
El terremoto en Colombia mantiene al país en una situación de profunda incertidumbre después de dejar 281 personas fallecidas, 3.824 heridas y 379 desaparecidas. Mientras los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en localizar supervivientes, miles de familias enfrentan la falta de vivienda, alimentos, agua potable y atención médica. El movimiento telúrico de magnitud 7,4 afectó 426 municipios de 15 departamentos y provocó una emergencia humanitaria que exige respuestas rápidas, coordinación institucional y respaldo internacional.
El presidente Abelardo de la Espriella presentó este jueves un nuevo balance sobre las consecuencias de la tragedia. Según el mandatario, 44.936 familias, equivalentes a 102.105 personas, sufrieron algún tipo de afectación. Las autoridades todavía recopilan información en zonas apartadas, por lo que las cifras podrían cambiar a medida que los equipos técnicos ingresen a comunidades rurales y poblaciones con problemas de comunicación.
El temblor destruyó 10.677 viviendas, causó averías en otras 65.841 y derribó 127 edificios. El daño estructural obligó a decenas de miles de ciudadanos a abandonar sus hogares. Muchas familias pasaron las últimas noches en parques, calles, refugios provisionales y carpas instaladas por organismos humanitarios. Otras permanecen cerca de sus propiedades para proteger las pocas pertenencias que lograron recuperar.
La tragedia también interrumpió servicios públicos, bloqueó carreteras y dificultó el traslado de asistencia hacia los territorios más golpeados. En varios municipios, las autoridades locales solicitaron maquinaria, personal médico, agua, alimentos no perecederos, medicamentos, plantas eléctricas y elementos para habilitar albergues. La magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta de numerosas administraciones municipales.
Terremoto en Colombia mantiene activa la búsqueda de supervivientes
Los equipos de rescate continúan removiendo escombros pese a que ya transcurrieron las primeras 72 horas, consideradas decisivas para encontrar personas con vida. Bomberos, socorristas, integrantes de la Defensa Civil, miembros de la Cruz Roja y voluntarios trabajan en jornadas prolongadas. Cada sonido detectado bajo una estructura derrumbada renueva la esperanza de familiares que aguardan noticias en los perímetros de seguridad.
Cali figura entre las ciudades con mayores pérdidas humanas y materiales. La capital del Valle del Cauca registra al menos un centenar de fallecidos, además de decenas de inmuebles residenciales y comerciales destruidos o gravemente afectados. Los organismos de emergencia inspeccionan cada edificación antes de permitir el regreso de sus habitantes, pues las réplicas podrían provocar nuevos colapsos.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el uso inmediato de maquinaria pesada en los edificios donde todavía podrían encontrarse víctimas. El funcionario pidió priorizar los procedimientos manuales y el empleo de equipos especializados para evitar daños adicionales. Esta decisión busca proteger cualquier posibilidad de supervivencia, aunque ralentiza la remoción de concreto, metales y otros materiales.
La tensión domina los alrededores de las zonas acordonadas. Los familiares observan el ingreso y la salida de los rescatistas, preguntan por los avances y entregan fotografías que facilitan la identificación. Paralelamente, cientos de ciudadanos duermen en carpas porque perdieron sus casas o temen volver a construcciones que presentan grietas, desplazamientos y fallas visibles.
Manizales también enfrenta un panorama complejo. Allí murieron seis personas y varios barrios quedaron expuestos al riesgo de derrumbe. La Alcaldía identificó 1.970 casas con daños parciales y declaró inhabitables otras 1.449. Los técnicos revisan laderas, edificaciones y vías para determinar si el movimiento alteró la estabilidad del terreno.
Felipe Varela, uno de los ciudadanos que perdió todas sus pertenencias, aseguró que todavía espera una respuesta concreta de las instituciones. Según relató, las autoridades ya incluyeron a su familia en el censo, pero aún no le informaron cuándo recibirá auxilios. Su testimonio refleja la realidad de miles de damnificados que entregaron sus datos y ahora necesitan soluciones urgentes para conseguir refugio, alimentación y atención sanitaria.
Quibdó recibe asistencia en medio de enormes necesidades
La ayuda humanitaria empezó a llegar este jueves a Quibdó, una de las ciudades más afectadas debido a su cercanía con el epicentro. Las autoridades iniciaron la distribución de 18 toneladas de insumos entre una población que soportó varios días de incertidumbre y escasez. La operación incluye alimentos, agua, productos de higiene, medicinas y materiales básicos para atender a quienes perdieron sus hogares.
Las dificultades logísticas retrasaron el ingreso de los primeros cargamentos. El deterioro de carreteras, la interrupción de comunicaciones y las limitaciones del transporte complicaron el acceso a distintas comunidades del Chocó. En algunos sectores, los habitantes organizaron cadenas humanas para mover suministros, retirar objetos peligrosos y levantar refugios improvisados.
Quibdó funciona como punto de referencia para numerosas localidades de una de las regiones con mayores índices de pobreza del país. Antes del temblor, la población ya enfrentaba deficiencias en infraestructura, servicios sanitarios y conectividad. El desastre profundizó esas carencias y elevó el riesgo de enfermedades, desabastecimiento y desplazamientos internos.
Durante los primeros días, las redes comunitarias sostuvieron buena parte de la respuesta. Vecinos, comerciantes, organizaciones sociales y líderes locales compartieron comida, prestaron herramientas y habilitaron espacios para alojar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Esa solidaridad permitió atender necesidades inmediatas mientras llegaban los primeros apoyos oficiales.
Sin embargo, los habitantes necesitan una asistencia constante que vaya más allá de los cargamentos iniciales. Las comunidades requieren alojamientos seguros, atención psicológica, vigilancia epidemiológica y mecanismos transparentes para distribuir recursos. También necesitan información clara sobre los censos, las ayudas económicas y los programas de reconstrucción.
El presidente De la Espriella anunció los primeros pasos para recuperar las zonas destruidas. El mandatario se reunió con representantes de las principales compañías constructoras y con dirigentes gremiales para solicitar su participación. Afirmó que el país atraviesa un momento histórico que demanda el esfuerzo de todos los sectores, especialmente de la empresa privada.
La reconstrucción planteará retos financieros, técnicos y sociales. El Gobierno deberá determinar qué terrenos permiten levantar nuevas viviendas, cuáles edificios pueden repararse y qué familias necesitan una reubicación definitiva. Además, tendrá que garantizar que las obras cumplan normas de resistencia sísmica y respondan a las condiciones geográficas de cada región.
Asistencia internacional avanza entre cuestionamientos diplomáticos
Colombia empezó a recibir colaboración extranjera, aunque los criterios para autorizar el ingreso de grupos especializados generaron controversia. Una brigada del Ejército mexicano quedó inicialmente fuera de las operaciones porque el Gobierno colombiano solicitó una certificación adicional. La decisión provocó preguntas debido a la experiencia de México en terremotos y misiones internacionales de búsqueda.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que el equipo militar cuenta con preparación y ha participado en operativos de rescate en 98 países. Su Gobierno esperaba una autorización para desplegar a los especialistas, pero el requisito adicional frenó su incorporación inmediata.
En contraste, Colombia permitió el ingreso de unidades procedentes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Esta diferencia alimentó críticas sobre una posible selección basada en afinidades políticas. El canciller Omar Bula rechazó esos señalamientos y afirmó que el Ejecutivo acepta la cooperación sin consideraciones ideológicas.
México, entretanto, mantiene otras formas de apoyo. Los rescatistas de los Topos Aztecas llegaron a Cali desde Venezuela y territorio mexicano. El país norteamericano también comenzó a enviar 58,5 toneladas de alimentos, medicamentos, agua y otros artículos solicitados por las autoridades colombianas.
La coordinación internacional resulta fundamental porque cada hora influye en las posibilidades de encontrar supervivientes y atender a los heridos. Los grupos extranjeros aportan perros entrenados, cámaras térmicas, herramientas de corte, conocimientos técnicos y experiencia en estructuras colapsadas. No obstante, las autoridades deben organizar su participación para evitar duplicaciones y garantizar que trabajen en los lugares con mayor necesidad.
El desafío inmediato consiste en mantener las búsquedas, acelerar la entrega de suministros y proteger a las familias que permanecen a la intemperie. Después vendrá una etapa extensa que incluirá la reparación de infraestructura, la construcción de viviendas y la recuperación de las actividades económicas.
Colombia atraviesa ahora un duelo nacional mientras intenta responder a una de sus emergencias más graves. La esperanza permanece entre quienes esperan noticias de los desaparecidos, pero la angustia aumenta con el paso de las horas. La capacidad del Estado para coordinar recursos, comunicar decisiones y escuchar a las comunidades marcará el rumbo de la recuperación. Miles de damnificados no solo necesitan promesas: reclaman refugio, atención y una reconstrucción que les permita recuperar sus proyectos de vida.
Con información de EFE




