El asilo en España continúa estrechamente vinculado a la realidad migratoria venezolana. Durante 2025, los ciudadanos procedentes de Venezuela representaron el 59 % de todas las solicitudes de protección internacional presentadas en territorio español, consolidándose una vez más como el principal grupo nacional que busca refugio en el país europeo. Aunque el volumen total de peticiones disminuyó respecto a años anteriores, el protagonismo de los venezolanos dentro del sistema de acogida se mantuvo intacto y reflejó la persistencia de factores políticos, económicos y sociales que siguen impulsando la salida de miles de personas de su país de origen.
Los datos forman parte del informe anual presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado. El documento ofrece una radiografía detallada del panorama migratorio y de protección internacional en España durante el último año, al tiempo que plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta institucional y sobre los efectos que han tenido los recientes cambios normativos en materia de extranjería.
Asilo en España mantiene a los venezolanos como principal grupo solicitante
Las cifras revelan una realidad contundente. De las 144.396 solicitudes de protección internacional registradas durante 2025, más de la mitad correspondieron a ciudadanos venezolanos. Ninguna otra nacionalidad alcanzó un peso similar dentro del sistema de asilo español.
Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere una relevancia especial en un contexto marcado por la disminución general de solicitudes. Mientras otros grupos nacionales redujeron considerablemente su presencia dentro de las estadísticas, los venezolanos conservaron una participación dominante en el conjunto de peticiones.
La reducción más notable ocurrió entre los ciudadanos colombianos, cuyas solicitudes descendieron un 64 % en comparación con períodos anteriores. También se registraron caídas significativas entre personas procedentes de Perú y Senegal, lo que contribuyó al descenso global de expedientes presentados ante las autoridades españolas.
Pese a esta reducción, España continuó ocupando una posición destacada dentro de la Unión Europea. El país se ubicó como el tercer receptor de solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania y Francia, dos de las naciones que históricamente han concentrado gran parte de los flujos migratorios hacia el continente.
La situación venezolana explica buena parte de este comportamiento estadístico. Durante los últimos años, España se convirtió en uno de los destinos preferidos para quienes abandonan Venezuela debido a factores como el idioma común, los vínculos históricos y culturales, la existencia de amplias comunidades migrantes y las facilidades de integración que ofrece el país.
Sin embargo, el elevado número de solicitudes no se traduce necesariamente en un mayor reconocimiento de la condición de refugiado. Precisamente ese aspecto constituye uno de los principales puntos de debate dentro del sistema español de protección internacional.
Reconocimiento limitado y nuevas normas generan preocupación
Aunque España figura entre los países europeos que reciben más solicitudes de asilo, también aparece entre aquellos que menos protección conceden. Según los datos presentados por CEAR, únicamente el 11 % de los solicitantes obtuvo una resolución favorable durante el período analizado.
La cifra sitúa al país entre los sistemas más restrictivos de la Unión Europea en términos de reconocimiento. Solo Croacia y Chipre presentan porcentajes inferiores dentro del bloque comunitario.
Este escenario genera preocupación entre organizaciones especializadas en derechos humanos y asistencia a refugiados. Diversos colectivos consideran que la baja tasa de aprobación deja en situación de vulnerabilidad a miles de personas que esperan una respuesta sobre su futuro mientras intentan reconstruir sus vidas.
El debate se intensificó tras la entrada en vigor de la reforma del reglamento de extranjería en mayo de 2025. La modificación introdujo cambios relevantes para quienes permanecen en territorio español mientras esperan una decisión sobre sus solicitudes de protección internacional.
La nueva normativa establece que el tiempo transcurrido durante la tramitación de una petición de asilo no computa para futuros procesos de regularización mediante la figura del arraigo. Esta disposición alteró las expectativas de muchos migrantes que aspiraban a regularizar su situación a largo plazo aprovechando los años de residencia acumulados en España.
CEAR y otras organizaciones recurrieron la medida ante el Tribunal Supremo al considerar que genera efectos perjudiciales para miles de personas. Según la entidad, la reforma ha provocado desistimientos de solicitudes, archivos masivos de expedientes y situaciones de irregularidad sobrevenida para quienes no logran obtener protección ni acceder a mecanismos alternativos de regularización.
Los expertos advierten que estas circunstancias pueden incrementar la inseguridad jurídica y dificultar los procesos de integración social y laboral. También señalan que la incertidumbre afecta especialmente a quienes han establecido vínculos familiares y comunitarios durante su estancia en el país.
Menos llegadas irregulares transforman el panorama migratorio europeo
El informe de CEAR también analiza la evolución de los flujos migratorios hacia España y destaca un descenso significativo en las llegadas irregulares registradas durante 2025.
Las entradas por rutas no autorizadas disminuyeron un 46 %, una reducción que refleja cambios importantes en la gestión de las fronteras y en las dinámicas migratorias internacionales. Según la organización, este comportamiento responde en gran medida al fortalecimiento de los controles implementados por países de tránsito y origen.
El caso de las Islas Canarias resulta especialmente ilustrativo. Durante los últimos años, este archipiélago se convirtió en uno de los principales puntos de llegada para miles de migrantes procedentes de África occidental. Sin embargo, el refuerzo de las acciones de vigilancia por parte de países como Senegal y Mauritania contribuyó a reducir significativamente el flujo de embarcaciones hacia las costas canarias.
Mientras tanto, otras rutas experimentaron un comportamiento diferente. El trayecto hacia las Islas Baleares registró un aumento de personas procedentes de Somalia, Mali y Guinea-Conakri. Estas travesías presentan elevados niveles de riesgo debido a las largas distancias, las condiciones marítimas adversas y la precariedad de muchas embarcaciones utilizadas durante los desplazamientos.
Otro dato relevante del informe se relaciona con la presencia de menores no acompañados. CEAR señala que aproximadamente el 15 % de quienes llegan por vías irregulares son niños y adolescentes que realizan el viaje sin la compañía de familiares adultos. Esta situación plantea importantes desafíos para los sistemas de acogida, protección infantil e integración social.
Las organizaciones humanitarias consideran que la reducción de las llegadas no debe interpretarse necesariamente como una disminución de las necesidades de protección internacional. Por el contrario, advierten que muchas personas continúan enfrentando situaciones de violencia, persecución o vulnerabilidad, aunque encuentren mayores obstáculos para acceder a rutas migratorias seguras.
En este contexto, el protagonismo de los venezolanos dentro del sistema de asilo español refleja una realidad que sigue marcando la agenda migratoria europea. Mientras las solicitudes disminuyen y las políticas de control se fortalecen, miles de personas continúan buscando mecanismos legales para obtener protección y construir una nueva vida lejos de los conflictos, las crisis y las dificultades que los obligaron a abandonar sus hogares. El reto para España consistirá en equilibrar la gestión migratoria con la garantía efectiva de los derechos de quienes acuden a su territorio en busca de seguridad y oportunidades.
Con información de EFE
