Una nueva disposición oficial introduce modificaciones significativas en la arquitectura administrativa vinculada al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, suscribió el Decreto N.º 5.248, instrumento legal que establece la eliminación de diversas instancias y el inicio de su proceso de liquidación. La medida fue difundida en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985, con fecha 9 de febrero, y marca el comienzo de una reorganización que impacta a organismos estratégicos, fundaciones y programas sociales.
La normativa contempla la supresión de entes que dependían directamente de esa oficina, al tiempo que ordena la redistribución de sus atribuciones hacia otros órganos del Ejecutivo nacional. Con esta decisión, el Gobierno avanza en un rediseño institucional orientado a concentrar funciones y redefinir competencias dentro de la estructura estatal.
Cesppa: fin de una instancia estratégica
Entre las entidades incluidas en la resolución destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Creado en 2013, este organismo tenía la responsabilidad de coordinar y centralizar información vinculada con la seguridad y la defensa del Estado. Su rol consistía en articular datos estratégicos provenientes de distintos sectores para fortalecer la toma de decisiones en materia de protección nacional.
La eliminación de esta instancia supone el cierre de un espacio que durante más de una década operó como eje de análisis en asuntos sensibles para la administración pública. A partir de la entrada en vigor del decreto, se activará un procedimiento formal para su liquidación, que incluirá revisión de activos, evaluación administrativa y transferencia de responsabilidades.
Fundaciones y programas sociales bajo revisión
La reestructuración no se limita al ámbito de la seguridad. El documento oficial también abarca varias fundaciones y misiones sociales adscritas al despacho presidencial. Entre las organizaciones afectadas se encuentran la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.
Asimismo, figura la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), dedicada a iniciativas de orientación y acompañamiento, junto al Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez. Cada una de estas instancias deberá cesar operaciones conforme al cronograma que establezca la junta designada para conducir el proceso.
El texto legal precisa que las tareas desarrolladas por estos entes no desaparecerán, sino que serán asumidas por otras dependencias gubernamentales. En el caso específico de la Fundación José Félix Ribas, sus competencias serán trasladadas a la Fundación Misión Negra Hipólita, entidad que absorberá sus responsabilidades y programas.
Traslado de misiones y redistribución de competencias
Otro de los puntos contemplados en la resolución es el traslado de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Este cambio implica que dicha iniciativa pasará a depender directamente de la cartera encargada de la política internacional, lo que podría redefinir su alcance y ámbito de acción.
La normativa subraya que cada organismo receptor deberá asumir las funciones correspondientes según su naturaleza y atribuciones. Este mecanismo busca garantizar la continuidad operativa de los programas, evitando interrupciones en los servicios ofrecidos a la población.
Junta liquidadora y vigencia inmediata
Para materializar la transformación institucional, se conformará una junta responsable de ejecutar el cierre administrativo de las instancias suprimidas. Este equipo tendrá entre sus tareas la revisión de bienes, la evaluación de pasivos, la organización documental y la adecuación estructural necesaria para culminar el proceso.
El decreto entró en vigencia desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que otorga carácter inmediato a las acciones previstas. A partir de esa fecha, se inicia una etapa de ajustes que redefine el mapa organizativo del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Con esta decisión, el Ejecutivo impulsa una reorganización que concentra atribuciones, redistribuye responsabilidades y clausura dependencias que hasta ahora formaban parte de su engranaje administrativo. El alcance de estas modificaciones se reflejará en la manera en que el aparato estatal articule sus funciones en los próximos meses, en un contexto de revisión y reordenamiento institucional.
Con información de El Nacional
