La residencia humanitaria en España, mecanismo que ha protegido a miles de venezolanos desde 2018, llega a su fin el 30 de junio de 2026, dejando a un número significativo de ciudadanos en situación de incertidumbre jurídica y riesgo de desprotección. Según la Asociación Social Solidaridad Venezuela (ASSV), aproximadamente 109.000 venezolanos en toda España podrían verse afectados tras la eliminación de este estatus temporal.
La medida coincide además con la finalización del plazo de la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes impulsada por el Gobierno español, aumentando la presión sobre los servicios de extranjería y las oficinas administrativas encargadas de procesar solicitudes pendientes.
Residencia humanitaria: cierre de un mecanismo excepcional
La residencia humanitaria se implementó en 2018 como respuesta a la crisis humanitaria venezolana y permitió otorgar un estatus legal a ciudadanos cuya solicitud de asilo había sido denegada. Hasta la fecha, cerca de 240.000 personas se han beneficiado de este mecanismo, mayoritariamente venezolanos que necesitaban seguridad jurídica para residir, trabajar y acceder a servicios básicos en España.
El cierre del sistema se justifica oficialmente con la supuesta mejora de las condiciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la transición política liderada por Delcy Rodríguez iniciada hace tres meses. Sin embargo, desde la ASSV se advierte que la recuperación de la economía y la situación social en Venezuela no ha sido suficiente para justificar la eliminación de este mecanismo.
Los salarios mínimos siguen siendo extremadamente bajos en relación con el costo de vida, y la infraestructura social continúa deteriorada, lo que hace que la eliminación de la residencia humanitaria exponga a los ciudadanos a un limbo administrativo y legal innecesario.
Impacto nacional: miles de venezolanos en riesgo
A nivel nacional, España cuenta con 242.056 expedientes pendientes de resolución, de los cuales aproximadamente 109.000 corresponden a ciudadanos venezolanos que, tras el 1 de julio, ya no podrán recurrir al “paracaídas” que ofrecía la residencia humanitaria. Estos casos incluyen solicitudes de asilo pendientes, residencias humanitarias que caducan y solicitudes que no cumplen con los requisitos técnicos de la regularización extraordinaria.
La concentración de expedientes pendientes pone en riesgo a familias trabajadoras, estudiantes y personas que han construido su vida en España durante los últimos años. La saturación administrativa podría generar demoras significativas, complicando el acceso a empleo formal, servicios sanitarios y educativos, así como dificultando la movilidad legal dentro del país.
Expertos y organizaciones sociales alertan que la coincidencia del cierre de la residencia humanitaria con el fin del proceso de regularización extraordinaria —del cual se espera que se beneficien unos 30.000 inmigrantes en Canarias y cientos de miles más en otras regiones— generará un cuello de botella administrativo que puede agravar la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos afectados.
La Asociación Social Solidaridad Venezuela insta al Gobierno español a contemplar medidas de transición flexibles que eviten la desprotección masiva y aseguren la regularización efectiva de quienes aún dependen de estos mecanismos.
Demandas y propuestas de adaptación administrativa
La ASSV solicita al Estado español ampliar los plazos de regularización extraordinaria y flexibilizar los requisitos, incluyendo la aceptación de declaraciones juradas en lugar de antecedentes penales, exenciones para quienes llevan más de cinco años residiendo en España y la validación de certificados previamente presentados. Además, se recomienda un refuerzo de las oficinas de extranjería en todo el territorio nacional y la habilitación de servicios de orientación jurídica gratuita para facilitar la gestión de los trámites.
Estas medidas buscan mitigar los efectos de la eliminación abrupta de la residencia humanitaria y garantizar que los ciudadanos venezolanos puedan regularizar su situación legal sin enfrentar obstáculos logísticos o administrativos. La falta de acción efectiva podría resultar en miles de personas en situación de limbo jurídico, afectando su seguridad, su derecho al trabajo y su acceso a servicios esenciales.
En conclusión, el fin de la residencia humanitaria representa un desafío crítico para la comunidad venezolana en España, no solo en Canarias sino en todo el país. La eliminación de este mecanismo, sumada al cierre simultáneo de la regularización extraordinaria, podría dejar a más de 100.000 ciudadanos en situación de desprotección. La adopción de medidas de transición y la flexibilización de requisitos administrativos se presentan como acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria y garantizar que los venezolanos puedan regularizar su situación legal de manera segura y ordenada .
Con información de EFE
