Los familiares de los pasajeros del vuelo 164, que trasladó a 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos, exigieron al Gobierno nacional información sobre las personas que permanecían en el hotel Santuario La Llanada cuando los terremotos del 24 de junio derribaron la edificación. Dos meses después de la tragedia, las familias aseguran que todavía desconocen cuántos pasajeros murieron, sobrevivieron o continúan desaparecidos.
Oswadeliz Núñez Ramírez y Luz Marina Meléndez, madres de Daniel Alejandro Núñez Ramírez y Angelo David Mejías Meléndez, acudieron este lunes a la sede de la misión Vuelta a la Patria para entregar una solicitud escrita. El documento pide explicaciones sobre el destino de los repatriados y los procedimientos que las autoridades aplicaron después de su llegada.
El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante la mañana del 24 de junio, pocas horas antes de los movimientos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela. Los registros de ICE Flight Monitor citados por las familiares ubican la llegada a las 10:22 de la mañana.
Después de completar el desembarque, funcionarios trasladaron al grupo hacia el hotel Santuario La Llanada, en La Guaira. Las autoridades utilizaban el establecimiento para alojar temporalmente a los deportados mientras verificaban su documentación y situación individual.
Los terremotos provocaron el colapso del edificio y convirtieron ese traslado en uno de los episodios más cuestionados de la emergencia. Los parientes quieren saber por qué los viajeros permanecían en el inmueble, cuánto tiempo debían estar allí y quién tenía la responsabilidad de protegerlos.
Las madres también denuncian que recibieron información contradictoria durante la búsqueda. Afirman que localizaron por sus propios medios los cuerpos de sus hijos y que ningún organismo les comunicó formalmente sus muertes.
Vuelo 164 deja una lista de preguntas sin respuesta
La misión Vuelta a la Patria no había publicado, hasta el momento referido por las familiares, un registro completo de los pasajeros que estaban en el hotel. Tampoco había informado oficialmente cuántos salieron con vida, cuántos murieron o cuántos seguían bajo búsqueda.
Esta ausencia de información constituye el centro del reclamo que Núñez Ramírez y Meléndez presentaron mediante el escrito. Las madres piden una respuesta institucional que vaya más allá de las condolencias y permita reconstruir lo ocurrido desde el aterrizaje hasta el colapso.
“Nosotros venimos a entregar este escrito, estas solicitudes a la misión Vuelta a la Patria. Queremos respuestas”, manifestó Núñez Ramírez durante la entrega del documento.
Una lista oficial permitiría comparar los registros del vuelo con los datos de hospitales, refugios, morgues y equipos de rescate. También ayudaría a corregir posibles errores de identificación y ofrecería a cada familia un canal directo de comunicación.
Los allegados necesitan conocer qué autoridad recibió a los pasajeros, quién ordenó el traslado y qué organismo quedó encargado de su custodia. Además, solicitan información sobre los protocolos acordados entre Estados Unidos y Venezuela para ejecutar las deportaciones y reintegrar a los retornados.
Núñez Ramírez sostiene que su hijo no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela. Por esa razón, cuestiona qué procedimiento justificaba que permaneciera alojado bajo vigilancia en vez de continuar hacia su domicilio.
La madre también comparó el trato aplicado a este grupo con los vuelos posteriores. Según su denuncia, quienes llegaron en las operaciones 165, 166 y 167 completaron la revisión documental y luego abordaron autobuses con destino a sus ciudades de origen.
“¿Por qué no ocurrió eso con el vuelo 164?”, preguntó.
La diferencia resulta relevante porque los 146 pasajeros llegaron al país durante la mañana. Las familias quieren establecer si existía la posibilidad de trasladarlos antes de los terremotos y qué circunstancias impidieron su salida.
Núñez Ramírez considera que su hijo y los demás deportados no necesitaban permanecer en el hotel. A su juicio, si las autoridades hubieran permitido que continuaran el viaje después de revisar sus documentos, no habrían estado dentro del edificio cuando colapsó.
Esa afirmación expresa la posición de los familiares y todavía requiere una respuesta oficial. Una investigación debería revisar los horarios, los registros de ingreso, las órdenes de custodia, la disponibilidad de transporte y la duración prevista del procedimiento.
Las madres reconocen que nadie podía controlar la ocurrencia de los terremotos. Sin embargo, sostienen que el carácter natural del desastre no elimina la obligación de explicar las decisiones adoptadas antes del colapso.
Dos madres reconstruyen la búsqueda de sus hijos
Oswadeliz Núñez Ramírez pasó cinco días recorriendo hospitales, morgues y diferentes sectores de La Guaira y Caracas en busca de Daniel. Durante ese periodo, recibió información según la cual los rescatistas habían encontrado al joven con vida.
La madre no consiguió confirmar esa versión. Finalmente, localizó su cuerpo en la morgue provisional de Los Silos, donde los organismos habían trasladado a varias víctimas recuperadas entre los restos del hotel.
Núñez Ramírez identificó a Daniel por sus tatuajes. Según su testimonio, los equipos lo encontraron el 29 de junio, después de que los parientes insistieran para que continuaran las labores en la edificación.
La diferencia entre el reporte inicial y el hallazgo en la morgue aumentó las dudas de la familia. La madre quiere saber quién generó la información equivocada y por qué ningún funcionario la corrigió oportunamente.
Para quienes buscan a una persona después de una catástrofe, un dato impreciso puede obligarlos a recorrer numerosos centros y prolongar la incertidumbre. Por ello, los organismos necesitan unificar los registros y verificar cada dato antes de comunicarlo.
Luz Marina Meléndez vivió un proceso parecido con Angelo David Mejías Meléndez, de 27 años. El joven había viajado a Tampa, Florida, en marzo de 2022, motivado por las dificultades económicas y laborales que enfrentaba en Venezuela.
Meléndez conoció inicialmente la deportación por medio de un amigo de su hijo. Después consultó el sistema migratorio estadounidense mediante el número asignado a Angelo y observó que había salido del centro de detención el 23 de junio.
La información la llevó a pensar que llegaría a Venezuela al día siguiente. Angelo había aceptado la deportación voluntaria y su madre esperaba recibirlo después de su llegada a Maiquetía.
El 24 de junio, un funcionario que se identificó como integrante del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se comunicó con ella, según su relato. Le solicitó datos personales y confirmó su vínculo con Angelo.
Cuando Meléndez preguntó dónde podía recogerlo, el funcionario le habría indicado que el joven seguiría bajo custodia y que ella no debía acudir al aeropuerto. Durante esa llamada, Angelo pudo hablar brevemente con su madre.
“Viejita, estoy muy cansado y mañana hablamos”, le dijo. Esas fueron las últimas palabras que Meléndez recuerda haber escuchado de su hijo.
Después de los terremotos, la madre comenzó a buscarlo y recibió versiones diferentes sobre su posible ubicación. Finalmente conoció por su cuenta que había fallecido, sin que un organismo estatal le comunicara formalmente la noticia, de acuerdo con su testimonio.
Las experiencias de ambas mujeres muestran fallas en la comunicación denunciadas por las familias. Sus relatos requieren una respuesta de las instituciones señaladas, que todavía deben explicar sus actuaciones y presentar los registros correspondientes.
Las familias reclaman responsabilidad institucional
Las madres sostienen que el debate no debe limitarse a determinar si las autoridades podían prever el terremoto. Para ellas, la pregunta central consiste en establecer por qué los pasajeros permanecían bajo custodia dentro de ese edificio.
Núñez Ramírez aseguró que los funcionarios retiraron a los deportados sus teléfonos y documentos. También afirmó que los pasajeros no escucharon una alarma ni pudieron salir con rapidez.
Estas denuncias necesitan una investigación que revise el protocolo utilizado en La Llanada. Las autoridades deben aclarar dónde guardaron las pertenencias, qué libertad de movimiento tenían los huéspedes y cuáles medidas de emergencia funcionaban dentro del hotel.
También resulta necesario conocer si la edificación contaba con rutas de evacuación, personal preparado y condiciones adecuadas para albergar a 146 personas. Los registros de seguridad y los testimonios de sobrevivientes podrían ayudar a establecerlo.
Meléndez pidió al Estado que reconozca públicamente su responsabilidad sobre las personas que permanecían bajo su cuidado. En su opinión, los organismos fallaron en la custodia de los deportados, aunque el colapso surgió de un fenómeno natural.
“Nosotros queremos que nos digan oficialmente: ‘Nosotros somos responsables de ellos y aquí estamos dando la cara a ustedes, porque fallamos en su custodia’”, expresó.
La responsabilidad institucional no equivale automáticamente a una responsabilidad penal. Una investigación debe determinar las decisiones, omisiones y competencias de cada organismo antes de establecer consecuencias legales.
Sin embargo, el Estado sí tiene el deber de informar a las familias, conservar los registros, identificar a las víctimas y explicar los procedimientos aplicados. También debe comunicar los resultados de las labores de rescate.
La misión Vuelta a la Patria puede aportar documentos fundamentales: el manifiesto de pasajeros, las actas de recepción, los listados de traslado y los controles realizados después del aterrizaje.
El Sebin, señalado por las madres como organismo encargado de la custodia, tendría que aclarar su participación. Asimismo, los responsables del hotel deberían informar sobre las condiciones del alojamiento y los planes de evacuación.
Los familiares reclaman que el Gobierno muestre la misma disposición para asumir los aspectos negativos del operativo que emplea al comunicar el retorno de los migrantes. No cuestionan únicamente la falta de información, sino la ausencia de una explicación completa.
Núñez Ramírez contó que solo recibió una llamada para retirar el teléfono de Daniel. Durante ese contacto, funcionarios le expresaron sus condolencias, pero no respondieron sus preguntas.
“Ese sentido pésame no es suficiente”, afirmó.
Dos meses después de la tragedia, las familias siguen atravesando un duelo acompañado por interrogantes. Quieren saber qué sucedió con cada pasajero, quién tomó la decisión de enviarlos al hotel y por qué no pudieron reunirse con sus parientes antes de los terremotos.
La publicación de una lista oficial representa el primer paso. Después, las autoridades deberán presentar una cronología, identificar a los responsables de cada procedimiento y explicar las diferencias con los vuelos posteriores.
La catástrofe destruyó el hotel, pero no eliminó los documentos ni las obligaciones institucionales. Las familias del vuelo 164 reclaman una respuesta que les permita conocer la verdad y cerrar un proceso marcado por el silencio, las contradicciones y la búsqueda individual de sus seres queridos.
