La impunidad en el ataque contra dos activistas venezolanos en Bogotá se ha convertido en una preocupación creciente para la comunidad internacional. A seis meses del atentado ocurrido el 13 de octubre de 2025, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de avances en la investigación y la ausencia de responsables identificados, lo que agrava el riesgo para quienes ejercen activismo fuera de Venezuela.
El caso involucra a Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y al analista político Luis Peche, quienes fueron atacados a tiros por hombres armados cuando salían de un edificio residencial en la capital colombiana. El hecho, considerado un ataque dirigido, generó alarma en la comunidad de exiliados venezolanos y puso en evidencia las amenazas que enfrentan incluso fuera de su país de origen.
Las organizaciones advierten que la falta de justicia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la protección de los defensores de derechos humanos en el extranjero.
Impunidad en el ataque refuerza preocupación internacional
La persistente impunidad en este caso ha sido señalada por diversas organizaciones como un factor que incrementa el riesgo para activistas venezolanos en el exterior. A seis meses del atentado, no se han producido detenciones ni avances significativos en la investigación, lo que genera dudas sobre la capacidad de respuesta de las autoridades.
El ataque, perpetrado por hombres armados en una zona residencial de Bogotá, fue catalogado como un acto premeditado. Los agresores dispararon contra las víctimas en plena vía pública, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un atentado dirigido y no de un hecho aislado.
Este tipo de incidentes ha sido interpretado por expertos como parte de un fenómeno más amplio conocido como represión transnacional, en el que actores vinculados a gobiernos o estructuras de poder extienden sus acciones más allá de las fronteras nacionales. Las ONG alertan que la ausencia de resultados judiciales podría incentivar la repetición de este tipo de hechos.
Además, la situación genera preocupación entre organismos internacionales, que consideran que la falta de avances envía una señal de tolerancia frente a ataques contra defensores de derechos humanos. Esto podría debilitar los mecanismos de protección existentes y aumentar la vulnerabilidad de quienes denuncian abusos desde el exilio.
Riesgos para defensores en el exilio
El caso de Velásquez y Peche pone de relieve los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos venezolanos incluso fuera de su país. Ambos habían abandonado Venezuela tras denunciar persecución y buscar protección en Colombia, donde esperaban encontrar condiciones más seguras para continuar su labor.
Sin embargo, el atentado evidenció que las amenazas no desaparecen con el exilio. Organizaciones internacionales han advertido que este tipo de ataques puede formar parte de un patrón sistemático dirigido a silenciar voces críticas, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas de protección más efectivas.
La situación de Velásquez es especialmente significativa, ya que había solicitado refugio en Colombia y denunciado previamente violaciones a sus derechos, incluyendo detención arbitraria y torturas. La falta de respuesta a su solicitud de protección internacional añade una dimensión adicional al caso, al evidenciar fallas en los sistemas de protección para personas en riesgo.
Asimismo, el ataque generó temor entre la comunidad venezolana en Colombia, que percibe un aumento en la inseguridad y en la posibilidad de ser blanco de agresiones. Este contexto plantea desafíos para los países de acogida, que deben garantizar la seguridad de quienes buscan refugio en su territorio.
Exigencias de justicia y acciones pendientes
Ante la falta de avances, organizaciones de derechos humanos han intensificado sus llamados a las autoridades colombianas para que actúen con mayor celeridad. Entre sus principales demandas se encuentra la realización de una investigación “urgente, exhaustiva e imparcial” que permita identificar a los responsables y esclarecer los hechos.
Además, se ha solicitado evaluar la posible participación de actores estatales o estructuras vinculadas a la represión política, lo que ampliaría el alcance del caso y sus implicaciones internacionales. También se ha instado a reforzar las medidas de protección para las víctimas y otros activistas en situación de riesgo.
Las organizaciones también han planteado la necesidad de implementar políticas públicas que agilicen los procesos de refugio y establezcan protocolos específicos para proteger a defensores de derechos humanos. Estas medidas buscan prevenir nuevos ataques y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del activismo.
Por su parte, expertos de Naciones Unidas han solicitado información a los gobiernos de Colombia y Venezuela sobre el caso, así como la adopción de medidas concretas para proteger a las víctimas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado avances significativos en la respuesta institucional.
En definitiva, la impunidad en este caso no solo refleja un problema judicial, sino también un desafío en materia de derechos humanos y cooperación internacional. La resolución del ataque contra Velásquez y Peche será clave para determinar la capacidad de los Estados para proteger a quienes defienden derechos fundamentales y para evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro.
Con información de El Nacional
