Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana y antiguo aliado del chavismo, vuelve al centro de la controversia tras la difusión de audios en los que incrimina a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Las grabaciones, reveladas por el periodista venezolano en el exilio David Placer, contienen declaraciones que el exmilitar habría entregado mientras permanecía detenido en España, antes de su extradición a Estados Unidos.
Actualmente recluido en Nueva York y sometido a juicio por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y financiación de organizaciones armadas, Carvajal se ha convertido en una figura clave para la justicia internacional. Su colaboración con la CPI se enmarca en el denominado Caso Venezuela I, que examina posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la administración chavista.
Señalamientos directos contra la cúpula del poder
En los audios difundidos, el antiguo funcionario asegura que Nicolás Maduro es responsable directo de la represión contra opositores entre 2014 y 2017. Según su relato, el control de las protestas sociales se ejecutaba mediante un doble mecanismo: uno formal, sustentado en organismos de seguridad previstos por la ley, y otro informal, operado al margen del marco jurídico.
Carvajal describió este segundo componente como una estructura integrada por organizaciones criminales paraestatales o grupos paramilitares que actuaban con tolerancia o coordinación de autoridades. Estas operaciones, afirmó, formaban parte de una estrategia para contener manifestaciones que dejaron más de un centenar de fallecidos.
Al responder al cuestionario remitido por la CPI, el exjefe de inteligencia identificó a varios altos funcionarios como responsables de la represión. Entre los nombres mencionados figuran Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López e Iván Hernández Dala. Asimismo, señaló como integrantes del llamado “comando antigolpe” a Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal, además de comandantes de la Policía Nacional Bolivariana en los años investigados.
El relato de un exaliado
En su testimonio, Carvajal sostuvo que decidió retirar su apoyo al gobierno por considerar que se habían cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se presentó como ciudadano y exdiputado de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y afirmó que su deber era con la población.
No obstante, reconoció que enfrenta limitaciones para colaborar plenamente debido a lo que describe como una situación de persecución política personal. Esa circunstancia, aseguró, condiciona su capacidad de aportar información adicional ante los organismos internacionales.
Cartas, denuncias y acusaciones transnacionales
Más allá de su comparecencia ante la CPI, el exmilitar ha enviado comunicaciones dirigidas a autoridades estadounidenses. En una carta fechada el 2 de diciembre y dirigida a Donald Trump, denunció la presunta actuación de organizaciones como el Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles, a las que vinculó con el tráfico de drogas y estrategias contra Estados Unidos.
También afirmó que durante años el régimen habría desplegado supuestos agentes encubiertos bajo la apariencia de opositores en territorio estadounidense. Estas declaraciones forman parte de una narrativa que mezcla acusaciones sobre crimen organizado y operaciones de inteligencia internacional.
Impacto en el proceso internacional
Las revelaciones se producen en un momento en que la CPI mantiene abierta su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El testimonio de un antiguo alto cargo podría aportar elementos relevantes, aunque su credibilidad será objeto de evaluación por parte de los magistrados.
Mientras tanto, Carvajal permanece detenido en Nueva York, enfrentando cargos en un proceso distinto al que examina la Corte con sede en La Haya. Su figura encarna la compleja intersección entre justicia internacional, política interna venezolana y litigios en Estados Unidos.
La difusión de los audios no solo reactiva el debate sobre la responsabilidad de la cúpula chavista en la represión de protestas, sino que también pone de relieve la dimensión transnacional de las investigaciones en curso. En ese escenario, cada declaración adquiere peso jurídico y político, en un caso que sigue generando repercusiones más allá de las fronteras venezolanas.
Con información de EFE
