La posibilidad de que Nicolás Maduro decrete un estado de conmoción exterior en Venezuela ha reabierto el debate sobre los alcances de los estados de excepción contemplados en la Constitución. La medida, enmarcada en un contexto de tensión militar con Estados Unidos en aguas del Caribe, plantea interrogantes sobre los derechos ciudadanos, los límites del poder presidencial y la verdadera utilidad de un mecanismo que, según juristas, ya ha sido superado en la práctica por el propio gobierno.
¿Qué significa el estado de conmoción exterior?
De acuerdo con el artículo 338 de la Carta Magna, este decreto puede activarse cuando exista un conflicto interno o externo que comprometa la seguridad nacional, la integridad de los ciudadanos o la estabilidad de las instituciones. Su duración inicial es de 90 días, prorrogables por otro período igual, y su efecto principal es permitir la restricción temporal de ciertas garantías.
Aunque se prohíbe limitar derechos como la vida, la prohibición de la tortura, el debido proceso o la información, los expertos coinciden en que en la práctica muchos de estos ya se encuentran vulnerados.
Facultades que otorga la medida
Entre las acciones posibles bajo un estado de conmoción exterior se cuentan la ocupación de empresas o bienes considerados estratégicos, la restricción de la movilidad en áreas sensibles, la convocatoria de la reserva militar y la suspensión de actividades que se estimen riesgosas. En teoría, estas atribuciones deben estar sometidas al control de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia.
No obstante, la experiencia venezolana demuestra que esos contrapesos se han reducido a formalidades. Según el abogado Zair Mundaray, la administración de Maduro no necesita un decreto para implementar restricciones, pues ya lo hace sin mediación institucional.
Riesgo de mayor persecución política
Distintos juristas y organizaciones alertan que la declaratoria puede usarse como justificación para intensificar la persecución de opositores. La asociación civil Acceso a la Justicia advierte que los estados de excepción deben sustentarse en hechos objetivos y verificables, no en suposiciones o amenazas ambiguas. En caso contrario, se corre el riesgo de transformar un recurso constitucional en un mecanismo de represión política.
La organización recuerda que cualquier medida de este calibre afecta a toda la ciudadanía, por lo que requiere transparencia y consenso sobre la existencia real de un peligro externo.
Precedentes de otros decretos
En los últimos años, el Ejecutivo venezolano ha recurrido en varias ocasiones a los estados de excepción. Entre 2016 y 2020 se mantuvo vigente el estado de emergencia económica, que permitió al gobierno disponer de fondos sin autorización parlamentaria. En 2020, la pandemia justificó el estado de alarma, con restricciones de movilidad y suspensión de clases presenciales.
Ahora, con el despliegue militar estadounidense en el Caribe —que incluye buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate—, Maduro vuelve a plantear el uso del estado de conmoción exterior como respuesta a lo que califica de amenaza directa contra la soberanía venezolana.
La discusión sobre el estado de conmoción exterior revela la tensión permanente entre el diseño constitucional y la práctica política en Venezuela. Mientras Maduro lo presenta como una medida para garantizar la defensa nacional, analistas y organizaciones lo consideran un recurso que podría profundizar el autoritarismo. El debate, lejos de ser jurídico, es un reflejo del pulso entre poder y derechos, seguridad y libertades, en un país que ya vive bajo restricciones sistemáticas.
Con información de El Pitazo
