La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denunció este viernes un presunto sabotaje eléctrico en Venezuela mediante la manipulación del suministro de gas que utilizan las plantas termoeléctricas. La mandataria relacionó las recientes fallas con el supuesto rechazo a los acuerdos que Caracas firmó con compañías estadounidenses y europeas para intervenir sectores estratégicos de la industria energética.
Rodríguez formuló la acusación durante un encuentro con trabajadores petroleros que transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según su versión, varias personas intervinieron deliberadamente las presiones y válvulas del sistema de gas para provocar interrupciones en la generación eléctrica.
“El sábado pasado hicieron un apagón en el occidente. Manipularon las presiones de gas para que cayera el sistema termoeléctrico”, afirmó la funcionaria.
La presidenta encargada aludió a la falla que afectó el sábado anterior a varios estados del oeste del país, incluido Zulia. No presentó pruebas técnicas durante su intervención ni identificó a los presuntos responsables de la acción.
La mandataria también informó que trabajadores de Pdvsa Gas detectaron otra manipulación en las válvulas durante la noche del jueves. De acuerdo con su relato, esta intervención puso en riesgo el flujo de combustible hacia las centrales y amenazó la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Las acusaciones aparecen pocos días después de que Venezuela suscribiera convenios con Chevron, Eni y GE Vernova. El Gobierno presenta estas alianzas como una nueva etapa para recuperar la producción petrolera y rehabilitar la infraestructura energética.
Sabotaje eléctrico en Venezuela habría afectado el suministro de gas
La generación termoeléctrica necesita un flujo constante de combustible para mantener sus unidades en funcionamiento. Cuando las plantas pierden presión de gas, pueden reducir su producción o salir del sistema, lo que crea un déficit y aumenta el riesgo de interrupciones.
Rodríguez sostuvo que los responsables alteraron las presiones para provocar la caída de la generación en el occidente. También afirmó que la actuación detectada el jueves formaba parte de una secuencia de ataques registrada durante una misma semana.
La presidenta encargada pidió a los empleados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que mantengan vigilancia sobre las instalaciones y reporten cualquier situación irregular.
“Hago un llamado a los trabajadores de Corpoelec a estar alertas, porque en una semana, en protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano”, expresó.
La frase atribuye una motivación política a las fallas, aunque Rodríguez no señaló a una persona, organización o país. Tampoco explicó cómo las autoridades determinaron que la supuesta manipulación guardaba relación con los acuerdos internacionales.
Una investigación técnica tendría que precisar dónde ocurrió la intervención, quién podía acceder a las válvulas y qué cambios registraron los sistemas de control. También debería establecer si las variaciones obedecieron a una acción deliberada, un error operativo o una falla mecánica.
Los datos de las centrales, los registros de presión y los controles de acceso pueden ayudar a reconstruir los hechos. Las autoridades necesitarían publicar esos elementos para sostener la acusación y diferenciar el presunto ataque de los problemas habituales de la red.
La declaración tampoco indicó cuánto duraron las interrupciones ni cuántos usuarios resultaron afectados. Un balance detallado permitiría conocer el alcance de la falla y determinar la cantidad de generación que salió temporalmente del sistema.
Rodríguez reconoció que la infraestructura enfrenta dificultades propias, pero insistió en que los factores externos y las acciones deliberadas también influyen. Además del supuesto sabotaje, mencionó las sanciones internacionales, el aumento de la demanda y las altas temperaturas.
El incremento del consumo puede ejercer presión sobre una red con capacidad limitada. En períodos calurosos, hogares y comercios utilizan con mayor frecuencia equipos de refrigeración y ventilación, lo que eleva la demanda de electricidad.
La mandataria también responsabilizó a las denominadas “mafias extremistas”, sin aportar nombres ni detalles sobre su composición. Este señalamiento mantiene la acusación en el terreno político mientras las autoridades no presenten resultados de una investigación.
Especialistas apuntan al deterioro acumulado de la infraestructura
La versión gubernamental contrasta con la evaluación de expertos y sectores opositores, quienes atribuyen las fallas a problemas estructurales acumulados durante años. Entre las causas mencionan la falta de mantenimiento, el deterioro de las instalaciones y la corrupción.
Las redes eléctricas necesitan inversiones constantes para sustituir equipos, modernizar controles y conservar las plantas. Cuando el mantenimiento se retrasa, aumenta la frecuencia de averías y disminuye la capacidad para responder a un crecimiento de la demanda.
El sistema venezolano incluye generación hidroeléctrica y termoeléctrica, además de líneas de transmisión y redes de distribución. Una falla en cualquiera de estos componentes puede extender sus efectos hacia otras zonas si la red carece de suficiente respaldo.
La generación térmica enfrenta necesidades particulares. Las unidades requieren gas u otros combustibles, repuestos, inspecciones y personal especializado. Una interrupción en el suministro puede detenerlas, pero el deterioro interno también puede limitar su capacidad.
La transmisión representa otro punto crítico. Las líneas de alta tensión transportan la energía desde las plantas hasta los centros de consumo. El mantenimiento de torres, subestaciones y sistemas de protección resulta fundamental para evitar interrupciones amplias.
En el nivel de distribución, transformadores, cableado y equipos locales conectan la red con hogares y empresas. Las averías en estos componentes pueden causar fallas regionales incluso cuando las plantas mantienen la generación.
Los especialistas reclaman diagnósticos públicos que permitan separar cada causa. Una explicación técnica debería indicar si el origen estuvo en la producción, el combustible, la transmisión o la distribución.
La investigación sobre la supuesta manipulación no excluye la necesidad de atender los problemas estructurales. Incluso si las autoridades demuestran una acción deliberada, la red necesita inversiones para aumentar su resistencia y reducir el impacto de cualquier incidente.
La transparencia también ayudaría a recuperar la confianza. Los usuarios necesitan conocer por qué ocurre un apagón, cuánto tiempo tardará la reparación y qué medidas adoptarán los operadores para evitar una repetición.
Las interrupciones afectan la vida cotidiana y la actividad productiva. Los hogares enfrentan dificultades para conservar alimentos y utilizar equipos médicos, mientras los comercios pueden perder mercancía o detener sus operaciones.
Los servicios de agua y telecomunicaciones también dependen de la electricidad. Una falla prolongada puede interrumpir el bombeo, reducir la conectividad y afectar la atención en centros de salud.
Los nuevos convenios buscan recuperar los sectores petrolero y eléctrico
Las acusaciones de Rodríguez coinciden con una agenda de acuerdos energéticos entre Venezuela y empresas internacionales. Durante la semana, el Ejecutivo firmó convenios con Chevron y con la italiana Eni.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, participó en los actos junto con la presidenta encargada. El Gobierno venezolano espera que estas alianzas aporten inversiones, tecnología y capacidad operativa para aumentar la producción.
La cooperación bilateral también incluyó un convenio con GE Vernova, empresa especializada en soluciones para la generación y gestión de electricidad. El acuerdo busca apoyar la recuperación de la infraestructura eléctrica y de instalaciones relacionadas con la actividad petrolera.
La relación con la compañía estadounidense comenzó antes de esta semana. Venezuela suscribió en junio un memorando de entendimiento con GE Vernova para avanzar en proyectos del sector.
En abril, Rodríguez también informó que mantenía conversaciones con Siemens para analizar las necesidades del sistema energético. Estos acercamientos muestran que el Ejecutivo reconoce la necesidad de incorporar tecnología y experiencia internacional.
La recuperación petrolera y la eléctrica mantienen una relación estrecha. La industria de los hidrocarburos necesita electricidad para operar pozos, instalaciones de procesamiento, oleoductos y refinerías. Al mismo tiempo, muchas plantas térmicas dependen del gas que produce y transporta el sector petrolero.
Una falla en cualquiera de las dos áreas puede afectar a la otra. Por ello, los nuevos acuerdos tendrán que coordinar la rehabilitación de plantas, sistemas de combustible y redes de transmisión.
GE Vernova podría aportar equipos, repuestos y asesoría técnica. Sin embargo, el alcance real dependerá de los contratos, el financiamiento y los plazos que acuerden las partes.
El Gobierno no divulgó todos los detalles sobre las inversiones ni presentó un calendario para las obras. La publicación de esas condiciones permitiría evaluar cuándo podrían aparecer mejoras en el suministro.
Rodríguez sostiene que las alianzas provocaron la reacción de sectores contrarios a la nueva política energética. No obstante, las autoridades deberán demostrar el vínculo entre las firmas y las presuntas acciones detectadas en las instalaciones de gas.
Los convenios también aumentan la responsabilidad gubernamental de ofrecer resultados. Si las empresas participan en la recuperación, los usuarios esperarán una reducción progresiva de las fallas y una mayor estabilidad.
El episodio del occidente coloca nuevamente al sistema eléctrico en el centro del debate. La versión oficial habla de sabotaje, mientras los críticos insisten en el deterioro acumulado.
Ambas posibilidades requieren respuestas técnicas, no solo declaraciones. Una investigación transparente deberá establecer qué ocurrió con las presiones de gas, identificar eventuales responsables y determinar cuánto influyeron las deficiencias de la infraestructura.
Mientras avanzan los nuevos proyectos, los trabajadores de Corpoelec y Pdvsa Gas tendrán la tarea de vigilar las instalaciones y mantener la continuidad operativa. El país, por su parte, esperará que los acuerdos internacionales se traduzcan en mejoras concretas y que las autoridades expliquen con pruebas el origen de las recientes interrupciones.
Con información de El Nacional
