«Rosita» imputada en EE.UU. por ciber-robos del Tren de Aragua

La actriz venezolana enfrentaría penas centenarias por fraude bancario y apoyo al terrorismo

La Fiscalía Federal del Distrito de Nebraska reveló una operación judicial de gran escala que vincula a la actriz venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como «Rosita», con una sofisticada red criminal perteneciente al Tren de Aragua.

A través de varios medios de comunicación se conoció que según los expedientes, Araya habría participado en un esquema de fraude bancario que utilizó malware para sustraer millones de dólares de cajeros automáticos en territorio estadounidense.

De la misma manera, trascendió que La acusación formal detalla una operación de alcance nacional basada en el jackpotting, una modalidad técnica que consiste en infectar cajeros con programas maliciosos para forzar la dispensación masiva de efectivo.

En este sentido, la fiscal federal Lesley A. Woods informó que un gran jurado presentó dos acusaciones que suman 54 personas imputadas, señaladas por:

    • Conspiración para cometer fraude bancario y robo.
    • Delitos informáticos y lavado de dinero.
    • Brindar apoyo material a una organización designada por EE. UU. como terrorista.

«Rosita»: De la actuación a la jefatura criminal

Por otro lado, también se conoció que el expediente judicial identifica a Araya Navarro no solo como una figura pública, sino como una presunta líder dentro de la estructura del Tren de Aragua. Las autoridades destacan su vínculo histórico con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», máximo líder de la organización.

Asimismo, la Fiscalía resalta antecedentes críticos que agravan su situación legal:

  1. Sanciones de la OFAC: Previamente sancionada por el Departamento del Tesoro.
  2. Apoyo Logístico: Presunta participación en la fuga de «Niño Guerrero» de la cárcel de Tocorón en 2012.
  3. Lavado de Dinero: Señalada de gestionar activos ilícitos para la cúpula del grupo criminal.

En este sentido, los implicados en este caso enfrentan una severa ofensiva judicial. Dependiendo de la gravedad de los cargos y su nivel de participación en la jerarquía, las condenas podrían oscilar entre los 20 y los 335 años de prisión.

Con información de El Nacional

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