Tareck El Aissami pidió un juicio público en el caso Pdvsa-Cripto y solicitó al Tribunal Tercero de Terrorismo con funciones de Juicio que permita el acceso de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos a las audiencias.
El exministro de Petróleo sostuvo que la transparencia representa la única vía para comprobar la solidez de las acusaciones, proteger el debido proceso y abrir el expediente al escrutinio nacional. Su petición llegó durante la audiencia número 8 del acto de apertura de juicio, celebrada el 8 de mayo de 2026, según reportes de prensa.
Juicio público para revisar las acusaciones
El Aissami colocó la transparencia en el centro de su declaración. Ante el tribunal, pidió que el proceso deje de desarrollarse bajo restricciones y que la ciudadanía pueda conocer el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público. Su argumento apunta a una idea concreta: si el caso representa, como han afirmado voceros oficiales, uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela, entonces el país debería seguir cada etapa con acceso claro a la información.
El exfuncionario pidió a la jueza que “abra las puertas del tribunal” y permita que cualquier persona interesada pueda seguir el expediente. También solicitó la publicación íntegra de la acusación para que los ciudadanos evalúen directamente las pruebas y los señalamientos. En su intervención, afirmó que el acceso público permitiría comprender lo que calificó como inconsistencias del caso.
Su solicitud ocurre en un proceso de alto impacto político y económico. El caso Pdvsa-Cripto involucra presuntas irregularidades en operaciones petroleras, criptoactivos y empresas públicas. Además, toca a figuras que ocuparon cargos clave dentro del aparato estatal venezolano. Por esa razón, el juicio no solo interesa a los acusados y a sus defensas; también afecta la confianza ciudadana en las instituciones, la administración de recursos públicos y la capacidad del sistema judicial para manejar expedientes sensibles.
El Aissami insistió en que no tiene nada que ocultar. Según su versión, tanto él como otros procesados quieren que el expediente llegue a la opinión pública. Ese punto marca una estrategia clara de defensa: trasladar el debate desde el tribunal hacia el terreno de la transparencia institucional. Al pedir cámaras, periodistas y acceso ciudadano, el exministro intenta convertir el juicio en una prueba para el propio sistema de justicia.
Defensa denuncia aislamiento y falta de garantías
Durante su declaración, El Aissami también habló sobre sus condiciones de reclusión. Aseguró que pasó más de dos años incomunicado y sin acceso efectivo a abogados de confianza. Además, denunció presuntas torturas, aislamiento prolongado, falta de atención médica y violaciones a sus derechos fundamentales. Estas afirmaciones forman parte de su versión y requieren investigación independiente, porque involucran señalamientos graves contra funcionarios y organismos de seguridad.
El exministro responsabilizó a figuras del sistema judicial y de cuerpos de inteligencia por esas presuntas irregularidades. Medios venezolanos también reseñaron que señaló a Tarek William Saab y a funcionarios vinculados con el caso. Hasta el momento de esos reportes, ni el Ministerio Público ni Saab habían respondido públicamente a esas acusaciones.
La defensa busca instalar un punto central: no basta con discutir las acusaciones económicas si el proceso arrastra dudas sobre las condiciones de detención, la asistencia legal y el trato a los imputados. En cualquier causa penal, el debido proceso exige que los acusados puedan conocer el expediente, contar con defensa adecuada, presentar pruebas, controvertir señalamientos y declarar sin presiones.
El Aissami agradeció al tribunal la posibilidad de exponer su versión después de un largo periodo sin declaraciones públicas. También pidió a la jueza actuar con independencia y apego a la ley. Su frase “no puede haber reconciliación sin justicia” intentó presentar el caso como un asunto que supera su situación personal y toca una discusión más amplia sobre institucionalidad.
El tono de su intervención combinó defensa jurídica, reclamo político y denuncia de derechos humanos. Por un lado, rechazó las acusaciones y pidió que el país conozca el expediente. Por otro, denunció presuntas violaciones durante su reclusión. Finalmente, apeló a la idea de justicia como condición para recuperar la confianza pública.
Pdvsa-Cripto mantiene presión sobre el sistema judicial
El caso Pdvsa-Cripto estalló como uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Venezuela. En abril de 2024, las autoridades anunciaron la detención de Tareck El Aissami, del exministro de Finanzas Simón Zerpa y del empresario Samark López dentro de una investigación por presunta corrupción en Pdvsa. La Fiscalía venezolana los vinculó entonces con delitos como traición, legitimación de capitales, asociación y desvío de fondos públicos, según informó Reuters en ese momento.
El proceso avanzó lentamente y llegó a juicio en 2026, tres años después de que el escándalo saliera a la luz. Transparencia Venezuela reportó que 64 personas figuran dentro del expediente y que el juicio comenzó ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, con competencia en casos asociados al terrorismo. La organización también advirtió que el proceso se ha desarrollado en un marco de opacidad, sin información suficiente del Ministerio Público ni del Tribunal Supremo de Justicia.
Esa falta de información aumenta la relevancia de la solicitud de El Aissami. El caso involucra recursos públicos, operaciones petroleras y una acusación de gran magnitud. Por eso, el acceso a datos verificables resulta esencial para que la sociedad entienda qué ocurrió, quiénes participaron, cuánto dinero se perdió y qué pruebas sustentan la acusación.
Transparencia Venezuela señaló que la acusación del Ministerio Público supera las 1.700 páginas y estima un daño patrimonial de más de 5.550 millones de dólares, aunque otras estimaciones elevan la cifra. Esa diferencia entre montos, versiones y responsabilidades refuerza la necesidad de claridad documental.
El juicio también representa una prueba para el discurso anticorrupción del Estado venezolano. Si las autoridades sostienen que investigan una trama de grandes dimensiones, deben mostrar pruebas, procedimientos claros y garantías para todas las partes. Un proceso cerrado alimenta dudas, abre espacio a versiones contradictorias y reduce la confianza en las decisiones judiciales.
La petición de El Aissami no resuelve el fondo del caso, pero sí plantea una exigencia concreta: que el expediente salga del silencio institucional y pase al control público. Un juicio abierto permitiría observar la actuación de fiscales, jueces, defensores y testigos. También permitiría evaluar si la acusación tiene sustento o si la defensa logra demostrar irregularidades.
Por ahora, el exministro mantiene su inocencia y afirma que nunca existió una investigación objetiva sobre los señalamientos en su contra. El tribunal deberá decidir si acepta o no su solicitud de mayor publicidad. Mientras tanto, el caso Pdvsa-Cripto seguirá bajo la mirada de sectores políticos, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos que exigen respuestas sobre uno de los expedientes más importantes de la historia reciente venezolana.
Con información de El Nacional
