La reconstrucción de La Guaira enfrenta riesgos por la eliminación de escombros sin investigaciones suficientes sobre las causas de los colapsos, advirtió el exministro de Ciencia y Tecnología Carlos Genatios. Según sus declaraciones, recogidas por Infobae, las autoridades retiran materiales de los edificios destruidos por los terremotos del 24 de junio sin preservar las muestras necesarias para comprender por qué fallaron las estructuras.
El especialista cuestionó la actuación del gobierno interino de Delcy Rodríguez y señaló que la falta de transparencia limita el aprendizaje técnico que debería orientar la recuperación. Su preocupación abarca tanto la pérdida de evidencias físicas como las restricciones de acceso a proyectos y estudios sobre los terrenos y las edificaciones.
Genatios conoce los desafíos de recuperar esta región después de una catástrofe. En el año 2000 asumió la coordinación de su reconstrucción tras el deslave que destruyó amplias zonas y dejó miles de muertos y damnificados. Ahora, el doctor en Ingeniería plantea que la respuesta al doblete sísmico debe incorporar las lecciones de cada derrumbe.
El reportaje publicado el 27 de agosto sitúa el balance oficial de los terremotos en 6.509 fallecidos y describe a La Guaira como la entidad más afectada. En ese contexto, distintas instituciones de la sociedad civil solicitan investigaciones detalladas que permitan orientar las nuevas obras y reducir los riesgos futuros.
Reconstrucción de La Guaira requiere preservar las evidencias de los colapsos
Genatios sostiene que las autoridades ya eliminaron una parte importante de los escombros sin completar las investigaciones correspondientes ni conservar suficientes muestras. A su juicio, esa actuación compromete la posibilidad de determinar las causas específicas de la destrucción.
El experto advierte que cada edificio colapsado o gravemente dañado contiene información sobre sus materiales, diseño, construcción, mantenimiento y relación con el suelo. Examinar esos componentes permitiría comprender el comportamiento de las estructuras durante los movimientos sísmicos.
Su planteamiento no identifica una causa única para todos los derrumbes. Por el contrario, reclama investigaciones forenses completas, independientes y transparentes que ayuden a establecer qué ocurrió en cada caso, antes de adoptar decisiones generales para las nuevas edificaciones.
La diferencia resulta central para el proceso de recuperación. Sustituir un inmueble destruido no garantiza, por sí solo, que la nueva construcción evite las vulnerabilidades anteriores. Para Genatios, las decisiones deben apoyarse en el conocimiento de las fallas y no únicamente en la urgencia de levantar edificios.
El especialista propone revisar los criterios de localización, mejorar las normas de diseño y reforzar los controles de calidad. También considera necesario recuperar capacidades institucionales y establecer mecanismos de inspección y prevención.
“La reconstrucción no debe entenderse simplemente como la sustitución rápida de los edificios destruidos”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, el análisis de los restos forma parte de la planificación de las obras futuras. La información obtenida podría orientar la selección de terrenos, las soluciones estructurales y los procedimientos de supervisión, en lugar de limitarse a documentar los daños después de la emergencia.
La denuncia plantea, además, una pérdida difícil de revertir: cuando las operaciones eliminan o trituran materiales sin conservar muestras y registros adecuados, reducen las posibilidades de examinarlos posteriormente. Genatios considera que Venezuela desaprovecha así una oportunidad de ampliar el conocimiento sobre sus edificaciones.
El volumen de residuos plantea un desafío logístico y ambiental
Mientras el exministro reclama investigaciones, el Ministerio de Ecosocialismo presenta avances en las operaciones de remoción. Su titular, Nelson Rodríguez, informó en una entrevista con el canal del Estado que los equipos trasladaron más de 500.000 toneladas de escombros durante 57 días de trabajo.
El funcionario agregó que las operaciones incluyeron la trituración de unas 40.000 toneladas. También situó el ritmo actual de recolección entre 280 y 300 toneladas diarias.
Estos datos describen actividades distintas. El traslado de materiales no equivale necesariamente a su procesamiento definitivo, y el reporte no aclara si las toneladas trituradas forman parte del volumen transportado. Por ello, no corresponde sumar ambas cantidades como si representaran residuos diferentes.
Asimismo, el ritmo diario mencionado por Rodríguez describe la operación actual, mientras el acumulado comprende 57 días. La información disponible no detalla cómo varió la capacidad de recolección durante ese período ni permite establecer una fecha fiable para concluir los trabajos.
Las autoridades estiman que los terremotos generaron 2,1 millones de toneladas de escombros. El ministro reconoció que el volumen pendiente supone un desafío logístico y ambiental de larga duración, pese a la habilitación de puntos de acopio y los avances en la separación de materiales.
La disposición final también preocupa a organizaciones ambientales, que han exigido evitar el vertido de restos en la costa para proteger el ecosistema. El reclamo incorpora una dimensión adicional: despejar las zonas afectadas requiere definir dónde y cómo manejar los residuos.
El balance ministerial recogido en el reportaje no detalla protocolos de conservación de muestras para investigaciones estructurales. Esa ausencia de información en las declaraciones citadas no demuestra por sí sola que ninguna operación haya preservado evidencias, pero deja sin responder el cuestionamiento concreto de Genatios.
El desafío consiste en coordinar la remoción con las necesidades científicas y ambientales. Los avances medidos en toneladas ofrecen una referencia sobre la actividad operativa, aunque no explican qué información técnica acompañó el retiro de cada estructura.
La falta de información limita el aprendizaje y la supervisión pública
Genatios también denuncia que los proyectos permanecen inaccesibles y que las autoridades no publican los estudios estructurales y geotécnicos. Según sostiene, esa opacidad impide conocer los fundamentos de las decisiones que marcarán la recuperación.
Su crítica abarca el acceso a documentos que permitirían examinar las condiciones de los edificios y los terrenos. Sin esos insumos, otros especialistas encuentran limitaciones para revisar los diagnósticos, contrastar conclusiones y aportar observaciones.
El exministro vincula esta situación con el deterioro de las capacidades técnicas y científicas del país. Menciona las limitaciones de la red sismológica, la insuficiencia de registros instrumentales, la salida de profesionales especializados y el debilitamiento de organismos técnicos.
A su juicio, esos problemas reducen la información disponible precisamente cuando las instituciones necesitan comprender la magnitud del desastre y sus efectos. La pérdida de muestras físicas agravaría esa carencia al cerrar posibilidades de investigación posteriores.
El planteamiento no se limita a contratar especialistas para nuevas construcciones. También exige fortalecer las instituciones que generan datos, conservan registros, inspeccionan obras y supervisan el cumplimiento de criterios técnicos.
La publicación de estudios permitiría, además, distinguir los hallazgos confirmados de las hipótesis pendientes. Esa diferencia resulta necesaria para evitar explicaciones generales sobre los derrumbes que no cuenten con respaldo en evaluaciones particulares.
El reportaje recoge las declaraciones oficiales sobre el manejo de residuos, pero no incluye una respuesta específica a los señalamientos sobre acceso a proyectos, conservación de muestras e investigaciones forenses. Por tanto, las denuncias sobre esas omisiones corresponden a la evaluación de Genatios.
Para el experto, documentar y compartir el conocimiento de los colapsos representa una responsabilidad frente a las víctimas y una inversión en seguridad. Su advertencia sitúa el reto de La Guaira más allá de retirar ruinas: la recuperación necesita explicar las fallas, incorporar ese aprendizaje y permitir que la sociedad conozca los criterios de las nuevas obras.
Con información de Infobae
