Dos meses después de los terremotos en Venezuela, el país ha comenzado a abandonar la fase más urgente del rescate, pero todavía no puede hablar de normalidad. Bajo algunos edificios destruidos continúan las búsquedas de cuerpos; miles de familias permanecen fuera de sus viviendas y las instituciones tratan de determinar qué estructuras pueden repararse, cuáles requieren reforzamiento y cuáles deberán demolerse.
Los dos movimientos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia durante la tarde del 24 de junio de 2026. La sacudida alcanzó gran parte del centro-norte venezolano, aunque sus efectos más graves se concentraron en el estado costero de La Guaira y en la Gran Caracas.
El balance oficial divulgado el 17 de agosto elevó a 6.438 el número de fallecidos, 137 más que en el informe anterior. El aumento no respondió a una nueva emergencia, sino a la recuperación e identificación progresiva de cadáveres entre los escombros. Casi dos meses después de la catástrofe, familiares y voluntarios aún buscaban restos en algunos edificios derrumbados, especialmente en La Guaira. El Gobierno, sin embargo, no había publicado una cifra consolidada y verificable de desaparecidos.
La ausencia de ese dato deja incompleto el retrato humano de la tragedia. Algunas organizaciones han pedido un registro público que permita diferenciar entre personas sin localizar, cadáveres pendientes de identificación y ciudadanos que abandonaron las zonas afectadas sin completar los trámites correspondientes.
Al mismo tiempo, el desastre ha dejado otra realidad menos visible: personas que no murieron ni sufrieron lesiones físicas graves, pero perdieron familiares, empleos, viviendas y la sensación de seguridad que tenían dentro de sus hogares.
Terremotos en Venezuela: un balance que todavía puede cambiar
Las cifras oficiales han variado considerablemente desde las primeras horas. El 24 de junio, las autoridades hablaban de decenas de víctimas. Durante las semanas siguientes, el retiro de escombros, el acceso a edificios colapsados y la identificación forense elevaron el balance de forma continua.
A mediados de julio, las autoridades reportaban 16.740 heridos y 17.907 personas que habían perdido su vivienda. También informaban que más de 23.000 ciudadanos permanecían en 107 campamentos temporales. Esa diferencia se explica porque los refugios también recibieron a residentes cuyas casas seguían en pie, pero presentaban daños o estaban ubicadas cerca de estructuras inestables.
Al cumplirse casi dos meses, el balance oficial más reciente situó en casi 60.000 las viviendas afectadas y en 24.429 las consideradas inhabitables. La categoría incluye inmuebles con daños estructurales graves, viviendas situadas dentro de perímetros de demolición y edificaciones cuyo acceso representa un peligro para sus ocupantes.
Las autoridades habían entregado hasta entonces 335 nuevas viviendas, una cifra todavía pequeña frente a la magnitud de la emergencia. El Ejecutivo prometió alcanzar 4.000 soluciones habitacionales antes de terminar 2026 y superar las 10.000 durante 2027. Sin embargo, el propio Gobierno calcula que necesitará alrededor de 25.000 viviendas para responder a todas las familias que perdieron sus hogares.
Los datos requieren una lectura cuidadosa. Una “vivienda afectada” puede tener grietas menores o daños que permitan repararla, mientras que una vivienda declarada inhabitable exige desocupación, reforzamiento profundo o demolición. Tampoco debe confundirse el número de viviendas con el de edificios: una sola torre residencial puede contener decenas o cientos de apartamentos.
Organismos internacionales manejan una definición aún más amplia de población afectada. En los primeros días, UNICEF estimó que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y adolescentes, necesitaban algún tipo de asistencia humanitaria. Esa categoría abarca no solo a quienes perdieron su casa, sino también a familias con problemas de agua, saneamiento, alimentación, educación, transporte o acceso a servicios médicos.
La Guaira: el epicentro de la destrucción
La Guaira concentra el rostro más dramático del desastre. Su cercanía con el epicentro, la presencia de suelos costeros, la densidad de las urbanizaciones y la antigüedad o vulnerabilidad de algunas construcciones contribuyeron a que el daño resultara especialmente severo.
Al menos 190 edificios colapsaron después de los terremotos, de acuerdo con los balances difundidos durante la emergencia. Buena parte de los derrumbes y las operaciones más complejas se registraron en sectores como Caraballeda, Macuto, Catia La Mar y otras localidades del litoral central.
En algunos lugares, la emergencia no terminó cuando cesaron las labores de rescate. Las demoliciones controladas, la extracción de toneladas de concreto y la búsqueda de cuerpos prolongaron durante semanas la incertidumbre. Para muchas familias, el duelo no ha podido cerrarse porque todavía no reciben restos identificados o información concluyente sobre sus parientes.
La remoción de escombros constituye otro desafío. En julio se calculaba que el doble terremoto había producido más de 2,1 millones de toneladas. Cerca de dos meses después, equipos de la Cruz Roja hablaban de unas 500.000 toneladas retiradas, aproximadamente una cuarta parte del volumen previsto. El polvo generado por estos trabajos también ha incrementado las consultas por afecciones respiratorias.
Una clínica de emergencia instalada por la Cruz Roja en un campo de béisbol de Macuto atendió a alrededor de 8.000 personas desde principios de julio. Sus consultas pasaron gradualmente de las heridas causadas por los derrumbes a enfermedades respiratorias, interrupción de tratamientos y atención emocional. Los relevos internacionales de la organización continuarán, al menos, hasta octubre.
La recuperación económica del estado también depende de la conectividad. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectado por los sismos, tiene previsto reanudar sus vuelos comerciales el 24 de agosto mediante terminales temporales instaladas en áreas exteriores.
El esquema provisional incluye zonas separadas para vuelos nacionales e internacionales y capacidad conjunta para atender a unos 1.260 pasajeros de manera simultánea. La reapertura permitirá recuperar gradualmente la principal puerta aérea del país, pero no equivale a la rehabilitación definitiva de la terminal original.
Caracas y el temor de volver a casa
Caracas no sufrió el mismo nivel generalizado de destrucción que algunas áreas de La Guaira, pero la densidad urbana y la cantidad de edificios altos convirtieron la evaluación estructural en una operación de gran escala.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela informó que había realizado más de 11.000 inspecciones técnicas en 798 zonas de la capital. Aproximadamente el 75% de las estructuras recibió etiqueta verde, que permite su ocupación; el 13% quedó bajo etiqueta amarilla, con restricciones de uso; y alrededor del 10% obtuvo etiqueta roja, que prohíbe el ingreso por daño severo o alto riesgo.
Según los datos divulgados por los equipos técnicos, unas 1.200 edificaciones inspeccionadas en Caracas no estaban aptas para ser ocupadas y alrededor de 1.500 requerían restricciones o estudios adicionales. Las revisiones abarcaron cerca de 35.000 viviendas y beneficiaron potencialmente a unas 700.000 personas.
Las etiquetas, sin embargo, no resuelven por sí solas el problema. Una clasificación amarilla obliga a definir quién pagará el reforzamiento, cuánto tiempo tardará y dónde permanecerán los residentes mientras duren las obras. Una etiqueta roja abre preguntas todavía más difíciles sobre demolición, indemnización, propiedad del terreno y reasignación de viviendas.
Las lluvias han añadido presión. En agosto, precipitaciones intensas dañaron carpas y pertenencias en algunos campamentos de Caracas. La temporada lluviosa también aumenta el riesgo de deslizamientos en laderas donde el suelo quedó fracturado o debilitado.
Para quienes viven en un refugio, el regreso tampoco depende únicamente de recibir una autorización técnica. Muchas personas sienten miedo de volver a un edificio que se movió violentamente, incluso cuando los especialistas no encuentran daños estructurales graves. Una réplica, el paso de un camión o una puerta que se cierra con fuerza puede reactivar la sensación de peligro.
Depresión, ansiedad y el “terremoto” que continúa en la mente
La emergencia psicológica suele aparecer con mayor claridad cuando termina la etapa inicial de supervivencia. Durante los primeros días, las personas concentran su energía en buscar familiares, conseguir alimentos, rescatar documentos o encontrar alojamiento. Semanas después pueden surgir insomnio, irritabilidad, ataques de pánico, tristeza persistente, culpa por haber sobrevivido, temor a entrar en edificios y dificultad para planificar el futuro.
Médicos del Mundo advirtió que los sobrevivientes y los equipos de rescate comenzaban a presentar con mayor intensidad ansiedad, miedo, alteraciones del sueño, duelos complejos y síntomas de estrés postraumático. La organización señaló que la prioridad ya no consiste únicamente en prestar primeros auxilios psicológicos, sino en evitar que esas reacciones se vuelvan crónicas.
Médicos Sin Fronteras también identificó una crisis marcada por la pérdida, el desplazamiento y la ruptura de la sensación de seguridad, principalmente en La Guaira y Caracas. La organización considera la atención psicológica una necesidad vital, no un complemento secundario de la respuesta.
No existe todavía una estimación nacional fiable sobre cuántas personas desarrollaron depresión clínica o trastorno de estrés postraumático. Sentir tristeza, miedo o sobresalto después de un terremoto no implica automáticamente un diagnóstico. Los especialistas suelen prestar especial atención cuando los síntomas persisten, empeoran o impiden dormir, trabajar, estudiar y mantener relaciones cotidianas.
Los grupos más vulnerables incluyen a quienes perdieron familiares, las personas rescatadas de edificios, los niños separados temporalmente de sus cuidadores, los adultos mayores, quienes ya tenían trastornos de salud mental y los rescatistas expuestos durante semanas a cadáveres y escenas traumáticas.
En los niños, la angustia puede manifestarse mediante pesadillas, silencio, irritabilidad, miedo a separarse de sus padres, pérdida de habilidades previamente adquiridas o rechazo a regresar a clases. El cambio de vivienda, la interrupción escolar y la convivencia prolongada en refugios aumentan esa presión. Un informe difundido a través de ReliefWeb destacó que las condiciones inadecuadas de alojamiento, los escombros y los cambios en los cuidados estaban profundizando el impacto psicológico en la infancia.
Las decisiones gubernamentales y las dudas sobre la respuesta
El Gobierno declaró la emergencia, movilizó organismos civiles y militares, habilitó refugios y anunció un programa de construcción masiva. También estableció censos para identificar a las familias afectadas y coordinó inspecciones con instituciones públicas, universidades, profesionales y voluntarios.
La Asamblea Nacional aprobó en agosto la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, integrada por 40 artículos. La norma reemplaza el marco anterior contra la estafa inmobiliaria, crea nuevas reglas para contratos y ventas, establece responsabilidades para las constructoras y atribuye al Ministerio de Vivienda y Hábitat funciones de fiscalización. También contempla un fideicomiso y sanciones por incumplimiento.
Sus promotores sostienen que la reforma facilitará el financiamiento y acelerará la edificación. El desafío será convertir la ley en proyectos terminados, con servicios, transporte y seguridad estructural. Construir rápidamente en zonas expuestas sin estudios geotécnicos adecuados podría reproducir la vulnerabilidad que la reconstrucción intenta corregir.
Las ONG han planteado otra preocupación: la calidad y regularidad de los datos. La cifra oficial de fallecidos ha seguido aumentando, pero las autoridades dejaron de actualizar algunos indicadores con la misma frecuencia, entre ellos los desaparecidos, los heridos y el número exacto de personas en campamentos.
Esa falta de desagregación impide saber con precisión cuántos muertos corresponden a La Guaira, cuántos a Caracas y cuántos a otros estados. También dificulta contrastar la ayuda entregada con las necesidades reales de cada comunidad.
La respuesta internacional continúa. UNICEF calculó que necesita US$52 millones para atender la emergencia sísmica dentro de su programa humanitario para Venezuela. Antes de los terremotos, el llamamiento anual de la organización, por US$137,6 millones, solo tenía un 35% de financiación.
La OPS, la Cruz Roja, agencias de Naciones Unidas y organizaciones médicas han apoyado la atención sanitaria, el suministro de agua, el saneamiento, la protección infantil, la gestión de refugios y la asistencia psicosocial. Sin embargo, varias alertan que el interés internacional puede disminuir antes de que terminen las necesidades.
Qué puede ocurrir durante los próximos meses y años
En el corto plazo, Venezuela deberá completar las evaluaciones estructurales, asegurar los edificios inestables, retirar escombros, mantener condiciones sanitarias en los campamentos y trasladar a las familias antes de que la permanencia temporal se convierta en indefinida.
También tendrá que restaurar escuelas, hospitales, vías, redes de agua y electricidad. La reapertura parcial de Maiquetía representa un paso importante, pero la reparación definitiva de la infraestructura aeroportuaria y de los accesos puede tardar mucho más.
En los próximos meses, la reconstrucción habitacional será la principal prueba. La promesa de entregar 4.000 viviendas antes de terminar el año cubre solo una fracción de las 24.429 unidades calificadas como inhabitables. Aun si el Gobierno cumple la meta, miles de familias deberán permanecer en refugios, alquilar temporalmente o vivir con parientes.
A mediano plazo, el país necesitará reforzar normas de construcción, actualizar mapas de microzonificación sísmica y revisar edificaciones levantadas antes de los códigos modernos. También deberá evitar reconstruir en terrenos con riesgo de deslizamientos, licuefacción o amplificación de ondas.
La recuperación psicológica podría extenderse durante años. Las familias necesitarán atención continua y no solo intervenciones breves en los refugios. Escuelas, centros comunitarios y ambulatorios tendrán que identificar señales de depresión, consumo problemático de alcohol, violencia familiar, estrés postraumático e ideación suicida.
La experiencia internacional muestra que una ciudad no se recupera únicamente cuando desaparecen los escombros. La recuperación llega cuando las personas recuperan vivienda, empleo, servicios públicos, redes comunitarias y confianza en las instituciones.
A dos meses de los terremotos, Venezuela ha superado la fase en la que cada hora podía significar la diferencia entre un rescate y una muerte. Ahora enfrenta una etapa menos visible y posiblemente más larga: decidir dónde reconstruir, cómo financiarlo, qué hacer con las estructuras vulnerables y cómo acompañar a una población que todavía siente que el suelo puede volver a moverse.
Las próximas semanas mostrarán si las medidas anunciadas logran sacar a las familias de los campamentos. Los próximos años revelarán algo más profundo: si el país reconstruye únicamente los edificios que perdió o si aprovecha la tragedia para reducir el riesgo antes del próximo gran terremoto.
