El primer mes de De la Espriella al frente de Colombia transcurrió entre una emergencia nacional, una ofensiva contra grupos armados y una política exterior que busca estrechar la relación con Washington y Tel Aviv. El mandatario llegó a la Casa de Nariño con un discurso de autoridad y una comunicación política fuertemente centralizada, pero un terremoto de magnitud 7,4 ocurrido menos de tres días después de su posesión alteró las prioridades iniciales de su administración.
Desde el comienzo, el presidente mostró señales del estilo que pretendía imprimir a su Gobierno. Durante la ceremonia de posesión recurrió a una marcada carga simbólica, con la participación de un rabino, un pastor y un sacerdote, además de dirigentes de la derecha radical latinoamericana. También eligió un escenario militar para pronunciar parte de su discurso y reforzó la imagen de liderazgo firme que había construido alrededor de su sobrenombre de «el tigre».
Sin embargo, la emergencia sísmica obligó al nuevo mandatario a trasladar rápidamente su atención desde los anuncios políticos hacia las zonas afectadas. El terremoto golpeó al país el 10 de agosto y dejó, según las cifras incluidas en el balance oficial citado en el texto, al menos 331 muertos y 4.519 heridos.
Durante los primeros días de la crisis, De la Espriella recorrió algunos de los territorios más afectados, sostuvo reuniones con autoridades locales y buscó apoyo de empresarios y gobiernos extranjeros para atender las labores de rescate y preparar la reconstrucción.
Su presencia en las zonas devastadas también permitió al mandatario proyectar una imagen de cercanía. Las fotografías y videos del presidente con las mangas de la camisa arremangadas, participando en actividades relacionadas con la emergencia, reforzaron ese mensaje.
El Gobierno, además, consiguió compromisos económicos importantes para atender las consecuencias de la tragedia. Entre las principales contribuciones mencionadas figura el respaldo de Washington, que comprometió en total 26,5 millones de dólares.
Pero la gestión de la emergencia también generó cuestionamientos. El presidente recibió críticas después de lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura, una acción que sectores críticos consideraron inapropiada en medio de una tragedia de esta magnitud.
También surgieron controversias alrededor de la selección de los equipos que podían prestar asistencia. El Gobierno recibió cuestionamientos por excluir, según el texto, a un reconocido grupo mexicano de rescatistas debido a diferencias de carácter ideológico.
Con el paso de las semanas, la atención presidencial comenzó a desplazarse nuevamente hacia las prioridades de seguridad. Ahora el Gobierno enfrenta la tarea de convertir los anuncios realizados durante la emergencia en obras concretas para las comunidades afectadas.
Reconstrucción y ofensiva contra los grupos armados
La magnitud de los daños convierte la reconstrucción en uno de los principales desafíos para la administración. Las cifras oficiales citadas en el balance muestran una afectación considerable en infraestructura y servicios esenciales.
El terremoto destruyó 36.336 viviendas y ocasionó daños en otras 201.010. Además, dejó afectaciones en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos y 5.600 centros comunitarios. La emergencia también golpeó 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes.
Estas cifras obligan al Gobierno a pasar de la respuesta inmediata a una estrategia de recuperación de largo alcance. Varias de las zonas afectadas ya enfrentaban problemas estructurales de desarrollo, por lo que la reconstrucción tendrá que atender tanto los daños provocados por el fenómeno natural como las carencias que existían antes de la tragedia.
El desempeño de la administración durante esta etapa tendrá un peso considerable en la percepción que los colombianos construyan sobre el nuevo presidente. La capacidad para reconstruir viviendas, recuperar servicios públicos y restablecer la infraestructura determinará si la respuesta inicial ante la emergencia se transforma en resultados concretos.
Al mismo tiempo, el Gobierno volvió a colocar la seguridad en el centro de su agenda. Durante la última semana, De la Espriella intensificó sus mensajes contra las guerrillas, las estructuras criminales y las organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
El presidente ha defendido una estrategia basada en «la fuerza de las armas y de las leyes» y ha prometido aplicar una política de «mano de hierro». Dentro de esa línea, el Ejecutivo prepara una lista de organizaciones consideradas terroristas con el propósito de disponer de mayores recursos y actuar con mayor rapidez contra ellas.
De acuerdo con el balance presentado por el propio mandatario, durante su primer mes las Fuerzas Armadas capturaron a nueve presuntos integrantes de organizaciones criminales, entre ellos miembros del Tren de Aragua, disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras armadas.
De la Espriella también aseguró que las operaciones militares dejaron cerca de 40 muertos, a quienes identificó como presuntos integrantes de una disidencia de las FARC y de un grupo criminal.
El Gobierno presentó además resultados relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Según las cifras divulgadas por el presidente, las autoridades incautaron 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, mientras que las operaciones de erradicación eliminaron 1.321 hectáreas de cultivos de coca.
La estrategia de seguridad, sin embargo, ha provocado fuertes controversias. Presidencia difundió recientemente dos videos en los que aparece el mandatario junto a cadáveres embolsados, imágenes que generaron críticas por la forma de comunicar los resultados de las operaciones militares.
La política de confrontación también enfrenta cuestionamientos por la muerte de menores durante bombardeos contra campamentos de grupos armados. Según el Instituto de Medicina Legal, al menos seis menores murieron durante operaciones de este tipo desde el inicio del mandato, en circunstancias relacionadas inicialmente con casos de reclutamiento forzoso.
Un juzgado ordenó al Gobierno abstenerse de realizar determinados bombardeos cuando existan sospechas de presencia de menores. El Ejecutivo respondió anunciando que apelaría la decisión, a la que calificó de «absurda e inconstitucional».
El enfrentamiento institucional también apareció en otros asuntos. Otro juzgado ordenó al Gobierno pedir perdón por utilizar durante la posesión presidencial la expresión «Viva Cristo Rey», al considerar que la frase podía comprometer la neutralidad del Estado.
El Ejecutivo apeló igualmente esa decisión. Mientras avanza el proceso judicial, De la Espriella mantiene la expresión en sus intervenciones públicas y en sus mensajes en redes sociales.
Washington, Israel y una nueva orientación internacional
La política exterior constituye otro de los elementos que han definido las primeras semanas del nuevo Gobierno colombiano. De la Espriella ha buscado una relación especialmente cercana con Estados Unidos, con el objetivo de profundizar la cooperación en materia de seguridad y enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Colombia y Washington suscribieron un acuerdo de seguridad que contempla 1.000 millones de dólares en asistencia. Este respaldo representa uno de los principales componentes de la nueva relación bilateral impulsada por la administración.
En ese contexto, el presidente colombiano tiene previsto recibir en Barranquilla al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La agenda contempla conversaciones sobre la lucha contra el denominado narcoterrorismo, la distribución de ayuda destinada a las regiones afectadas por el terremoto y la posibilidad de ampliar los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.
El encuentro tendrá especial importancia para un Gobierno que busca consolidar rápidamente su relación con Washington. La cooperación estadounidense puede adquirir un papel relevante tanto en materia de seguridad como en los programas de recuperación posteriores al desastre natural.
La administración de De la Espriella también modificó la relación de Colombia con Israel. El nuevo Gobierno se acercó a Tel Aviv después de que el anterior mandatario, Gustavo Petro, rompiera las relaciones diplomáticas y calificara de «genocidio» la guerra en Gaza.
Dentro de esta nueva orientación, Colombia reconoció los Altos del Golán como territorio israelí. Israel, por su parte, envió equipos de rescate para colaborar después del terremoto.
El Ejecutivo colombiano también adoptó una posición favorable a Marruecos al denominar como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental. Esta decisión beneficia a Rabat, un aliado estratégico de Washington.
Así, el primer mes de De la Espriella reúne tres grandes frentes que definirán el rumbo de su administración: la reconstrucción después del terremoto, la política de seguridad frente a los grupos armados y la redefinición de las alianzas internacionales.
La emergencia sísmica obligó al Gobierno a demostrar capacidad de respuesta apenas comenzó el mandato. Ahora, la magnitud de los daños exige transformar la solidaridad inicial y los compromisos económicos en viviendas, infraestructura y servicios recuperados.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con una política de seguridad que apuesta por la presión militar y un discurso de tolerancia cero frente a las organizaciones criminales. Esa estrategia ya genera enfrentamientos con sectores judiciales y críticas por las consecuencias de las operaciones armadas.
En el exterior, el acercamiento a Estados Unidos e Israel marca una ruptura con algunas de las principales decisiones de la administración anterior y define una nueva posición diplomática para Colombia.
Con apenas un mes en el poder, De la Espriella todavía tiene por delante buena parte de su mandato para consolidar sus promesas. Sin embargo, el terremoto y el conflicto armado ya establecieron las primeras pruebas de su Gobierno y dejaron claro que su capacidad para responder a ambas crisis tendrá un papel determinante en la evaluación de su gestión.
Con información de EFE
