El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, advirtió este viernes 4 de septiembre que ningún alcalde o gobernador puede adelantar negociaciones clandestinas con grupos armados al margen de las instituciones nacionales. El mandatario dirigió su mensaje al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien cuestionó la nueva política de seguridad y defendió los procesos de paz desarrollados en su departamento.
De La Espriella formuló la advertencia durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Mompox. El jefe de Estado pidió fortalecer los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público para convertirlos en espacios capaces de tomar decisiones, distribuir responsabilidades y evaluar resultados.
“Ningún gobernador puede adelantar por su cuenta negociaciones o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, afirmó el presidente.
El pronunciamiento aumentó la tensión entre el Ejecutivo nacional y el mandatario de Nariño. Escobar había expresado su preocupación por la posibilidad de que el país pasara de la política de “paz total” impulsada por la administración anterior a un escenario de “guerra total”.
El gobernador también pidió evitar una polarización que divida a Colombia entre quienes apoyan al Gobierno y quienes, por cuestionar su estrategia, reciban señalamientos de cercanía con la criminalidad.
De La Espriella respondió con un mensaje directo. Aseguró que cualquier autoridad que cruce la línea fijada por su Gobierno deberá responder ante la justicia y concluyó su referencia a Escobar con una frase contundente: “Está advertido”.
Negociaciones clandestinas aumentan la tensión entre el Gobierno y Nariño
La controversia surgió por las diferencias entre el nuevo enfoque nacional de seguridad y los procesos que autoridades regionales apoyaron durante la administración anterior. El gobernador Luis Alfonso Escobar defendió los acercamientos desarrollados en Nariño y cuestionó una ruptura completa con la vía del diálogo.
“No podemos pasar de paz total a guerra total”, declaró en una entrevista reciente con Caracol Radio. El funcionario pidió reflexionar sobre las consecuencias de convertir la seguridad en un nuevo motivo de enfrentamiento político.
Escobar afirmó que el debate no debería presentar a los críticos del Ejecutivo como aliados de las organizaciones ilegales. Su postura busca conservar mecanismos de conversación que, a su juicio, pueden contribuir a reducir la violencia en las comunidades.
De La Espriella interpretó esos planteamientos como un riesgo frente a la conducción centralizada de la política de seguridad. El presidente sostuvo que ningún mandatario territorial posee facultades para iniciar contactos por su cuenta con estructuras armadas.
El jefe de Estado no presentó durante su discurso pruebas de que Escobar mantuviera una negociación secreta. Sin embargo, utilizó la intervención para establecer un límite político y jurídico dirigido tanto al gobernador de Nariño como a las demás autoridades departamentales y municipales.
La diferencia entre un contacto humanitario, una gestión territorial y una negociación formal tendrá especial importancia. Gobernadores y alcaldes atienden comunidades expuestas a desplazamientos, extorsiones y enfrentamientos, por lo que pueden necesitar canales para coordinar evacuaciones o proteger a la población.
Sin embargo, una mesa que discuta beneficios judiciales, suspensión de operaciones o reconocimiento político corresponde a las competencias del Gobierno nacional. Las autoridades tendrán que aclarar estos límites para evitar conflictos institucionales.
La advertencia presidencial plantea además una pregunta sobre el margen de actuación de los gobiernos regionales. Los departamentos con mayor presencia de grupos armados necesitan responder a situaciones inmediatas, mientras la administración nacional define una estrategia general.
Nariño enfrenta una realidad particularmente compleja por la presencia de estructuras ilegales y economías vinculadas con el narcotráfico. Las disputas territoriales afectan a comunidades rurales y pueden generar confinamientos, amenazas y desplazamientos.
Este contexto explica la insistencia de Escobar en evitar una respuesta basada únicamente en operaciones militares. De La Espriella, por su parte, considera que los contactos no autorizados podrían debilitar la acción de la fuerza pública y otorgar ventajas a los grupos.
El choque expone dos visiones sobre la manera de enfrentar la violencia. Una defiende la continuidad de ciertos acercamientos regionales; la otra exige cerrar las negociaciones y concentrar las decisiones en el Ejecutivo y las instituciones judiciales.
El presidente promete acciones judiciales contra quien cruce la línea
De La Espriella aseguró que no permitirá pactos paralelos mientras militares y policías desarrollan operaciones contra las organizaciones armadas.
“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, manifestó.
El presidente agregó que se encargará de que cualquier funcionario que actúe fuera de los canales autorizados responda ante la justicia. No explicó qué delitos podrían aplicarse ni cuáles organismos investigarían los eventuales contactos.
Para iniciar un proceso, las autoridades necesitarían comprobar que existió una comunicación, determinar su propósito y establecer si el funcionario excedió sus atribuciones. Una declaración pública o la defensa política de una negociación no demuestran por sí mismas la existencia de un pacto ilegal.
La Fiscalía y los tribunales deberán valorar cualquier evidencia sin depender del enfrentamiento político entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. El debido proceso también exigirá diferenciar una opinión crítica de una conducta con consecuencias penales.
La advertencia no apareció de manera aislada. Días antes, durante una intervención en Cúcuta, De La Espriella había hablado sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones armadas.
“Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”, expresó en aquella oportunidad.
Entonces no identificó directamente a ningún gobernador. Su discurso en Mompox elevó el tono porque mencionó a Luis Alfonso Escobar y le dirigió una advertencia pública.
Las palabras presidenciales podrían abrir un conflicto institucional si el Gobierno ordena investigaciones o si el gobernador mantiene sus críticas. También pueden influir en la relación entre la Casa de Nariño y las administraciones de las regiones más afectadas por la violencia.
La cooperación entre ambos niveles resulta necesaria para aplicar cualquier estrategia. Los gobernadores manejan información territorial, participan en los consejos de seguridad y coordinan acciones con alcaldes. El Ejecutivo controla la política nacional, las Fuerzas Militares y buena parte de los recursos.
Una ruptura entre esas autoridades podría dificultar la respuesta en las comunidades. Por esa razón, los consejos de seguridad tendrán que funcionar como espacios donde las partes expongan sus diferencias y acuerden responsabilidades.
De La Espriella pidió precisamente que estas instancias operen con mayor eficacia. A su juicio, no deben limitarse a reuniones formales, sino producir decisiones que permitan evaluar avances y corregir fallas.
La nueva política medirá resultados en seguridad territorial
El mandatario afirmó que su estrategia no evaluará el éxito únicamente por la cantidad de operativos. Su Gobierno buscará resultados que los ciudadanos puedan percibir en su vida diaria.
“Esta política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir; no me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa tomando control criminal sobre una región”, sostuvo.
Esta declaración coloca la reducción de la extorsión y la recuperación territorial entre los principales indicadores de la administración. También implica que las instituciones deberán demostrar cómo sus acciones mejoran la seguridad de comerciantes, transportistas, productores y familias.
Una fuerza pública puede aumentar capturas, incautaciones y patrullajes sin reducir de inmediato el miedo de las comunidades. De La Espriella quiere que los operativos se traduzcan en la disminución de los delitos y en la recuperación de espacios controlados por estructuras ilegales.
El reto consiste en definir indicadores verificables. El Gobierno tendrá que informar cómo medirá la extorsión, qué territorios considera bajo control criminal y cuáles plazos utilizará para evaluar la estrategia.
Las denuncias ciudadanas representan una fuente importante, pero muchas víctimas temen reportar los hechos. Las autoridades necesitarán canales seguros y protección para obtener información confiable.
La recuperación territorial tampoco depende únicamente de la presencia militar. El Estado debe mantener instituciones, servicios, justicia, educación y oportunidades económicas en las zonas donde debilite a los grupos.
Horas después de su intervención en Mompox, el presidente reiteró mediante una publicación que “el Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”.
También anunció la expedición de los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo creadas durante el Gobierno anterior. Con esa decisión, la nueva administración abrió formalmente otra etapa de su política de seguridad.
El cierre de las conversaciones puede facilitar la reactivación de órdenes de captura y otras actuaciones judiciales contra integrantes que participaban como voceros. También elimina los canales que las autoridades utilizaron para explorar acuerdos y reducir hostilidades.
El Gobierno apuesta ahora por el sometimiento a la justicia y por una actuación más firme de los organismos de seguridad. La eficacia de este enfoque dependerá de su capacidad para proteger a la población y evitar que el aumento de las operaciones intensifique la violencia regional.
La respuesta de los grupos armados también influirá en los resultados. Algunas organizaciones podrían fragmentarse, desplazarse hacia otras zonas o aumentar sus ataques para presionar al Estado.
En este nuevo escenario, los gobernadores deberán coordinar sus decisiones con el Ejecutivo. Sin embargo, también exigirán que Bogotá escuche las particularidades de cada departamento.
La advertencia contra Escobar muestra que esa coordinación comenzó con tensiones. De La Espriella busca imponer una línea única frente a los grupos, mientras el gobernador de Nariño defiende la necesidad de no abandonar completamente los procesos de paz.
El debate continuará más allá de las declaraciones. El Gobierno tendrá que demostrar que su estrategia reduce la extorsión, recupera territorios y protege a las comunidades. Las autoridades regionales, por su parte, deberán actuar dentro de sus competencias y explicar cualquier contacto que mantengan por razones humanitarias o de seguridad.
Por ahora, el mensaje presidencial deja un límite claro: ningún gobernador o alcalde podrá negociar por su cuenta con organizaciones armadas. La forma en que el Ejecutivo aplique esa advertencia determinará si el conflicto permanece en el terreno político o avanza hacia investigaciones judiciales.
Con información de El Tiempo
