La incertidumbre sobre el paradero del empresario colombiano-venezolano Álex Saab ha generado una nueva ola de interrogantes dentro y fuera de Venezuela. A diez días de las primeras versiones que apuntaban a su presunta detención en Caracas, el exfiscal venezolano Zair Mundaray aseguró que el exfuncionario estaría recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide. Según su denuncia, Saab recibiría visitas frecuentes de su esposa, Camila Fabri, en condiciones privilegiadas.
Las declaraciones han intensificado el debate sobre la transparencia institucional en el país y sobre la ausencia de confirmación oficial respecto a la situación legal del empresario. Mientras tanto, autoridades venezolanas y representantes de la defensa han negado cualquier arresto, sosteniendo que se encuentra en libertad. En medio de versiones contradictorias, el caso vuelve a situarse en el centro de la escena política internacional.
Una denuncia que reaviva la controversia
El viernes 13 de febrero, Mundaray afirmó en su cuenta de la red social X que Saab estaría bajo custodia en El Helicoide y que su esposa lo visitaría “dos o tres veces al día” con acceso preferencial. En su mensaje, señaló que decenas de personas le habrían reportado la presencia constante de Fabri en el centro de reclusión, llevando alimentos y objetos personales.
“En Venezuela todo es tan opaco que ya han pasado diez días desde que se filtró la detención de Álex Saab”, escribió el exfuncionario, cuestionando la ausencia de información oficial. La denuncia no fue acompañada de pruebas documentales ni de confirmación independiente, pero tuvo amplia repercusión en medios digitales y círculos políticos.
La afirmación incluye un elemento sensible: el supuesto trato diferenciado en comparación con otros detenidos, cuyos familiares, según organizaciones civiles, deben esperar semanas para obtener autorización de visita.
Silencio institucional y versiones encontradas
Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ha confirmado formalmente la detención de Saab. El fiscal general, Tarek William Saab, desestimó reportes previos y los calificó de “falsos”. Por su parte, el abogado del empresario, Luigi Giuliano, negó que su defendido estuviera bajo arresto y aseguró que se encuentra en Caracas cumpliendo compromisos personales.
A la controversia se sumaron publicaciones internacionales. El 5 de febrero, The New York Times informó que la noche del 3 agentes venezolanos habrían interrogado tanto a Saab como al empresario Raúl Gorrín, con conocimiento de autoridades estadounidenses. Según esa versión, Gorrín habría sido liberado al día siguiente. Sin embargo, no hubo confirmación oficial posterior.
La coexistencia de narrativas divergentes ha dejado el caso en un terreno de ambigüedad, donde predominan filtraciones y desmentidos parciales.
El Helicoide, símbolo de denuncias
La posibilidad de que Saab se encuentre en El Helicoide añade un componente delicado al debate. El recinto, ubicado en Caracas, ha sido señalado en informes de Naciones Unidas como un centro donde se habrían documentado denuncias de tortura y vulneraciones de derechos fundamentales.
Para el exfiscal Mundaray, el supuesto trato preferencial contrasta con la situación de otros internos. “Mientras familiares acampan y esperan semanas para poder ingresar a ver a sus seres queridos”, escribió, sugiriendo un manejo desigual de los casos considerados políticamente sensibles.
No obstante, hasta ahora no existe evidencia verificable que confirme la permanencia del empresario en ese lugar.
Un historial judicial complejo
Álex Saab ha estado en el centro de controversias internacionales durante los últimos años. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración para lavado de dinero. Posteriormente recibió un perdón presidencial que permitió su liberación, aunque nuevas imputaciones fueron presentadas en 2024.
En Venezuela, fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. En enero de 2026 fue apartado del cargo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de reformas económicas orientadas a atraer inversión extranjera.
Su doble nacionalidad —venezolana y colombiana— ha añadido complejidad diplomática al caso. Mundaray cuestionó públicamente si la Cancillería colombiana habría solicitado información formal sobre su connacional, insinuando una eventual falta de gestiones visibles.
Entre especulación y geopolítica
Las versiones sobre la posible cooperación entre autoridades venezolanas y estadounidenses en el presunto arresto también han alimentado conjeturas. Algunas fuentes hablan de participación del Sebin con conocimiento extranjero, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido corroborada oficialmente.
Para ciertos analistas, la ausencia de pruebas concluyentes podría indicar una estrategia política o incluso campañas de desinformación en un contexto marcado por reformas legales, amnistías y reconfiguración de alianzas internacionales.
Mientras tanto, la situación de Saab permanece sin aclaración definitiva. La falta de confirmación oficial mantiene el episodio en el ámbito de la especulación, mientras El Helicoide vuelve a figurar como epicentro de atención pública.
En un escenario de alta sensibilidad política y diplomática, el caso evidencia nuevamente la dificultad de acceder a información transparente en Venezuela, donde el silencio institucional suele profundizar las dudas en lugar de disiparlas.
Con información de Infobae
