiempo revelará si esta estrategia logra una estabilidad duradera o genera nuevos conflictos en América Latina. Por el momento, el mensaje desde la Casa Blanca es contundente: el interés nacional está por encima de todo.
