La identificación de las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela debe ocupar un lugar prioritario dentro de la respuesta institucional, porque cada persona fallecida tiene derecho a recibir un nombre, una causa de muerte y un acta de defunción que permita a sus familiares cerrar el proceso de búsqueda.
Así lo afirmó el patólogo Enrique López Loyo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, quien advirtió que el paso del tiempo, las altas temperaturas y las deficiencias en la preservación de los cuerpos complican el trabajo forense en La Guaira. El especialista también cuestionó la falta de sistemas integrados, la escasa capacidad operativa y el limitado número de profesionales disponibles para atender una tragedia que superó ampliamente los recursos del Estado.
Identificación de las víctimas exige códigos, huellas, fotografías y pruebas genéticas
Enrique López Loyo sostiene que el derecho a la identidad no termina con la muerte. Así como cada ciudadano recibe una partida de nacimiento, también debe contar con un acta de defunción que determine de manera básica la causa del fallecimiento y deje constancia legal de lo ocurrido.
Este documento permite a los familiares realizar trámites civiles, resolver asuntos patrimoniales, acceder a beneficios y, sobre todo, confirmar oficialmente el destino de una persona desaparecida. En una catástrofe de gran magnitud, esa certificación adquiere un valor humano adicional porque pone fin a la incertidumbre de quienes recorren hospitales, morgues y refugios en busca de sus seres queridos.
El especialista explicó que las normas internacionales establecen un procedimiento para cada cuerpo o resto humano recuperado. El primer paso consiste en asignar un código vinculado con el lugar exacto del hallazgo. Luego, los equipos deben tomar fotografías, registrar el sexo, describir las características físicas y obtener las huellas dactilares cuando las condiciones lo permitan.
Los investigadores también pueden revisar cicatrices, lesiones antiguas, tatuajes, lunares y otras particularidades de la piel. La ropa, los documentos, los objetos personales y cualquier elemento encontrado junto al cuerpo ayudan a construir un perfil preliminar.
Cuando el deterioro impide utilizar esos métodos, los estudios odontológicos y las pruebas genéticas adquieren mayor importancia. Los dientes suelen conservar información incluso después de una exposición prolongada a condiciones adversas, mientras el ADN permite comparar muestras con familiares directos.
López Loyo destacó que una historia clínica digital e integrada facilitaría el proceso. Un sistema nacional con antecedentes médicos, radiografías, intervenciones quirúrgicas y datos biométricos permitiría contrastar rápidamente la información de los restos con los registros de personas desaparecidas.
Sin embargo, Venezuela carece de una plataforma coordinada que reúna esos datos. La fragmentación del sistema sanitario y la ausencia de canales de comunicación entre instituciones ralentizan la identificación y aumentan el sufrimiento de las familias.
La situación de La Guaira también presenta una dificultad adicional. Muchas personas posiblemente no residían de manera permanente en las zonas afectadas. Como el terremoto ocurrió durante un día feriado, algunos ciudadanos se encontraban de visita, alquilaban apartamentos o permanecían en hoteles sin que sus parientes conocieran su ubicación exacta.
Ese movimiento temporal complica la elaboración de listas y obliga a cruzar registros turísticos, hoteleros, hospitalarios y migratorios. Cada cadáver debe mantener un código individual y conservar toda la información asociada al lugar donde apareció.
El patólogo insistió en que el Estado debe resolver la identificación mientras mantiene los cuerpos bajo su custodia. También rechazó el uso de cal porque acelera la destrucción de tejidos y puede eliminar rasgos útiles para el reconocimiento, entre ellos tatuajes, cicatrices, lesiones y características faciales.
Fallas de conservación y escasez de recursos dificultaron el trabajo forense
Uno de los principales cuestionamientos de López Loyo se relaciona con la preservación de los cadáveres recuperados en La Guaira. El especialista afirmó que las autoridades debieron instalar sistemas de refrigeración desde las primeras horas para retrasar la descomposición y ampliar el tiempo disponible para realizar los estudios forenses.
Ante la falta de morgues con capacidad suficiente, propuso alternativas temporales como carpas militares climatizadas o contenedores adaptados con equipos de refrigeración. El puerto de La Guaira contaba con espacios y estructuras que, según su evaluación, podían transformarse en áreas de conservación mientras avanzaban las labores de identificación.
En cambio, numerosos cuerpos permanecieron en un espacio abierto en Los Silos, dentro de una zona portuaria sometida a temperaturas muy elevadas. El calor acelera la pérdida de tejidos, modifica los rasgos faciales y dificulta la toma de muestras.
El patólogo considera que la exposición prolongada redujo las posibilidades de reconocimiento y evidenció una respuesta tardía. También cuestionó que los equipos captahuellas no se utilizaran de forma masiva, pese a que Venezuela dispone de una base biométrica con registros de buena parte de la población.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas defendió el uso del espacio abierto y aseguró que respondió a criterios de bioseguridad y rapidez operativa. El organismo afirmó que cada cuerpo recibe un expediente individual, fotografías, estudio de huellas cuando resulta posible, perfil antropológico, odontograma y toma de ADN.
También sostuvo que mantiene una cadena de custodia para permitir la identificación posterior y la entrega a los familiares. Estas afirmaciones muestran una diferencia entre la versión institucional y los cuestionamientos del especialista sobre las condiciones reales de conservación.
López Loyo reconoció la preparación del personal forense venezolano, pero advirtió que el número de especialistas resulta insuficiente. Estimó que el país cuenta apenas con una fracción de los profesionales necesarios para atender a más de 30 millones de habitantes.
La crisis económica, la migración y el deterioro de las instituciones redujeron la capacidad de respuesta. Aunque el talento humano mantiene una formación sólida, la magnitud del desastre superó a los equipos disponibles y obligó a incorporar personal de otros organismos con menor experiencia específica.
El especialista también señaló problemas de coordinación entre los distintos servicios de salud. Venezuela posee instituciones con mandos separados, sistemas que no comparten información y estructuras que operan sin una dirección integrada.
Ante una emergencia de gran escala, esa dispersión provoca retrasos, duplicación de esfuerzos y pérdida de datos. La respuesta requiere una coordinación central que conecte hospitales, equipos de rescate, morgues, laboratorios, cementerios y organismos de investigación.
López Loyo añadió que el país debe fortalecer la medicina prehospitalaria. No basta con contar con técnicos o paramédicos; también se necesitan médicos especializados en atención de desastres, intensivistas, traumatólogos y profesionales de enfermería con alta formación académica.
Las primeras 48 horas resultan decisivas para salvar vidas y preservar evidencias. Durante ese período, el Estado debe movilizar maquinaria, personal, transporte, equipos médicos y sistemas de identificación.
El duelo familiar depende de preservar cada cuerpo y mantener su registro
A más de un mes de los terremotos, todavía pueden aparecer restos humanos bajo los escombros de La Guaira. Aunque presenten un deterioro avanzado, los huesos, los dientes, la ropa y algunos objetos personales conservan información que puede ayudar a establecer una identidad.
El especialista recordó que las altas temperaturas de una zona costera aceleran la descomposición. Primero aparece la rigidez, luego se forman ampollas en la piel y posteriormente comienzan procesos que destruyen los tejidos y generan gases.
Esos gases también pueden representar un riesgo puntual para quienes participan en las tareas de rescate. Por esa razón, los equipos deben reforzar la protección y mantener protocolos de seguridad durante la remoción de estructuras.
López Loyo aclaró que los cadáveres no provocan por sí mismos una epidemia. El riesgo aparece únicamente cuando los líquidos de la descomposición entran en contacto con fuentes de agua para consumo humano. En La Guaira, consideró poco probable un escenario de contaminación masiva, aunque recomendó vigilancia en zonas cercanas a cuerpos de agua.
Otro punto sensible corresponde al uso de fosas comunes o áreas especiales de sepultura. El patólogo explicó que las normas internacionales permiten estos procedimientos cuando la cantidad de cuerpos supera la capacidad del Estado, pero nunca autorizan a enterrar cadáveres sin registro.
Cada víctima debe conservar un código, fotografías, muestras, huellas disponibles y datos del lugar de hallazgo. Los cuerpos deben permanecer separados y protegidos dentro de urnas o recipientes adecuados para facilitar futuras exhumaciones.
Las autoridades venezolanas aseguraron que los fallecidos no identificados permanecen en fosas individuales dentro del cementerio La Esperanza. En el lugar, cada tumba posee una cruz, una delimitación y un código que permitiría relacionarla con el expediente forense.
López Loyo consideró adecuada la ubicación del terreno por su estabilidad y bajo nivel freático. Sin embargo, advirtió que el éxito del sistema depende de mantener intacta la codificación y garantizar que los familiares puedan acceder a la información.
La diferencia entre una sepultura digna y la pérdida definitiva de una identidad radica en la calidad de ese registro. Si el código desaparece, se mezcla o no coincide con el expediente, la familia puede perder la posibilidad de recuperar los restos.
El especialista también se refirió a los desaparecidos. Las cifras oficiales permanecen muy por debajo de los reportes extraoficiales, lo que aumenta la incertidumbre sobre la verdadera dimensión de la tragedia.
Mientras no exista una base única que integre personas reportadas, sobrevivientes, fallecidos identificados, restos sin nombre y pacientes hospitalizados, las familias seguirán buscando respuestas por separado.
Cada cuerpo recuperado representa una historia, una familia y una obligación institucional. La identificación no constituye un trámite secundario ni una tarea administrativa más. Forma parte del derecho a la dignidad humana y permite que los familiares inicien el duelo con certeza.
Para López Loyo, Venezuela debe aprender de tragedias anteriores y construir una respuesta permanente ante desastres. Eso implica refrigeración móvil, sistemas biométricos disponibles, historias clínicas integradas, personal especializado, equipos de medicina prehospitalaria, laboratorios preparados y coordinación entre organismos.
La emergencia de La Guaira volvió a mostrar las consecuencias de llegar tarde y actuar sin suficientes recursos. Ahora, el reto consiste en preservar lo que todavía puede recuperarse, identificar a cada víctima y garantizar que ningún fallecido termine reducido a un número sin historia ni nombre.
Con información de El Nacional
