El Helicoide será un centro social, deportivo, comercial y cultural

La medida se produce después del anuncio de una ley de amnistía general y coincide con señales externas de presión internacional. En la primera semana de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó el cierre del centro de detención

El histórico y controvertido edificio conocido como El Helicoide en Caracas —símbolo de represión y centro de detención por décadas— será transformado en un complejo de uso social, deportivo, cultural y comercial, según anunció este viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto oficial ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La decisión se produce en el marco de un proceso más amplio de cambios político-judiciales que incluyen una ley de amnistía general, en un momento de presión interna y externa por la situación de los presos políticos en el país. La reconversión de la estructura, que durante años fue utilizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como cárcel y sede operativa, representa un giro dramático en su uso y, para algunos, un intento de redefinir su significado en la memoria colectiva venezolana.

De proyecto comercial a sede represiva

El Helicoide fue concebido originalmente en la década de 1950 como un ambicioso centro comercial con rampas helicoidales que permitirían el acceso vehicular directo a cada nivel, un símbolo de modernidad para Caracas. Sin embargo, nunca llegó a funcionar como tal y quedó inconcluso tras problemas financieros y la caída del régimen que lo impulsó.

A partir de los años ochenta y especialmente desde 2010, bajo el chavismo, la estructura pasó gradualmente a ser utilizada por los organismos de seguridad del Estado, en particular por el SEBIN, como sede administrativa y principal centro de detenciones políticas. Con el paso del tiempo se consolidó como la prisión de mayor notoriedad en Venezuela, donde defensores de derechos humanos han documentado torturas, confinamiento en condiciones inhumanas y violaciones sistemáticas de garantías fundamentales.

Denuncias internacionales y simbolismo

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Foro Penal han señalado repetidamente a El Helicoide por abusos graves contra opositores, periodistas y activistas, incluyendo palizas, electrocutaciones, falta de atención médica y aislamiento prolongado. Estos informes sostienen que la instalación funcionó durante años como un espacio de castigo político más que como una prisión convencional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente al complejo como una “cámara de tortura en el corazón de Caracas”, una descripción que fue utilizada para justificar, en parte, la necesidad de su clausura dentro del contexto de la nueva etapa política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez: uso comunitario y nuevo sentido

Durante la apertura del año judicial, la presidenta encargada anunció que las instalaciones dejarán de servir como centro de detención y serán transformadas en un espacio multifuncional al servicio de la población, destacando usos sociales, deportivos, culturales y comerciales. Según Rodríguez, este cambio forma parte del relanzamiento de la “Misión Guardianes de la Patria”, un programa de atención socioeconómica destinado inicialmente a funcionarios policiales y sus familias, que ahora se proyecta hacia las comunidades vecinas del Helicoide.

La mandataria afirmó que la reconversión busca “reparar heridas” y facilitar la convivencia entre venezolanos, en un esfuerzo por dejar atrás uno de los símbolos más polémicos de represión política en el país.

Reacciones y escepticismo en sectores civiles

Mientras el anuncio ha sido acogido con interés en algunos sectores, defensores de derechos humanos han advertido que el cierre de El Helicoide no puede limitarse a un cambio de nombre o función, sino que debe acompañarse de investigaciones independientes, rendición de cuentas por los abusos cometidos y garantías de no repetición.

Colectivos como Justicia, Encuentro y Perdón, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Un Mundo Sin Mordaza y otros agrupados en comunicados conjuntos han insistido en que una verdadera redemocratización exige medidas transparentes y que la liberación de detenidos no se convierta en una herramienta política sin fundamento jurídico.

En estos comunicados, emitidos también esta semana, las organizaciones plantean que la transformación de El Helicoide debería incluir claridad sobre la liberación total y definitiva de todas las personas detenidas por motivos políticos, y no solo una promesa de reconversión física del espacio.

Un cambio con múltiples lecturas

La transformación de El Helicoide de prisión a centro social y cultural tiene un fuerte componente simbólico: pone fin a décadas de uso represivo y plantea un punto de inflexión en la narrativa que rodea a este edificio.

No obstante, todavía existen dudas sobre la implementación concreta, los tiempos y los mecanismos para garantizar que lo anunciado se traduzca en hechos que generen confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Memoria y justicia

Para muchos críticos, la verdadera transformación del Helicoide no solo pasa por cambiar su uso, sino por abordar las demandas de justicia de quienes sufrieron detenciones arbitrarias y torturas en sus instalaciones. Sin un proceso de verdad y reparación, advierten, el cambio puede ser percibido como una medida cosmética más que sustantiva.

En ese sentido, el camino por recorrer sigue siendo complejo. El edificio, que alguna vez fue símbolo de progreso arquitectónico y que terminó convertido en uno de los epicentros de la represión, se encuentra ahora en el centro de una encrucijada histórica: convertirse en un espacio de convivencia o permanecer como un recordatorio de abusos pasados.

La decisión de clausurar El Helicoide como centro de detención y darle un nuevo uso comunitario representa un cambio notable en la política venezolana posterior a la captura de Maduro. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de la reconstrucción física del espacio, sino de la manera en que se aborden las demandas de justicia, verdad y reparación por los años de violaciones de derechos humanos que allí se vivieron. El anuncio es apenas un primer paso en un proceso que aún enfrenta desafíos jurídicos, políticos y sociales que definirán su impacto real en la sociedad venezolana.

Con información de El Nacional

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