La sesión de consulta sobre el proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional estuvo marcada por un momento de alta tensión cuando Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), tomó la palabra para interpelar directamente a los diputados del oficialismo. Su mensaje fue categórico: la liberación de los presos políticos no depende de tecnicismos jurídicos ni de largos trámites legislativos, sino de una decisión política inmediata.
“Den la orden y todos los presos políticos salen inmediatamente”, afirmó frente a los parlamentarios chavistas, en una intervención que rompió con el tono protocolar de la jornada y puso el foco en la responsabilidad del Estado en la situación de cientos de detenidos por razones políticas.
Una ley cuestionada desde su origen
Tineo expresó profundas reservas sobre la forma en que se pretende aprobar la legislación. Señaló que el Parlamento no ha garantizado un proceso verdaderamente inclusivo ni ha cumplido con estándares internacionales en materia de derechos humanos. A su juicio, cualquier instrumento legal que aspire a cerrar heridas debe construirse con participación amplia y con un diagnóstico realista del problema.
La directora de JEP advirtió que la premura con la que se impulsa la norma podría impedir que se dimensione correctamente el universo de casos. Recordó que existen numerosos detenidos cuya situación no ha sido plenamente documentada o visibilizada, lo que podría dejar a personas excluidas de cualquier medida de gracia.
El sistema de justicia bajo cuestionamiento
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la crítica a la instrumentalización del sistema judicial. Según Tineo, las detenciones arbitrarias, las imputaciones sin pruebas y las condenas dictadas sin garantías del debido proceso evidencian que la prisión política ha sido utilizada como mecanismo de control.
“Ustedes saben que hay fiscales y jueces que han acusado y condenado con pruebas falsas o sin pruebas”, sostuvo ante el hemiciclo. En ese sentido, planteó que la solución podría ser inmediata si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento de las causas y los tribunales anularan los expedientes viciados.
Para la defensora de derechos humanos, el propio Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que puede revertir decisiones cuando así lo decide, lo que refuerza la tesis de que la libertad de los presos políticos responde más a voluntades políticas que a obstáculos jurídicos insalvables.
La dimensión humana del conflicto
Más allá del debate técnico, Tineo centró parte de su intervención en el impacto que la situación tiene sobre las familias. Recordó que madres, esposas, hermanos e hijos viven en un estado permanente de incertidumbre, sin saber si sus seres queridos serán incluidos en eventuales medidas de amnistía.
“Aquí hay madres, esposas, hermanos e hijas presos por razones políticas. Es terrible que ustedes, siendo diputados, digan que no saben quiénes son”, expresó, subrayando que la falta de información oficial refleja un colapso institucional.
La incertidumbre, señaló, no solo afecta a los detenidos, sino también a sus núcleos familiares, que enfrentan dificultades económicas, emocionales y sociales derivadas de procesos judiciales prolongados y poco transparentes.
El alcance limitado de la amnistía
La directora de JEP insistió en que una ley de amnistía, por sí sola, no puede abarcar la magnitud de los casos ni reparar integralmente el daño causado. Explicó que antes de legislar, la Asamblea debió convocar a organismos clave como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Ministerio Público y tribunales con competencia en terrorismo, para obtener cifras precisas y diseñar soluciones efectivas.
A su juicio, sin un censo claro de detenidos y sin revisión individualizada de los expedientes, la norma corre el riesgo de convertirse en una medida parcial que no resuelva el problema estructural.
Restablecer el Estado de derecho
Al cierre de la reunión, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que la única vía legítima para resolver la situación pasa por el restablecimiento efectivo del Estado de derecho. La organización propuso acciones concretas: anulación de causas viciadas, medidas jurídicas inmediatas, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición.
Para Tineo, el país no puede depender únicamente de declaraciones o anuncios legislativos. La liberación de los presos políticos, sostuvo, exige decisiones verificables y coherentes con el respeto a los derechos fundamentales.
En su intervención quedó planteada una idea central: si la prisión política es producto de decisiones políticas, también lo es la libertad. El desafío ahora recae sobre quienes tienen la capacidad institucional de convertir esa afirmación en una realidad tangible.
Siguiendo nuestro mandato, estuvimos presentes en la sesión de consulta acompañando a las víctimas y reiterando que la única vía legítima es el restablecimiento efectivo del Estado de Derecho en Venezuela. La situación de las personas detenidas por razones políticas responde al… pic.twitter.com/3z7V6LzG5F
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 10, 2026
Con información de El Nacional
