María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ratificaron este jueves 5 de noviembre su respaldo a una propuesta para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela alrededor del 24 de julio de 2027. El planteamiento contempla renovar previamente las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En una declaración conjunta difundida desde Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, ambos dirigentes defendieron la necesidad de establecer un calendario que ofrezca certidumbre sobre el futuro del país. A su juicio, esa definición permitiría avanzar hacia la transición política y recuperar la institucionalidad democrática.
Elecciones presidenciales tras la renovación del TSJ y del CNE
Machado y González atribuyeron la hoja de ruta a un planteamiento de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Según explicaron, el proceso comenzaría con la designación de nuevas autoridades judiciales y electorales, prevista en la propuesta para finales de 2026.
Después de esos nombramientos, el plan contempla declarar la falta absoluta del presidente y convocar los comicios dentro de los seis meses siguientes. Los opositores respaldaron esa secuencia como una alternativa para encauzar el cambio institucional.
«Avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela», expresaron.
Los firmantes señalaron que aliados internacionales y sectores del movimiento ciudadano venezolano han planteado el 24 de julio, aniversario del natalicio de Simón Bolívar, como una posible referencia para la votación. Esa fecha constituye una propuesta y no una convocatoria oficial.
Un llamado a defender las libertades en Iberoamérica
El pronunciamiento también abordó la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ambos representantes instaron a los gobiernos iberoamericanos a reforzar su compromiso con la democracia y las libertades fundamentales.
Con ese llamado, ampliaron el alcance de su mensaje más allá del calendario venezolano e incorporaron la defensa de las garantías ciudadanas a la agenda regional.
La declaración vinculó el restablecimiento institucional con la necesidad de ofrecer un horizonte político claro. Sus promotores sostuvieron que conocer los plazos del proceso ayudaría a reducir la incertidumbre que rodea la transición.
Caracas como propuesta de sede para la cumbre de 2030
Machado y González propusieron, además, que Caracas reciba la XXXII Cumbre Iberoamericana, prevista para 2030. La iniciativa plantea a la capital venezolana como escenario de un futuro encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno de la región.
Los dirigentes reiteraron su disposición a impulsar acuerdos nacionales para la reconstrucción institucional. Su declaración combina así una ruta electoral para 2027 con una propuesta de participación de Venezuela en los espacios multilaterales durante los próximos años.
