Venezolanos deportados desde Estados Unidos a Liberia denunciaron las condiciones en las que fueron trasladados y aseguraron que permanecieron encadenados de pies y manos durante todo el vuelo, que tuvo una duración aproximada de 15 horas.
Uno de ellos es C., un venezolano de 36 años que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos. El pasado 19 de agosto fue trasladado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un vuelo chárter que partió de Alexandria, Luisiana, con destino a Liberia, en África Occidental.
El hombre formó parte de un grupo integrado por ciudadanos de América Latina, el Caribe y el África subsahariana. Este fue el primer grupo de un total cercano a 1.200 personas que el Gobierno de Liberia, encabezado por Joseph N. Boakai, aceptó recibir durante un año como parte de un acuerdo con la Administración Trump.
De las 20 personas que llegaron inicialmente a Liberia, seis se negaron a abandonar el avión y posteriormente fueron deportadas a Malabo, en Guinea Ecuatorial.
Quienes permanecieron en Liberia, entre ellos C., fueron trasladados después de su llegada a un hotel en Marshall, localidad costera ubicada a unos 50 kilómetros de Monrovia. Allí llevan más de una semana sin conocer cuándo podrán abandonar el lugar.
C. relató que salió de Venezuela en 2021 después de enfrentar la crisis política y económica del país. Afirmó que era opositor político y que durante su último año en Venezuela estuvo en una situación que, según su testimonio, puso en peligro su vida.
En Estados Unidos obtuvo un permiso de residencia temporal que debía renovar anualmente y que le permitía trabajar legalmente. Durante el día se dedicaba a la venta de vehículos y por las noches realizaba entregas de comida.
Según explicó, en diciembre de 2025 acudió a una oficina de inmigración para cumplir con un control rutinario. Después de aproximadamente media hora, le informaron que quedaría detenido para una investigación especial sobre su caso.
Lo que inicialmente le dijeron que serían dos semanas terminó convirtiéndose en ocho meses de detención administrativa.
Durante ese período fue trasladado por nueve centros de detención distintos. C. describió esos lugares como instalaciones en malas condiciones, donde convivía con personas que habían cometido delitos, aunque aseguró que él era inocente.
Uno de los aspectos que más lamenta es haberse perdido el nacimiento de su único hijo. El niño tiene actualmente cinco meses y, según contó, solo puede verlo mediante videollamadas.
Su llegada a Liberia significó además ser trasladado a un país con el que no tiene vínculos familiares ni legales y cuyo idioma desconoce.
Otro de los venezolanos deportados, identificado como A., tiene 45 años y también fue expulsado a Liberia. Antes de su deportación pasó por cuatro centros de detención en pocos meses. Según relató, su abogado nunca fue informado de esos traslados ni de la posterior deportación.
A. explicó que a comienzos de año acudió junto a su esposa a una oficina de inmigración para un control rutinario. Ambos contaban, según su testimonio, con protección frente a una eventual repatriación a Venezuela y no tenían antecedentes penales.
Sin embargo, mientras su esposa fue dejada en libertad, él quedó detenido. Posteriormente fue deportado. Antes de su detención trabajaba en el sector de la energía eólica.
Durante los meses que permaneció bajo custodia, afirmó haber sufrido fuertes episodios de ansiedad y depresión. Cuando fue llevado al avión con destino a Liberia, aseguró que sintió temor por su vida.
A. relató que intentó resistirse cuando llegó al avión, pero un agente de ICE le advirtió que debía subir voluntariamente o sería obligado a hacerlo. Una vez dentro, afirmó que los pasajeros comenzaron a llorar y que todos permanecieron encadenados de pies y manos durante las aproximadamente 15 horas de vuelo.
El venezolano también contó que inicialmente le habían informado que sería enviado de regreso a Venezuela. Ante esa posibilidad, explicó que no podía ser repatriado porque, como opositor político, consideraba que podía ser perseguido.
Según su relato, recibió como respuesta que ya no existía ese riesgo porque Venezuela era ahora un país libre. A. rechazó esa afirmación y aseguró que amigos opositores que permanecen en Venezuela todavía temen por su seguridad.
La deportación también tuvo consecuencias para su familia. El hombre afirmó que su hija recibe terapia desde que él fue enviado a Liberia y que sus hijos cuestionan constantemente su ausencia.
También manifestó preocupación por el futuro de su familia y por la posibilidad de que ICE detenga a su esposa. Según explicó, sus hijos quedarían desamparados si ambos fueran separados de ellos.
El Gobierno liberiano había asegurado que los deportados tendrían libertad para desplazarse por el país, solicitar asilo en Liberia o salir de allí.
A., sin embargo, afirmó que ya no desea regresar a Estados Unidos y que considera solicitar asilo en Europa junto con su familia.
