El terremoto en Colombia elevó a 285 la cifra de personas fallecidas, mientras los organismos de emergencia mantienen la búsqueda de 379 desaparecidos en las regiones afectadas. El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también registra 3.975 heridos, más de 102.000 damnificados y miles de viviendas destruidas o con daños después del movimiento de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes.
La UNGRD divulgó este viernes la actualización del impacto humano y material de la tragedia. Los datos muestran que la emergencia conserva una dimensión nacional, pues el sismo provocó afectaciones en 426 municipios de 15 departamentos y comprometió infraestructura esencial para el funcionamiento de numerosas comunidades.
El epicentro se ubicó en San José del Palmar, municipio del departamento del Chocó, en la región del Pacífico. Desde allí, la energía sísmica se propagó hacia el centro, el oeste y el suroeste del territorio, con consecuencias particularmente graves en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.
Las autoridades consideran este movimiento como el más fuerte que ha registrado Colombia en lo que va del siglo. Su intensidad y extensión causaron pérdidas humanas, colapsos estructurales, interrupciones en los servicios públicos y dificultades de movilidad que todavía limitan la atención de algunas localidades.
Los equipos nacionales e internacionales trabajan contra el tiempo para localizar sobrevivientes, evacuar heridos y llegar a comunidades apartadas. Según el informe oficial, las brigadas han rescatado a 354 personas desde que comenzó la emergencia, una cifra que mantiene la esperanza entre quienes aún no reciben noticias de sus familiares.
Terremoto en Colombia afecta a más de 102.000 personas
La actualización de la UNGRD contabiliza 102.262 ciudadanos afectados, pertenecientes a 45.523 familias. Esta población enfrenta diferentes niveles de daño: algunas personas perdieron completamente sus hogares, otras abandonaron las construcciones por precaución y muchas necesitan alimentos, agua, medicamentos o alojamiento temporal.
La cifra permite dimensionar el desafío humanitario. Cada grupo familiar requiere una evaluación que determine sus necesidades inmediatas y las soluciones que necesitará durante la recuperación. Los organismos de socorro deben atender de manera prioritaria a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.
La destrucción de 12.828 viviendas dejó a miles de habitantes sin un lugar al cual regresar. Las familias buscan refugio en albergues, carpas, espacios públicos o casas de parientes, mientras los técnicos inspeccionan los sectores afectados y delimitan las áreas que presentan riesgo de nuevos colapsos.
La UNGRD también reportó 73.455 inmuebles averiados. La entidad redujo este registro frente al cálculo anterior de 74.873 porque los grupos de ingeniería continúan realizando verificaciones presenciales. Las visitas permiten diferenciar entre daños superficiales, afectaciones estructurales y construcciones que no ofrecen condiciones seguras.
Esta variación no significa que cientos de hogares hayan superado el impacto del temblor. El ajuste responde a la revisión de los datos preliminares, que las autoridades recopilaron durante las primeras horas mediante reportes ciudadanos y balances de las administraciones locales.
Ingenieros y arquitectos revisan columnas, muros, techos, escaleras, cimentaciones y conexiones de servicios. Después de cada inspección, clasifican las propiedades y determinan si los residentes pueden regresar, si necesitan reparaciones o si deben abandonar definitivamente el lugar.
Las réplicas aumentan la preocupación. Un nuevo movimiento puede agravar las grietas y debilitar elementos que perdieron resistencia durante el evento principal. Por esa razón, los especialistas recomiendan evitar el ingreso a edificios que no cuenten con una valoración técnica.
La extensión territorial de los daños complica la respuesta. Los 426 municipios afectados representan aproximadamente el 38 % de los 1.103 que conforman Colombia. Esa proporción obliga a distribuir personal, maquinaria, alimentos y recursos médicos entre numerosas zonas al mismo tiempo.
Las comunidades rurales afrontan obstáculos adicionales. Los deslizamientos, las grietas en las carreteras y el deterioro de los puentes dificultan el acceso terrestre. Algunas brigadas necesitan utilizar rutas alternas, embarcaciones o apoyo aéreo para trasladar insumos y evacuar pacientes.
Cali, Pereira y varias poblaciones del Chocó concentran una parte importante de los fallecidos y heridos. En estas zonas, los hospitales reciben pacientes con traumatismos, fracturas, lesiones provocadas por objetos y cuadros de ansiedad derivados de la experiencia.
Los familiares de los desaparecidos permanecen cerca de los puntos de búsqueda. Allí entregan fotografías, datos personales y descripciones que pueden facilitar la identificación. El paso de las horas incrementa la angustia, aunque cada rescate alimenta la expectativa de encontrar nuevas señales de vida.
Escuelas, hospitales y servicios públicos sufren graves daños
El impacto del terremoto no se limita a las viviendas. La UNGRD identificó afectaciones en 2.205 centros educativos, una situación que interrumpe las clases y obliga a las autoridades a buscar espacios provisionales para miles de estudiantes.
Cada institución requiere una inspección antes de reanudar sus actividades. Las autoridades educativas deben comprobar la estabilidad de aulas, corredores, escaleras, laboratorios y zonas comunes. También necesitan revisar las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas para prevenir accidentes.
En algunos municipios, los colegios que conservaron condiciones adecuadas funcionan ahora como albergues o centros de recepción de ayuda. Esta utilización resulta necesaria durante la emergencia, pero puede retrasar el regreso de los alumnos y alterar el calendario académico.
Los daños escolares tienen consecuencias que van más allá de las clases. Muchas instituciones ofrecen alimentación, orientación y protección a niños de hogares vulnerables. Cuando cierran, las familias pierden una red de apoyo fundamental en medio de la crisis.
El informe registra además 240 centros de salud afectados. Hospitales, clínicas y puestos médicos enfrentan la emergencia mientras revisan sus propias estructuras, una combinación que aumenta la presión sobre trabajadores y pacientes.
Algunos establecimientos trasladaron servicios a carpas o espacios seguros. Otros remitieron a los heridos hacia municipios cercanos para evitar la sobrecarga. La atención de lesiones graves exige quirófanos, equipos de diagnóstico, medicamentos, sangre y personal especializado.
El sismo también causó el colapso de 121 edificios. Las brigadas concentran allí una parte de sus operaciones porque las estructuras de varios pisos pueden ocultar espacios donde aún permanezcan personas atrapadas. Los rescatistas avanzan con cautela para evitar desplazamientos de concreto o metal.
Los especialistas emplean perros entrenados, cámaras, sensores acústicos y herramientas de corte. Cuando detectan un posible indicio, detienen la maquinaria pesada y reducen el ruido para escuchar golpes, voces o movimientos bajo los restos.
La catástrofe afectó 44 puentes, lo que dificulta la movilidad de ambulancias, camiones y equipos técnicos. Los ingenieros evalúan la estabilidad de cada paso antes de autorizar el tránsito, pues una fisura puede comprometer la capacidad de soportar vehículos pesados.
El daño en 73 acueductos representa otro riesgo. La interrupción del suministro obliga a transportar agua mediante carrotanques, depósitos y botellas. Además, las autoridades sanitarias deben vigilar su calidad para prevenir enfermedades gastrointestinales.
El restablecimiento de estos sistemas requiere localizar rupturas, reparar tuberías y verificar las plantas de tratamiento. En lugares donde la infraestructura sufrió daños extensos, la solución puede tardar varios días o semanas.
Las afectaciones en escuelas, centros médicos, puentes y acueductos revelan la magnitud de la tarea que enfrentará Colombia. El país no solo deberá construir hogares, sino también recuperar las redes que permiten estudiar, recibir atención sanitaria, movilizarse y acceder a agua segura.
La coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías resultará decisiva. Cada administración necesita actualizar sus necesidades, priorizar las intervenciones y evitar que las ayudas se concentren únicamente en las ciudades con mayor atención mediática.
Brigadas mantienen la búsqueda en las regiones más golpeadas
La localización de los 379 desaparecidos continúa como una prioridad. Rescatistas colombianos y grupos internacionales trabajan en edificios colapsados, barrios destruidos y comunidades cercanas al epicentro con la esperanza de hallar sobrevivientes.
Las 354 personas rescatadas hasta el momento demuestran la importancia de mantener activas las operaciones. Cada procedimiento requiere coordinación, experiencia y paciencia, pues una maniobra incorrecta puede poner en riesgo tanto a las víctimas como al personal de emergencia.
Las autoridades organizan los equipos por sectores y asignan tareas según la complejidad de cada estructura. Unos grupos remueven materiales, otros estabilizan paredes y varios mantienen contacto con las familias para recopilar información.
Los socorristas también afrontan cansancio físico y presión emocional. Muchos cumplen jornadas prolongadas, observan escenas traumáticas y acompañan a ciudadanos que esperan noticias. Los responsables de la operación deben establecer relevos para conservar la seguridad y eficacia del trabajo.
La participación internacional aporta personal especializado, tecnología y experiencia en terremotos. Sin embargo, el Gobierno debe integrar a estas brigadas dentro de un mando coordinado para distribuirlas en los puntos donde puedan ofrecer mayor apoyo.
Mientras continúa la búsqueda, los organismos humanitarios entregan comida, elementos de higiene, cobijas y medicamentos. Las comunidades también organizan redes solidarias para compartir recursos, habilitar cocinas y ayudar a quienes perdieron sus pertenencias.
La actualización constante de las cifras cumple una función esencial. Un registro preciso permite orientar las decisiones, calcular los insumos necesarios y evitar que alguna población quede fuera de los programas de asistencia.
El balance podría cambiar a medida que los equipos ingresen a lugares incomunicados, identifiquen a las víctimas y revisen los reportes de desaparecidos. La UNGRD deberá contrastar la información proveniente de hospitales, alcaldías, organismos forenses y grupos de búsqueda.
Colombia enfrenta dos tareas simultáneas. La primera consiste en salvar vidas y atender a quienes necesitan asistencia inmediata. La segunda implica preparar una recuperación capaz de reconstruir viviendas, servicios públicos e infraestructura social.
El aumento a 285 fallecidos confirma la gravedad de una tragedia que todavía no concluye. Para las familias de los 379 desaparecidos, cada hora transcurre entre el temor y la esperanza. Las brigadas mantienen su trabajo mientras el país concentra esfuerzos en encontrar sobrevivientes, proteger a los damnificados y comenzar una reconstrucción que alcanzará a cientos de municipios.
Con información de EFE
