Denuncian que recursos para el asesinato de Miguel Uribe Turbay provenían del régimen de Maduro

Acusan a Gustavo Petro de ser el "responsable político" del magnicidio de su hijo

El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño ha elevado una grave denuncia al afirmar que los fondos utilizados para ejecutar el asesinato de su hijo, el exsenador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, fueron transferidos desde Venezuela.

Según Uribe Londoño, esta información ha sido validada por la Fiscalía General de la Nación, abriendo una nueva línea de investigación que podría implicar directamente al régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con 360 radio, el precandidato expresó su preocupación por una supuesta «colaboración con Venezuela» que «seguramente… va a llegar a salpicar al Gobierno de Venezuela».

«La plata del asesinato de Miguel vino de Venezuela. Tenemos una conexión con Venezuela y con Colombia, y eso es supremamente grave. Esa unión entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano es muy preocupante», declaró Uribe Londoño.

Acusación Directa contra el Presidente Petro

La denuncia más contundente del padre de la víctima se dirigió al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, a quien responsabilizó políticamente por la muerte de su hijo. Uribe Londoño acusó al presidente de fomentar un ambiente de violencia política, hostigando verbalmente a su hijo con llamados a «desaparecerlo» y alegaciones difamatorias.

El precandidato sostuvo que la violencia verbal de Petro pudo haber motivado a grupos de «fanáticos» o seguidores a cometer el crimen, señalando que el asesinato fue un «ataque directo contra la democracia colombiana» para silenciar a alguien que se perfilaba como futuro presidente. Uribe Londoño lamentó que la violencia política se haya «normalizado» bajo la actual administración, asegurando que el país vive con miedo.

La investigación judicial, que ya ha identificado a ocho implicados, incluido un menor condenado, continúa buscando al autor intelectual. Uribe Londoño insiste en que las pruebas apuntan a una estructura criminal con nexos políticos y apoyo financiero extranjero.

Con información del Diario las Américas

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