El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó este lunes 9 de noviembre a sectores de la oposición venezolana de mantener presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Durante una rueda de prensa en Caracas, el dirigente oficialista sostuvo que su organización lleva años denunciando estos supuestos mecanismos de financiamiento y expresó su respaldo a las investigaciones que, según afirmó, desarrollan los organismos competentes.
Las declaraciones surgieron después de que periodistas consultaran a Cabello sobre informaciones difundidas en redes sociales acerca de posibles averiguaciones financieras contra dirigentes opositores. El representante del chavismo aseguró que el partido ha señalado anteriormente la existencia de establecimientos comerciales que presuntamente facilitaban la movilización de recursos ilícitos. Sin embargo, no identificó a los implicados ni presentó documentos que permitieran comprobar la participación de organizaciones políticas en esas actividades.
Diosdado Cabello denuncia presunto financiamiento de la oposición con dinero del narcotráfico
Durante su intervención, Cabello recordó anteriores denuncias relacionadas con supuestos negocios utilizados para canalizar fondos hacia determinados sectores políticos.
El dirigente mencionó específicamente establecimientos dedicados a la venta de frutas que, según su versión, habrían servido como intermediarios en operaciones financieras irregulares.
«Ustedes se acuerdan de aquellas fruterías de las que yo hablaba», expresó al referirse a sus señalamientos anteriores.
Posteriormente, aseguró que estos comercios constituían mecanismos para distribuir recursos entre personas vinculadas con organizaciones opositoras.
«Dinero del narcotráfico, dinero del narcotráfico. Ahí no hay hueso sano», manifestó.
Cabello también cuestionó la credibilidad que algunos sectores otorgan a las denuncias del oficialismo y mencionó al periódico estadounidense The New York Times como ejemplo de un medio cuya cobertura podría generar mayor atención pública.
No obstante, evitó profundizar en los detalles de las supuestas operaciones y argumentó que existen procedimientos en desarrollo.
«Como eso está en investigación, yo no puedo abrir la boca», respondió cuando le solicitaron información adicional.
El dirigente no precisó qué organismos conducen las averiguaciones, cuántas personas estarían involucradas ni si existen imputaciones formales.
Por ello, sus declaraciones constituyen acusaciones políticas que todavía requieren respaldo documental y comprobación judicial.
El PSUV cuestiona la inclusión de procesados por corrupción en listas de presos políticos
Otro de los asuntos que abordó Cabello fue la clasificación de personas privadas de libertad que distintas organizaciones opositoras consideran presos políticos.
El secretario general del PSUV cuestionó que antiguos integrantes del oficialismo, investigados por presuntos hechos de corrupción, aparezcan posteriormente en registros de personas detenidas por motivos políticos.
Como ejemplo, mencionó a procesados vinculados con las investigaciones sobre irregularidades en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), particularmente en la trama conocida como Pdvsa-Cripto.
«Es curioso que gente que decía ser militante del PSUV, que los enjuiciamos por corrupción, aparezcan así de la noche a la mañana en una lista de presos políticos», afirmó.
El dirigente también insinuó que algunas incorporaciones podrían responder a compromisos económicos entre los detenidos y quienes elaboran dichos registros.
«¿Sería que pagaron por aparecer en esa lista?», preguntó sin aportar pruebas que sustentaran esa posibilidad.
Asimismo, aseguró que algunas personas señaladas por narcotráfico y presuntas vinculaciones con el Tren del Llano figurarían entre quienes reclaman reconocimiento como presos políticos.
Estas afirmaciones tampoco estuvieron acompañadas de expedientes judiciales o información que permitiera verificar los casos mencionados.
La controversia adquiere relevancia porque organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen registros sobre detenciones que consideran arbitrarias o relacionadas con motivaciones políticas.
La inclusión de una persona en esas listas no implica necesariamente que carezca de acusaciones penales, sino que las organizaciones pueden cuestionar las circunstancias de su detención, las garantías judiciales o una posible motivación política.
Por tanto, la existencia de un proceso por corrupción no permite establecer automáticamente si una detención tiene o no componentes de persecución política.
Cabello ofrece colaborar con las investigaciones y rechaza la protección partidista
Durante la rueda de prensa, el dirigente oficialista también defendió la posición de su organización frente a las investigaciones por presuntas actividades delictivas.
Aseguró que el PSUV respalda las actuaciones judiciales independientemente de la militancia de las personas involucradas.
«La posición del PSUV en cualquier investigación es que se haga. Aquí no hay solidaridad automática», declaró.
Cabello sostuvo que quienes administran recursos públicos deben asumir las consecuencias cuando utilizan fondos estatales para beneficio personal.
En ese contexto, afirmó que su partido no tiene compromisos de protección con antiguos funcionarios que enfrenten acusaciones de corrupción.
También reiteró sus señalamientos sobre una supuesta influencia del narcotráfico colombiano en determinados sectores de la política venezolana.
Según el dirigente, estas presuntas conexiones no constituyen hechos aislados, sino que responderían a mecanismos financieros que el oficialismo denuncia desde hace varios años.
«Que se hagan las investigaciones que haya que hacer. En la medida que podamos aportar, aportaremos información», expresó.
Sin embargo, Cabello no anunció nuevas detenciones, identificó organizaciones específicas ni presentó resultados verificables de las supuestas averiguaciones.
Sus declaraciones mantienen abierta una controversia sobre el financiamiento político y la situación judicial de personas que distintos sectores consideran víctimas de persecución.
Por ahora, las acusaciones requieren investigaciones independientes y pruebas que permitan determinar responsabilidades individuales, sin equiparar los señalamientos políticos con hechos judicialmente demostrados.
Con información de El Nacional
