Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos elevaron su voz ante el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que actualmente debate la Asamblea Nacional. Aunque reconocen la importancia de cualquier iniciativa que pueda abrir la puerta a la liberación de personas detenidas por razones políticas, advierten que el instrumento legal no debe convertirse en un mecanismo que consolide arbitrariedades ni bloquee el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Provea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal coincidieron en que el texto debe ajustarse estrictamente a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Para estas organizaciones, el desafío no es solo excarcelar, sino evitar que la norma termine legitimando prácticas que han sido cuestionadas durante años.
Observaciones al texto en discusión
Tras la más reciente jornada parlamentaria, Justicia, Encuentro y Perdón señaló que no se evidenciaron transformaciones de fondo en la redacción del proyecto, más allá de la inclusión de principios constitucionales que ya resultan obligatorios. A juicio de esta organización, el articulado aún requiere ajustes sustanciales que aseguren inclusión plena y prevengan cualquier forma de revictimización.
Las ONG sostienen que una ley de estas características debe reconocer explícitamente el daño ocasionado a las víctimas y establecer mecanismos claros de reparación integral. No se trata únicamente de cerrar procesos judiciales, sino de asumir responsabilidades y restituir derechos vulnerados.
En ese contexto, recalcaron que el instrumento debe contemplar garantías efectivas de no repetición, evitando que situaciones similares puedan reproducirse en el futuro bajo nuevas coyunturas políticas.
Liberaciones urgentes más allá del debate legislativo
Las organizaciones recordaron que, independientemente del curso parlamentario, existen personas privadas de libertad cuya situación requiere atención inmediata. Entre ellas mencionan al menos 60 detenidos con graves condiciones de salud, un adolescente, tres personas dentro del espectro autista, 22 adultos mayores y al menos 122 mujeres.
Además, subrayaron que hay casos de condenas ya cumplidas y numerosos expedientes susceptibles de revisión mediante la aplicación de normas procesales vigentes. Desde su perspectiva, la excarcelación no debería depender exclusivamente del avance de la ley en discusión.
“La liberación no puede estar supeditada a los tiempos del Parlamento”, han reiterado voceros de estas organizaciones, insistiendo en que existen herramientas jurídicas actuales que permitirían decisiones inmediatas.
Provea y Clippve recordaron que el anuncio oficial de la amnistía, realizado el 30 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se produjo tras meses de presión ciudadana y exigencias públicas. También cuestionaron que las liberaciones anunciadas previamente se hayan producido de manera gradual y sin suficiente información oficial, lo que —afirman— ha prolongado la angustia de familiares.
El derecho a la verdad y la reparación
Otro de los puntos centrales planteados por las ONG es que una ley de amnistía no puede obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido ni cerrar la posibilidad de sancionar violaciones graves de derechos humanos.
Han recordado denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y vulneraciones sistemáticas al debido proceso, especialmente en el contexto posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Desde esta óptica, cualquier normativa debe evitar convertirse en un blindaje que impida investigar responsabilidades.
Foro Penal, organización que encabeza la defensa de detenidos por razones políticas, señaló que la ciudadanía deberá evaluar si el instrumento representa un avance real o un retroceso. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, llamó a mantener la movilización cívica y la vigilancia social frente al contenido definitivo del texto.
Según cifras de esta ONG, actualmente existen más de 600 personas catalogadas como presos políticos, aunque el Ejecutivo rechaza esa denominación.
Un debate legislativo con tensiones
El proyecto, aprobado en primera discusión, contempla hechos ocurridos desde 1999, pero delimita su aplicación a diez coyunturas específicas, entre ellas los sucesos de abril de 2002 y las protestas posteriores a los comicios presidenciales de 2024.
En la sesión más reciente, la Asamblea Nacional avanzó hasta el artículo sexto, pero decidió aplazar el segundo y último debate para la próxima semana debido a diferencias en torno a un artículo que exige a procesados y condenados presentarse ante la justicia.
La propuesta aún puede ser modificada durante la discusión parlamentaria. En caso de ser sancionada, deberá remitirse al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.
El debate coincidió con movilizaciones en Caracas por el Día de la Juventud y con la visita oficial del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, lo que añade un componente político adicional a la coyuntura.
Entre la expectativa y la cautela
Las organizaciones insisten en que la amnistía no debe interpretarse como un acto de gracia del Estado, sino como el reconocimiento de que muchas detenciones fueron arbitrarias y producto del ejercicio legítimo de libertades fundamentales como la expresión, la asociación y la manifestación pacífica.
En medio de un clima de expectativas y reservas, el futuro del proyecto dependerá tanto de las modificaciones que se introduzcan como de la voluntad política para garantizar que la ley contribuya realmente a la convivencia democrática, sin sacrificar los derechos de quienes han sido víctimas de violaciones.
Para las ONG, el reto es claro: liberar sin olvidar, reconciliar sin encubrir y avanzar sin renunciar a la justicia.
NOTA PÚBLICA | Persiste la incertidumbre y la revictimización a una semana de la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía en Venezuela
Han transcurrido siete días desde que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un texto que no fue presentado públicamente…
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 12, 2026
Con información El Nacional
