La renovación del TSJ figura entre los primeros acuerdos alcanzados por la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el chavismo, después de concluir este miércoles 12 de agosto su primera semana de sesiones. Las partes anunciaron que iniciarán un nuevo procedimiento de postulaciones para designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ampliarán el Comité de Postulaciones Judiciales y crearán una instancia encargada de revisar las credenciales de los aspirantes, dentro de una agenda que también contempla reformas legales y medidas relacionadas con la atención de los damnificados por los terremotos del 24 de junio.
Dinorah Figuera, en representación de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, por el chavismo, presentaron conjuntamente el documento con las primeras decisiones de las conversaciones. Según lo anunciado, Estados Unidos acompaña el proceso a través del Departamento de Estado y de su secretario, Marco Rubio.
La agenda comenzó con cinco sesiones de las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones. Las partes organizaron el trabajo alrededor de dos grandes áreas: la atención a las víctimas del doble terremoto y el fortalecimiento de la democracia, con especial atención al Poder Judicial y al Poder Electoral. Los acuerdos comenzarán a ejecutarse durante agosto mediante anuncios y acciones que, según el documento conjunto, tendrán seguimiento continuo.
Renovación del TSJ contempla nuevas postulaciones para todos los magistrados
La renovación del TSJ anunciada por Dinorah Figuera plantea un cambio sustancial frente al procedimiento que había comenzado meses atrás. El acuerdo no se limitará a cubrir las plazas vacantes existentes, sino que abrirá un nuevo proceso destinado a seleccionar y designar a la totalidad de los magistrados del máximo tribunal venezolano.
Figuera explicó que las partes acordaron iniciar una transformación del sistema de justicia mediante varias acciones. El primer componente contempla reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras normas relacionadas con el funcionamiento judicial.
El segundo punto establece la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales. Este organismo tendrá un papel fundamental porque deberá intervenir en la evaluación de quienes aspiren a ocupar las magistraturas.
El acuerdo implica dejar atrás el procedimiento iniciado en abril, cuando se instaló otro Comité de Postulaciones Judiciales. Ese proceso terminó con 561 aspirantes a magistrados y tenía como objetivo cubrir únicamente 20 plazas vacantes.
Ahora, la mesa plantea comenzar un procedimiento distinto y de mayor alcance.
“Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, señaló Figuera al explicar uno de los compromisos alcanzados.
La decisión también incorpora la creación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos. Esa instancia deberá comprobar que los aspirantes cumplan las condiciones establecidas en la Constitución, las leyes y el baremo que se utilice durante la evaluación.
De esta manera, el procedimiento anunciado incorpora varias etapas: modificar el marco legal, renovar el comité responsable de las postulaciones, recibir nuevas candidaturas, revisar los requisitos y avanzar posteriormente hacia la selección de los magistrados.
La reforma de la Ley Orgánica del TSJ adquiere especial relevancia porque esa normativa ya había experimentado modificaciones. La Asamblea Nacional de 2025 había reformado el texto para ampliar de 20 a 32 el número de altos jueces.
El nuevo acuerdo vuelve a colocar esa legislación dentro de la discusión.
Las delegaciones no ofrecieron todavía todos los detalles sobre la composición definitiva del tribunal, los plazos exactos para cada fase ni la integración del comité ampliado. Sin embargo, el documento establece agosto como punto de partida para los anuncios oficiales y las primeras acciones.
Figuera destacó que las partes utilizarán un mecanismo de trabajo continuo para vigilar el cumplimiento de cada compromiso. La implementación determinará ahora el alcance efectivo de una decisión que coloca al Poder Judicial entre los primeros asuntos institucionales abordados por la negociación.
Recuperación de activos en el exterior se vincula con la atención a los damnificados
El segundo gran componente anunciado al finalizar las sesiones se concentra en las consecuencias de los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio.
Jorge Rodríguez presentó este punto y señaló que las partes acordaron fortalecer los programas destinados a vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.
La propuesta introduce además uno de los asuntos financieros más relevantes de la negociación: la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela que permanecen en Inglaterra.
Según el documento leído por Rodríguez, ambas delegaciones concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de esos recursos y establecerán mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para controlar su utilización.
El objetivo declarado consiste en dirigir los fondos hacia la atención de las personas afectadas por los terremotos.
“Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en Inglaterra”, señaló Rodríguez durante la presentación del acuerdo.
La iniciativa también establece que cualquier utilización de esos recursos deberá acompañarse de controles destinados a comprobar su destino.
La transparencia y la auditoría adquieren así un papel central dentro del planteamiento anunciado por ambas delegaciones.
El eventual acceso a los activos requerirá, sin embargo, pasos adicionales que no dependen exclusivamente de la mesa venezolana. La recuperación de recursos ubicados en el extranjero involucra decisiones y procedimientos fuera del control directo de las partes.
Por ello, el acuerdo utiliza el término “promover” la recuperación de los activos y no presenta su disponibilidad como un hecho consumado.
La vinculación de esos recursos con la emergencia introduce además un componente humanitario dentro de las negociaciones políticas.
Los terremotos dejaron importantes necesidades relacionadas con viviendas, servicios públicos, infraestructura sanitaria y retiro de escombros. El acuerdo busca que cualquier recurso recuperado contribuya a financiar esas áreas bajo mecanismos que permitan seguir el recorrido del dinero.
Rodríguez explicó también que durante la primera semana las delegaciones dedicaron parte de las sesiones a establecer la metodología que utilizarán en los próximos meses.
El diseño de esa estructura resulta fundamental porque los asuntos abordados requieren trabajos técnicos paralelos a las conversaciones políticas.
Dos mesas técnicas marcan el comienzo de una agenda que continuará durante agosto
La primera semana de conversaciones permitió definir una metodología que divide los asuntos prioritarios en dos mesas técnicas.
La primera se concentra en la atención a las víctimas de los terremotos. Allí deberán desarrollarse los mecanismos relacionados con vivienda, electricidad, salud, retiro de escombros y la eventual utilización de recursos internacionales para financiar la recuperación.
La segunda aborda el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.
Dentro de esta última aparece el acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que representa uno de los cambios institucionales de mayor alcance anunciados hasta ahora.
La agenda judicial no termina con la selección de nuevos magistrados. También contempla revisar el marco jurídico que regula al máximo tribunal y otras leyes relacionadas con el sistema de justicia.
Esta combinación convierte el proceso en una reforma más amplia que una simple sustitución de cargos.
El nuevo Comité de Postulaciones Judiciales deberá asumir una función central, mientras el Consejo de Revisión de Credenciales tendrá la responsabilidad de examinar los antecedentes y requisitos de quienes aspiren a integrar el TSJ.
El documento firmado por Figuera y Rodríguez establece que la ejecución comenzará durante agosto.
“El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”, señala el texto.
El cumplimiento de ese cronograma será uno de los principales elementos para medir los resultados de la negociación.
La primera semana dejó, por ahora, decisiones concretas sobre dos áreas diferentes pero de gran relevancia: la reconstrucción después de los terremotos y la reorganización de instituciones vinculadas con el sistema judicial.
En materia humanitaria, las delegaciones buscarán promover la recuperación de activos venezolanos en Inglaterra y canalizarlos hacia programas destinados a los damnificados bajo esquemas de auditoría y trazabilidad.
En el ámbito institucional, el acuerdo pretende abrir desde cero una nueva etapa de postulaciones para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión deja sin continuidad el procedimiento que había reunido 561 aspirantes para cubrir 20 vacantes y abre la puerta a una selección de alcance mucho mayor.
Todavía quedan aspectos fundamentales por conocer. Entre ellos figuran la composición del nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, las características del Consejo de Revisión de Credenciales, el calendario definitivo, los criterios de evaluación y el contenido de las reformas que las partes impulsarán sobre la Ley Orgánica del TSJ.
También queda pendiente conocer qué mecanismos utilizarán para promover la recuperación de los activos venezolanos en Inglaterra y cómo funcionará el sistema de auditoría anunciado para administrar los recursos que eventualmente puedan destinarse a los damnificados.
La primera semana de la mesa de diálogo termina así con compromisos que ahora deberán pasar del documento a la ejecución.
El proceso entra en una etapa decisiva durante agosto. La renovación del TSJ, la reforma de las normas judiciales y las gestiones sobre los activos internacionales constituirán las primeras pruebas para determinar si los acuerdos alcanzados entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo pueden traducirse en acciones concretas y verificables.
Con información de El Pitazo
