Muertes bajo custodia del Estado han generado indignación en Caracas, donde familiares de presos políticos, activistas y miembros de la sociedad civil marcharon este miércoles para exigir la renuncia del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
La movilización se intensificó tras el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, hecho que devastó a su madre, Carmen Navas, y que simboliza las condiciones inhumanas de detención en cárceles venezolanas. Los manifestantes demandan justicia y cambios estructurales inmediatos para garantizar la seguridad y dignidad de los detenidos por motivos políticos, recordando que permanecer bajo custodia actualmente equivale a un riesgo de muerte anticipado.
Exigencias y reclamos durante la marcha
La protesta, liderada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, inició en Plaza Venezuela y transcurrió de forma pacífica por el bulevar de Sabana Grande, con paradas simbólicas frente a instituciones clave como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Los manifestantes cargaron ataúdes de cartón con los nombres de los presos fallecidos y desplegaron pancartas que pedían la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. Diego Casanova, del comité organizador, enfatizó que “estar bajo custodia no es garantía de dignidad, sino todo lo contrario: es garantía de muerte”. Su mensaje resaltó la urgencia de remover al ministro García Zerpa y revisar las prácticas penitenciarias que han llevado a decenas de muertes en el sistema.
Durante el recorrido, los participantes recordaron casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán (2018) y el general Raúl Isaías Baduel (2021), víctimas de circunstancias irregulares bajo custodia estatal. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de aquellos que han sufrido torturas y represión dentro de los penales venezolanos, reforzando la exigencia de responsabilidad de las autoridades penitenciarias y de la implementación de medidas efectivas para proteger la vida de los detenidos.
Historias familiares y contexto de la detención política
Marilú Novoa, madre de Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, preso desde hace más de un año, relató que su familia ha esperado más de 130 días por las promesas de liberación anunciadas por la Asamblea Nacional. A pesar de los anuncios del diputado Jorge Rodríguez sobre la excarcelación de 300 personas, los familiares consideran que la medida es insuficiente y siguen reclamando la liberación de todos los detenidos por razones políticas.
La detención de jóvenes y adultos ha sido catalogada por diversas ONG como parte de la política de “persecución y castigo familiar” conocida como Sippenhaft, lo que evidencia un patrón de represión dirigido a disidentes y sus allegados.
Miguelángel Suárez y Rosa Cucunuba, de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, advirtieron que continuarán las movilizaciones si no se cumplen las liberaciones prometidas. Suárez señaló que los manifestantes buscan impedir que los hechos de hoy se repitan mañana, evocando la memoria de los fallecidos bajo custodia y la urgencia de cambios en la gestión penitenciaria. Los testimonios reflejan cómo la política de detenciones arbitrarias afecta a familias enteras, generando un ciclo de sufrimiento y violencia institucionalizado dentro del sistema carcelario.
Responsabilidad institucional y llamados a la acción
Al llegar al Ministerio del Servicio Penitenciario, los manifestantes exigieron la renuncia inmediata de Julio García Zerpa, acusándolo de complicidad en torturas y asesinatos en los centros de reclusión.
Andreína Baduel reiteró la necesidad de una investigación independiente que garantice que las decisiones del ministro no interfieran en la protección de los derechos de los detenidos. Según el comité, al menos 27 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en los últimos años, y la situación demanda respuestas urgentes de las autoridades competentes.
Los activistas recalcan que las muertes y condiciones inhumanas dentro de los penales constituyen una violación sistemática de los derechos humanos y llaman a la comunidad internacional a monitorear y garantizar que las reformas necesarias se implementen de manera efectiva. La movilización de Caracas, marcada por su carácter pacífico y simbólico, se convierte en un recordatorio del compromiso de la sociedad civil con la justicia y la dignidad de quienes se encuentran privados de libertad en Venezuela.
Con información de El Nacional
