Organizaciones agrupadas en La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) manifestó su profunda preocupación tras la sentencia contra Gabriel Rodríguez Méndez.
A través de un comunicado alertaron que este hecho representa el primer caso registrado de un menor de edad condenado bajo cargos de terrorismo en el marco de las protestas postelectorales de 2024.
La organización advirtió que aplicar delitos de extrema gravedad a menores constituye un precedente peligroso.
Según la Red, el sistema de justicia está utilizando un «patrón de criminalización» con penas desproporcionadas que ignoran los estándares internacionales de justicia juvenil y la protección integral que el Estado está obligado a brindar.
La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) se pronuncia con preocupación y rechazo ante primer caso de un adolescente sentenciado por terrorismo en el contexto postelectoral de 2024 en Venezuelahttps://t.co/EAZEl0C6iR@REDHNNA @cecodap pic.twitter.com/ipMubhQuJC
— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) December 17, 2025
Irregularidades en el debido proceso
El comunicado, difundido a través de Provea, resalta graves fallas en el sistema judicial:
- Uso indebido del derecho penal: Se critica la aplicación del delito de terrorismo sin pruebas de una amenaza real a la seguridad nacional.
- Violaciones procesales: Se denunciaron trabas en el derecho a la defensa y la falta de comunicación efectiva con los familiares.
- Abuso de la privación de libertad: La Red recuerda que el encarcelamiento debe ser el último recurso y no la norma en el trato con adolescentes.
En este sentido, ante la gravedad de la sentencia, la coalición de organizaciones formuló las siguientes peticiones urgentes:
- Apelación inmediata: Instan a la Defensa Pública a impugnar el fallo dentro de los lapsos legales.
- Integridad del joven: Exigen garantizar la seguridad física y psicológica de Rodríguez Méndez y condiciones de reclusión adecuadas a su edad.
- Libertad general: Solicitan la excarcelación de otros adolescentes detenidos bajo cargos similares de terrorismo o incitación al odio sin evidencias sólidas.
Por último, la Red hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales para que intervengan y revisen estas causas. Advirtieron que tratar a un adolescente como un terrorista por motivos políticos convierte al sistema de justicia en un agente de violencia institucional, abandonando su rol constitucional de protección a la niñez.