El rechazo a nombramientos por falta de independencia se ha intensificado tras las recientes designaciones de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González como defensora del pueblo en Venezuela. Lejos de generar consenso, estas decisiones han despertado críticas de organizaciones civiles, expertos en derechos humanos y actores políticos, que advierten sobre una profundización de la crisis institucional.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Diversas voces coinciden en que estos nombramientos no representan una renovación del sistema de justicia, sino más bien la continuidad de un modelo cuestionado por su cercanía al poder político. En un país donde la independencia de los poderes públicos ha sido objeto de debate durante años, el cambio de autoridades no parece disipar las dudas.
Críticas desde la sociedad civil
Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue Un Mundo Sin Mordaza, que calificó las designaciones como un paso más en la consolidación del control político sobre el Poder Ciudadano. Según la ONG, estas decisiones refuerzan una estructura donde la autonomía institucional queda subordinada a intereses del poder.
El señalamiento apunta directamente al perfil de los designados. En el caso de Larry Devoe, la organización considera que su trayectoria refleja una continuidad en la gestión del Ministerio Público, caracterizada por la falta de investigaciones independientes en casos sensibles.
Respecto a Eglée González, cuestionaron que su perfil no cumpla plenamente con los estándares exigidos en materia de derechos humanos. Desde esta perspectiva, la Defensoría del Pueblo podría perder aún más su capacidad de actuar como garante de los ciudadanos.
Rechazo a nombramientos por falta de independencia en el sistema judicial
El rechazo a nombramientos por falta de independencia también se centra en la forma en que se realizaron las designaciones. Diversos actores han señalado la ausencia de transparencia y la falta de participación real de la ciudadanía en el proceso.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que las evaluaciones se realizaron a puerta cerrada, lo que impide verificar los criterios utilizados para seleccionar a los nuevos funcionarios. Este tipo de procedimientos, según expertos, debilita la legitimidad de los nombramientos.
El cuestionamiento no se limita a la forma, sino también al fondo. Para muchos analistas, la selección de perfiles cercanos al oficialismo refuerza la percepción de que no existe una verdadera separación entre el poder político y el sistema de justicia.
Cuestionamientos a la idoneidad de los designados
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels puso en duda las credenciales del nuevo fiscal general. Según afirmó, resulta difícil entender bajo qué criterios se le otorgó el cargo por encima de otros perfiles con trayectoria académica reconocida.
Este tipo de críticas reflejan una preocupación más amplia sobre los estándares utilizados en la selección de altos funcionarios. En un sistema donde la meritocracia debería ser un principio fundamental, la percepción de arbitrariedad genera desconfianza.
Una justicia percibida como instrumento político
Diversas organizaciones coinciden en que el problema no es únicamente quién ocupa los cargos, sino el rol que estas instituciones han desempeñado en los últimos años. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han sido señaladas por actuar más como extensiones del poder político que como órganos independientes.
Este señalamiento se refuerza con declaraciones de organizaciones que advierten que la justicia, en estas condiciones, deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de control.
Impacto en las víctimas y la confianza ciudadana
Uno de los aspectos más preocupantes es el efecto que estos nombramientos pueden tener en las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin instituciones independientes, las posibilidades de obtener justicia se reducen considerablemente.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón alertó que será difícil generar confianza en quienes han sufrido abusos. Según indicó, el historial del nuevo fiscal, vinculado a la defensa de la narrativa oficial en instancias internacionales, podría afectar la percepción de imparcialidad.
Esta situación alimenta una sensación de desprotección entre los ciudadanos, quienes ven limitada su capacidad de recurrir a mecanismos institucionales para resolver conflictos.
Reacciones desde el ámbito político
El rechazo también se ha manifestado en el ámbito político. El partido Primero Justicia criticó que las designaciones se produjeran en un contexto marcado por la represión de una protesta de trabajadores en Caracas.
Para esta organización, la coincidencia de ambos hechos refuerza la idea de que el sistema de justicia no actúa de manera independiente. Además, insistieron en que el país necesita instituciones que respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los de una élite política.
La prueba de fuego para la Defensoría
El abogado Joel García planteó que la legitimidad de la nueva defensora del pueblo dependerá de sus primeras acciones. Según explicó, uno de los principales desafíos será responder ante posibles abusos de poder.
En particular, destacó que la Defensoría debe actuar frente a denuncias de represión y exigir investigaciones. De lo contrario, su gestión podría perder credibilidad desde el inicio.
Este planteamiento refleja la expectativa de que, más allá de los cuestionamientos, las nuevas autoridades puedan demostrar independencia a través de sus decisiones.
Un contexto marcado por denuncias internacionales
Las críticas a estos nombramientos se inscriben en un contexto más amplio de señalamientos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Informes de organismos internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias, persecución política y uso excesivo de la fuerza.
En este escenario, la actuación de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo es clave para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales. Sin embargo, la falta de confianza en estas instituciones dificulta ese objetivo.
Sensación de orfandad jurídica
Algunos expertos han descrito la situación actual como una “orfandad jurídica”, en la que los ciudadanos no cuentan con instituciones que protejan efectivamente sus derechos. Este concepto resume el impacto de la falta de independencia en la vida cotidiana.
Cuando la justicia es percibida como parcial, la posibilidad de resolver conflictos por vías legales se debilita. Esto puede generar un aumento de la conflictividad social y una mayor desconfianza en el Estado.
Un debate que sigue abierto
El rechazo a nombramientos por falta de independencia no parece disiparse en el corto plazo. Por el contrario, ha reactivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia y garantizar la autonomía de las instituciones.
Aunque las autoridades han defendido las designaciones, las críticas persisten y reflejan una fractura entre la narrativa oficial y la percepción de distintos sectores de la sociedad.
Más allá de los nombres
El fondo del problema, según coinciden analistas, no radica únicamente en las personas designadas, sino en el modelo institucional vigente. Sin cambios estructurales, los relevos en cargos clave difícilmente modificarán la situación.
La discusión sobre la independencia de los poderes públicos seguirá siendo un tema central en la agenda nacional. Mientras tanto, las nuevas autoridades asumen sus funciones en un entorno marcado por la desconfianza.
El desafío será demostrar, con hechos, si es posible revertir esa percepción o si, como temen muchos, se trata simplemente de una continuidad bajo nuevas figuras.
Las designaciones de Larry Devoe como Fiscal General de la República y Eglee González para la Defensoría del Pueblo, ocurren en un día marcado por la represión de una marcha de trabajadores en Caracas.
Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado del pueblo y de los…
— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) April 9, 2026
Con información de El Nacional
