Venezuela entra en la recta final de 2025 sumida en un escenario de tensión extrema. El país atraviesa una combinación explosiva: una fractura política profunda y un entorno internacional dominado por la presión activa de Estados Unidos. La raíz del conflicto está en la crisis de legitimidad que rodea al régimen de Nicolás Maduro, un cuestionamiento que no solo proviene de actores externos, sino también de un consenso social interno que considera inválidos los resultados de la elección presidencial celebrada en julio.
Según mediciones recientes, 91,6% de los ciudadanos asegura que Edmundo González fue el verdadero vencedor, mientras 83,3% rechaza la juramentación de Maduro para un nuevo período. Esta desconexión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder ha deteriorado el frágil equilibrio institucional que sostenía el ligero repunte económico observado entre 2022 y 2024.
A medida que se aproxima enero de 2026, la tensión se intensifica y abre la puerta a un período de volatilidad que podría alterar aún más el panorama nacional.
Ilegitimidad acumulada y un régimen sostenido por la coerción
El nuevo ciclo político que comienza en enero será decisivo. Las actividades previstas para ese mes —incluyendo protestas convocadas por sectores opositores y organizaciones civiles— vuelven a poner bajo presión a un gobierno cuya estabilidad depende casi exclusivamente de su aparato coercitivo. La fragilidad institucional genera un terreno fértil para que cualquier detonante político produzca reacciones en cadena.
La oposición, consciente del desgaste del Ejecutivo, ha enfocado sus esfuerzos en reforzar la narrativa de ilegitimidad y autoritarismo, insistiendo en que el país vive bajo un régimen que desconoce la voluntad popular. Este discurso mantiene viva la presión internacional, alimenta la movilización ciudadana y refuerza la percepción de que el conflicto político se encuentra lejos de resolverse.
Estados Unidos intensifica su estrategia de presión dual
El rol de Washington es determinante. Bajo la administración de Donald Trump, la estrategia hacia Venezuela combina acciones militares puntuales y un incremento en las medidas de presión económica. Los 21 ataques realizados contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico marcan la continuidad de una política que utiliza la etiqueta antinarcóticos como marco justificativo de operaciones de alcance limitado.
A esto se suma el aumento de la recompensa por la captura de Maduro, ahora fijada en 50 millones de dólares, así como la autorización a la CIA para ejecutar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano. Esta mezcla de presión militar, espionaje y sanciones busca mantener al régimen en un estado permanente de desgaste sin llegar a una confrontación directa que pueda escalar en el plano regional.
La estrategia de Washington crea un clima de incertidumbre constante, dejando en claro que sus intenciones finales no serán reveladas con anticipación.
El blindaje internacional: Rusia, China e Irán sostienen al régimen
A pesar de la ofensiva estadounidense, el Gobierno de Maduro ha consolidado un anillo de aliados que actúan como columna vertebral de su resistencia. Los vínculos con Rusia, China e Irán se han profundizado en los últimos dos años, tanto en el ámbito militar como en el económico.
Moscú, en particular, ha establecido planes de inversión conjunta hasta 2030, centrados en sectores estratégicos como petróleo, minería e infraestructura crítica. Para Rusia y China, Venezuela es una pieza geopolítica fundamental en su disputa global con Estados Unidos, lo que convierte su apoyo en un factor estructural del equilibrio regional.
Este respaldo internacional configura un sistema de disuasión mutua: Estados Unidos mantiene ataques limitados para evitar un conflicto mayor, mientras Caracas aprovecha el soporte de sus aliados para garantizar la continuidad del régimen.
La vida cotidiana: la crisis que no se detiene
Mientras las potencias chocan en el tablero geopolítico, el ciudadano común enfrenta una realidad marcada por el deterioro. La prolongada inestabilidad política frena cualquier posibilidad de recuperación económica sostenible. La precariedad de los servicios básicos, la persistencia del hambre y la pobreza extrema continúan definiendo el día a día de millones de venezolanos.
El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 una inflación de 682%, una cifra devastadora que pulveriza salarios y ahorros. A ello se suma una contracción de 2% del PIB para 2025, lo que limita aún más la capacidad estatal para restablecer servicios o frenar el deterioro social.
La presión externa, lejos de generar una transición democrática, ha contribuido a reforzar un modelo de poder sostenido por la coerción. Mientras tanto, la migración masiva continúa creciendo, impulsada por la desesperanza, el hambre y la falta de oportunidades.
Con información de El Nacional
