Un caso que combina drama familiar, irregularidades migratorias y posibles delitos de falsedad documental ha desatado una tormenta judicial en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría investigan la salida del país de un bebé recién nacido con destino a Madrid, España, presuntamente utilizando documentos falsos y sin la autorización del padre biológico.
El episodio involucra a la exreina de belleza cartagenera Natalia Vidales Martelo, señalada por el padre del menor, Carlos Ernesto Parra Conrado, de haber sacado al niño del país sin consentimiento y con una escritura pública adulterada.
Una disputa familiar que se convierte en caso penal
Lo que comenzó como un conflicto privado por el reconocimiento de paternidad terminó convirtiéndose en una investigación penal de alto perfil.
Según la denuncia presentada por Parra Conrado, el 21 de diciembre de 2024, Vidales Martelo viajó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, rumbo a Madrid, junto a su hijo recién nacido.
El punto de controversia radica en la Escritura Pública N.º 4.589, supuestamente autenticada en la Notaría Sexta de Cartagena. Este documento habría sido utilizado para burlar los controles migratorios y acreditar un permiso de salida inexistente por parte del padre.
Al verificar los registros, la Notaría informó que el número no correspondía a ningún trámite realizado en 2024, ya que los radicados cerraron en el folio 3.996.
Además, la firma del padre —que debía aparecer como autorización expresa— fue falsificada, según el abogado Germán Percy, representante de Parra Conrado.
Migración Colombia y Procuraduría toman cartas en el asunto
Ante el escándalo, Migración Colombia emitió un comunicado confirmando que ha iniciado una investigación interna preventiva para determinar si hubo errores o negligencia en los procedimientos de control.
“Se busca establecer si se presentó una irregularidad en el procedimiento migratorio o si los funcionarios fueron inducidos en error mediante documentación adulterada”, explicó la entidad.
De manera paralela, fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron a El Tiempo que se evalúa la apertura de un proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados, calificando los hechos como “de la mayor gravedad” por vulnerar los derechos fundamentales de un menor de edad.
La fuente enfatizó que Migración Colombia suele ser rigurosa en estos trámites, lo que hace aún más sospechoso el hecho de que un bebé pudiera salir del país con documentos falsificados.
Cronología de un viaje irregular
El caso comenzó a destaparse cuando Parra Conrado, que aún no conocía a su hijo, presentó un derecho de petición ante la Notaría Sexta y descubrió que su consentimiento había sido falsificado.
Posteriormente, la Fiscalía amplió la investigación al constatar que Vidales Martelo había registrado al bebé como madre soltera, alegando “desconocer la identidad del padre”, pese a tener contacto previo con él.
Esta acción, según la defensa del denunciante, fue el primer paso de una estrategia premeditada para sacar al niño del país sin autorización judicial.
El padre, finalmente, obtuvo un nuevo registro civil con sus apellidos tras un proceso de reconocimiento de paternidad ante la Notaría Cuarta de Cartagena.
El regreso del menor y las consecuencias legales
Ocho meses después, y gracias a una orden judicial emitida por un Juzgado de Familia, el bebé fue repatriado a Colombia el 26 de agosto de 2025.
El reencuentro entre padre e hijo se produjo en septiembre, tras una intensa batalla legal que involucró gestiones diplomáticas con España.
Ahora, la Fiscalía busca determinar si se cometieron los delitos de uso de documento falso, falsedad en documento público y violación de los derechos del menor y del padre.
El proceso también apunta a establecer posibles omisiones administrativas por parte de los funcionarios de Migración Colombia y de la Notaría Sexta.
Silencio de la exreina y postura institucional
Hasta el momento, Natalia Vidales Martelo ha preferido guardar silencio sobre el caso, mientras sus abogados preparan la defensa.
Por su parte, Migración Colombia reiteró su compromiso de colaborar plenamente con la Fiscalía y aportar “todos los registros, bases de datos y soportes técnicos necesarios” para esclarecer los hechos.
“La entidad reafirma su disposición de cooperar con las autoridades y garantizar la transparencia en sus procesos”, puntualizó el comunicado.
El caso, que mezcla falsedad documental, negligencia administrativa y conflicto familiar, pone bajo el reflector los protocolos de salida de menores del país, y reabre el debate sobre los mecanismos de control en aeropuertos y notarías para prevenir el tráfico infantil y los abusos de autoridad.
Con información de El Tiempo
