Los desaparecidos por los terremotos del pasado 24 de junio ascienden a 1.579 en el estado La Guaira, según el primer balance regional presentado por el gobernador José Alejandro Terán desde el inicio de la emergencia. La cifra, actualizada hasta el 3 de agosto, surge de un censo que recopiló información directa de 35.991 hogares afectados.
El nuevo registro supera ampliamente el reporte nacional divulgado un día después de los sismos, cuando el gobierno interino informó sobre 157 personas sin localizar. Aunque las autoridades regionales consideran que esta base de datos ofrece el cálculo más sólido hasta el momento, los registros ciudadanos mantienen una diferencia significativa y reflejan la incertidumbre que todavía enfrentan miles de familias.
Desaparecidos por los terremotos suman 1.579 en el primer balance regional de La Guaira
El gobernador José Alejandro Terán informó durante una entrevista con Caracol Radio que las autoridades de La Guaira contabilizaron 1.579 personas desaparecidas después de revisar los datos suministrados por las familias durante un censo regional.
El levantamiento de información incluyó 35.991 hogares y permitió construir una base de datos actualizada hasta el 3 de agosto. Según explicó el mandatario, el registro adquiere especial relevancia porque proviene directamente de los familiares y no únicamente de denuncias generales, publicaciones en redes sociales o estimaciones realizadas durante las primeras horas de la emergencia.
“Hemos recibido la información de 35.991 hogares. Esto nos da, hasta el día de ayer, 1.579 personas desaparecidas”, señaló Terán.
El gobernador calificó el resultado como la base más sólida elaborada hasta ahora sobre ciudadanos cuyo paradero sigue sin confirmarse. El proceso permitió recopilar nombres, datos personales, lugares de residencia y referencias familiares que podrían ayudar a cruzar información con hospitales, refugios, morgues y centros de atención.
El reporte representa la primera actualización oficial difundida por las autoridades regionales desde que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el norte de Venezuela y causaron una destrucción especialmente grave en La Guaira.
Durante las primeras horas posteriores al desastre, las instituciones concentraron sus esfuerzos en rescatar sobrevivientes, atender heridos, trasladar pacientes y remover estructuras colapsadas. En ese contexto, la construcción de una lista precisa resultaba difícil debido a las interrupciones en las comunicaciones, el desplazamiento de familias y la falta de acceso a varias zonas.
La nueva cifra evidencia que el número inicial de desaparecidos quedó rápidamente superado por la magnitud de la tragedia. El 25 de junio, un día después de los movimientos sísmicos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez informó que 157 personas permanecían en paradero desconocido.
Desde entonces, ese dato no había recibido una actualización pública a escala nacional. La ausencia de nuevos reportes alimentó las críticas de familiares, organizaciones civiles y plataformas ciudadanas que exigían una base centralizada para conocer cuántas personas aparecieron con vida, cuántas fallecieron y cuántas continúan sin localizar.
El censo de La Guaira constituye un avance en esa dirección, aunque todavía no resuelve todas las dudas. Las autoridades deberán comparar cada nombre con los registros hospitalarios, las listas de víctimas identificadas, los cuerpos sin reconocimiento y las personas que abandonaron temporalmente las zonas afectadas.
También tendrán que verificar posibles duplicaciones, nombres mal escritos o casos de ciudadanos que recuperaron el contacto con sus familias después de completar el formulario.
La diferencia con los registros ciudadanos revela la dificultad de medir la tragedia
La cifra presentada por la Gobernación de La Guaira difiere de manera considerable de los datos recopilados por la plataforma ciudadana desaparecidosterremotovenezuela.com.
El portal asegura haber recibido 82.577 reportes relacionados con aproximadamente 44.418 personas únicas. De acuerdo con su balance, 29.518 ciudadanos todavía no han establecido contacto con sus familiares, mientras otros 14.900 ya fueron localizados.
La diferencia entre ambos registros no significa necesariamente que uno de ellos resulte incorrecto. Cada sistema utiliza métodos distintos y puede abarcar territorios, períodos o fuentes de información diferentes.
El censo regional se concentra en los hogares consultados dentro de La Guaira y depende de los datos aportados directamente por las familias. La plataforma ciudadana, en cambio, recibe denuncias de usuarios desde distintos lugares y puede incluir personas que se encontraban de visita, turistas, trabajadores, residentes de otros estados o ciudadanos reportados por varios familiares.
Los registros abiertos también pueden acumular duplicaciones. Una misma persona puede aparecer en diferentes formularios si la buscan varios parientes, amigos o conocidos. Además, algunos casos resueltos pueden mantenerse activos cuando nadie actualiza la información.
Sin embargo, la cantidad de reportes recibidos por la iniciativa ciudadana demuestra la dimensión de la incertidumbre. Miles de familias acudieron a herramientas no oficiales ante la falta de una plataforma gubernamental que permitiera registrar casos, consultar listas y recibir actualizaciones.
La Guaira recibió durante el día feriado a visitantes procedentes de Caracas y otras regiones. Numerosas personas se hospedaban en hoteles, apartamentos alquilados o viviendas de familiares, por lo que no necesariamente aparecían en los censos habituales de residentes.
Esa movilidad dificulta establecer cuántos ciudadanos se encontraban en las zonas destruidas en el momento de los terremotos. También complica el trabajo de las autoridades cuando los familiares desconocen la dirección exacta donde permanecía la persona buscada.
Otro desafío corresponde al traslado de sobrevivientes. Durante la emergencia, ambulancias, vehículos particulares y equipos de rescate movilizaron heridos hacia hospitales de Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo.
Algunos pacientes ingresaron sin documentos o con dificultades para comunicarse. Si los centros médicos no compartieron la información de manera inmediata, sus familiares pudieron mantenerlos dentro de las listas de desaparecidos.
La misma situación pudo ocurrir con personas que llegaron a refugios, se trasladaron hacia otras comunidades o quedaron incomunicadas por la caída de las redes telefónicas.
Por esa razón, la depuración de la base requiere una coordinación amplia entre gobernaciones, hospitales, cuerpos de seguridad, morgues, cementerios, refugios y organizaciones civiles.
Las familias esperan un registro público que permita seguir cada caso
El nuevo balance regional representa un paso importante, pero las familias necesitan más que una cifra general. Cada caso requiere seguimiento individual y una respuesta que permita conocer si la persona apareció con vida, recibió atención médica o forma parte de las víctimas fallecidas.
Una base pública debería ofrecer mecanismos de consulta sin exponer información sensible. Los familiares podrían ingresar nombres, números de identificación u otros datos para verificar si existe algún registro asociado.
Las autoridades también podrían publicar informes periódicos que indiquen cuántos casos permanecen abiertos, cuántos fueron resueltos y cuántas personas se incorporaron a las listas de fallecidos.
La transparencia resulta fundamental para evitar rumores y versiones contradictorias. Durante las semanas posteriores a los terremotos, circularon listas incompletas, fotografías, mensajes y denuncias que muchas veces no contaban con confirmación institucional.
Ante la falta de información, los familiares recorrieron hospitales, morgues y refugios por su cuenta. Algunos viajaron entre estados, mostraron fotografías y revisaron registros improvisados con la esperanza de encontrar algún indicio.
Esta búsqueda genera un impacto emocional profundo. Mientras no exista una confirmación, las familias permanecen entre la esperanza de un rescate y el temor de recibir una noticia definitiva.
El registro presentado por Terán también obliga a revisar el balance nacional. Si una sola entidad contabiliza 1.579 desaparecidos, la cifra de 157 informada inicialmente ya no representa la dimensión actual de la emergencia.
El Gobierno deberá explicar cómo integrará la información regional con los datos de otros estados y con los registros de las instituciones nacionales. También tendrá que aclarar si publicará una actualización consolidada.
La comparación con la plataforma ciudadana muestra la necesidad de abrir canales de cooperación. Las autoridades podrían recibir sus bases de datos, identificar duplicaciones y cruzar los nombres con expedientes oficiales.
Las organizaciones civiles, por su parte, pueden aportar información recopilada durante semanas y ayudar a mantener el contacto con las familias.
El objetivo no debería centrarse en una competencia entre cifras, sino en localizar a cada persona y determinar qué ocurrió después del desastre.
Para lograrlo, el Estado necesita integrar datos provenientes de hospitales, registros forenses, centros de acogida, equipos de rescate y organismos policiales.
También debe mantener la trazabilidad de los cuerpos recuperados, especialmente cuando todavía no existe una identificación plena. Cada código forense debe relacionarse con el lugar del hallazgo, las características físicas, las fotografías, las huellas, los estudios odontológicos y las muestras de ADN.
Esa información puede resolver casos que hoy permanecen dentro de la lista de desaparecidos.
La cifra de 1.579 personas representa un avance frente al silencio institucional que acompañó las semanas posteriores a los terremotos, pero también confirma que la emergencia sigue abierta para centenares de familias.
El balance no termina con la publicación de un número. A partir de ahora, las autoridades deben explicar cómo verificarán cada registro, qué organismos participarán en la búsqueda y con qué frecuencia informarán los resultados.
Mientras tanto, las familias seguirán esperando noticias. Para ellas, cada nombre incluido en la base representa una historia suspendida, una ausencia dentro del hogar y una pregunta que todavía no recibe respuesta.
La reconstrucción de La Guaira no puede limitarse a retirar escombros, evaluar viviendas y recuperar servicios. También exige localizar a los desaparecidos, identificar a las víctimas y ofrecer información verificable a quienes todavía buscan a sus seres queridos.
Con información de El Nacional
