Organizaciones sociales, instituciones académicas y defensores de derechos humanos exigieron al Gobierno de Colombia frenar la iniciativa de deportaciones masivas de migrantes venezolanos y garantizar una evaluación individual antes de ordenar cualquier salida del país.
Los firmantes también rechazaron los discursos que relacionan la condición migratoria irregular con la delincuencia y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de un eventual retorno a Venezuela.
El pronunciamiento surgió después de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunciara medidas para identificar y deportar a extranjeros que permanecen de manera irregular en el territorio nacional. Según el comunicado conjunto, una operación de esa magnitud podría vulnerar el derecho a la defensa, fomentar prácticas discriminatorias y desconocer las necesidades de protección internacional de miles de personas.
Las organizaciones reconocieron que el Estado colombiano tiene facultades para vigilar sus fronteras y aplicar la legislación migratoria. Sin embargo, sostuvieron que esa potestad no autoriza a las instituciones a ejecutar procedimientos automáticos, colectivos o carentes de motivación. Por ello, solicitaron que Migración Colombia analice las circunstancias personales y familiares de cada afectado antes de decidir una deportación o expulsión.
Deportaciones masivas de migrantes venezolanos y límites legales
El comunicado recordó que el Decreto 1067 de 2015 regula los procedimientos migratorios y contempla medidas de deportación y expulsión. No obstante, los firmantes insistieron en que las autoridades deben interpretar esas facultades dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
La Corte Constitucional reafirmó en la Sentencia T-110 de 2026 que Migración Colombia no puede ejercer su potestad sancionatoria de manera formalista y automática. El tribunal cuestionó la ausencia de una evaluación individual y reiteró la importancia de respetar las garantías fundamentales durante los procedimientos administrativos.
El Decreto 1067 de 2015, por su parte, establece las competencias de Migración Colombia en materia de vigilancia, control de extranjeros y aplicación de medidas administrativas. Las organizaciones señalaron que estas atribuciones deben ejercerse con respeto al principio de legalidad, el derecho a la defensa y la prohibición de actuaciones arbitrarias.
También invocaron el principio de no devolución, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Esta garantía impide enviar a una persona a un territorio donde pueda enfrentar amenazas contra su vida, libertad o integridad. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros.
De acuerdo con los firmantes, Colombia debe determinar si cada migrante necesita protección internacional y comprobar si existen condiciones para un retorno seguro. Ese análisis cobra especial importancia cuando la persona alega persecución política, amenazas, vulnerabilidad médica, separación familiar o afectaciones derivadas de una emergencia humanitaria.
El pronunciamiento también cuestionó que el Gobierno coloque dentro de una misma narrativa a las personas acusadas de cometer delitos y a quienes carecen de documentación migratoria vigente. Cuando una persona extranjera incurre presuntamente en una conducta delictiva, las autoridades deben investigarla y procesarla ante la justicia, con las mismas garantías aplicables a cualquier acusado.
En contraste, la permanencia irregular representa una infracción administrativa y no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Para las organizaciones, confundir ambas situaciones alimenta la xenofobia y puede provocar perfilamientos basados en la nacionalidad, el acento, la apariencia o la condición económica.
Crisis venezolana reduce las posibilidades de un retorno seguro
El documento sostuvo que Venezuela todavía no ofrece condiciones generales para un regreso seguro y sostenible. A la crisis política, económica e institucional se sumaron, según el comunicado, los efectos de los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 en el centro-norte del país.
Las organizaciones atribuyeron a esos movimientos sísmicos miles de fallecidos, más de 10.500 heridos y decenas de miles de edificaciones dañadas o destruidas. También denunciaron discrepancias entre los reportes oficiales y las estimaciones independientes sobre las personas desaparecidas.
El pronunciamiento afirmó que las operaciones de búsqueda y recuperación se prolongaron más allá del periodo crítico posterior a la emergencia. Esa situación, según los firmantes, evidenció limitaciones en la capacidad de respuesta de los organismos venezolanos. El desastre también agravó las fallas del sistema sanitario, los cortes eléctricos, las dificultades en el suministro de gas y los problemas de telecomunicaciones.
Miles de familias perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonar temporalmente las zonas afectadas. Para quienes carecen de ingresos suficientes, la reconstrucción podría tomar años. El elevado costo de los alimentos, los materiales y los servicios reduce aún más las posibilidades de recuperación de los hogares damnificados.
Las agrupaciones consideraron que ese panorama puede impulsar una nueva movilidad hacia Colombia. Parte de la población damnificada podría buscar alojamiento, atención médica, empleo o protección junto a familiares establecidos en territorio colombiano. Por esa razón, pidieron que las autoridades evalúen la emergencia posterior a los sismos al estudiar solicitudes de refugio, regularización o permanencia.
El comunicado también describió un entorno político e institucional que, a juicio de los firmantes, todavía representa un riesgo para determinadas personas. Aunque reconoció excarcelaciones progresivas de presos políticos y algunos cambios en instituciones venezolanas, sostuvo que continúan las restricciones contra activistas, periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos.
En consecuencia, las organizaciones rechazaron la idea de que todas las personas venezolanas pueden regresar en condiciones similares. Un retorno puede tener consecuencias distintas para un opositor perseguido, un defensor de derechos humanos, una familia damnificada, una persona enferma o un migrante que conserva redes de apoyo en Venezuela. Precisamente por esas diferencias, reclamaron valoraciones individualizadas.
Regularización y enfoque civil como alternativas a las expulsiones
El comunicado calculó que cerca de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia y que aproximadamente 847.000 se encuentran en situación irregular. Dentro de este último grupo habría unos 193.000 niños, niñas y adolescentes.
A partir de esas cifras, los firmantes advirtieron que una política de deportaciones a gran escala supondría un enorme desafío jurídico, operativo y humanitario. Migración Colombia tendría que identificar cada caso, notificar a la persona, permitirle presentar pruebas, determinar si necesita protección y garantizar que la medida no vulnere la unidad familiar ni el interés superior de los menores.
Las organizaciones también manifestaron inquietud por el nombramiento del teniente coronel retirado de la Policía José Luis Castañeda Tiria como director de Migración Colombia. Aunque reconocieron que la trayectoria profesional de un funcionario no determina por sí sola su gestión, advirtieron que el cambio puede consolidar una visión centrada en la seguridad.
A su juicio, Migración Colombia debe conservar su naturaleza civil y priorizar procedimientos administrativos con enfoque de derechos humanos. Una participación policial sin protocolos claros podría aumentar el riesgo de detenciones arbitrarias, trato discriminatorio y operativos basados en perfiles de nacionalidad.
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Con información de CDH-UCAB
